La cuestión es que lo que en principio se venía venir se ha desbordado y ha degenerado en una multiplicación de la corriente independentista en Cataluña, cuya deriva puede convertirse en uno de los más graves problemas al que se enfrente nuestro país en sus más de tres décadas de democracia, justo a la par del gravísimo problema de la crisis económica y financiera y de las medidas que la acompañan.

En la radicalidad de las posiciones actuales del nacionalismo catalán hay sin duda una parte de las responsabilidades en los dislates que no sólo la derecha española ha venido cometiendo en el tratamiento de las reivindicaciones de dicho nacionalismo; hay también errores de bulto como los cometidos en su día por el anterior presidente del Gobierno, comprometiéndose a hacer suyo el contenido del Estatuto de Cataluña que por aquel entonces se debatía. Que tras haberlo convalidado el Parlamento y sometido a referéndum, el Tribunal Constitucional rectificara algún artículo puso en bandeja a los nacionalistas explotar hasta límites extremos el victimismo y el agravio.

Dicho todo esto, por otra parte de sobra conocido, lo que debiera ser motivo de honda preocupación para la izquierda política y social es, en primer lugar, su incapacidad para frenar una deriva soberanista contraria a lo que tradicionalmente ha sido su posición. Que líderes sindicales acompañaran a representantes del sector nacionalista del PSC en el cortejo de la masiva manifestación independentista del 11 de septiembre sólo puede producir sonrojo a cualquiera que sepa que en la médula de la izquierda y del sindicalismo de clase el internacionalismo, la igualdad y la solidaridad son algunos de sus valores básicos. Y lo que subyace en la médula del nacionalismo identitario es la desigualdad y la insolidaridad. Es ésta una de las varias razones por las que se considera que el nacionalismo es de derechas.

Por otra parte, también es más que inquietante que sectores de la izquierda defiendan el pacto fiscal, entendido como la aplicación en Cataluña del concierto vasco, a sabiendas de lo injusto e insolidario que resulta. Porque aún entendiendo lo desaconsejable de reivindicar hoy la eliminación de ese concierto vasco, por las grandes tensiones que acarrearía, lo que realmente correspondería esperar de la izquierda es que lo denunciara.

Un tercer motivo de preocupación es la facilidad con que la reaccionaria derecha nacionalista catalana ha conseguido desplazar el debate sobre sus antisociales medidas frente a la crisis a un debate identitario del que espera sacar réditos. En esto, coyunturalmente, le ha hecho un favor a la también reaccionaria derecha que nos gobierna. Porque todo ello diluye la plena coincidencia de ambas derechas en el tratamiento de la crisis. Conviene recordar, por ejemplo, que en la reforma laboral y en todas las agresiones sociales han ido de la mano.

Por último, aun siendo necesario abordar el problema de la financiación autonómica para paliar las insuficiencias que atraviesan las Comunidades Autónomas, no puede obviarse que para ello es imprescindible una reforma fiscal que de forma equitativa incremente los ingresos públicos. Sin olvidar que en el ejercicio de sus competencias la Generalitat ha optado desde el principio por un modelo más privatizado y de negocio que el resto del país en la provisión de servicios públicos esenciales. Los conciertos con el sector privado en Educación, Sanidad y Servicios Sociales están allí muy extendidos y han comportado un gasto público mayor para similares coberturas a las del resto de España. Quizás por aquello de ir de la mano, el Gobierno, las derechas de Cataluña y la de las Comunidades Autónomas dirigidas por el PP caminan en la misma dirección en eso de las privatizaciones.

En resumen, estamos ante un muy serio problema que habría que afrontar con sentido de Estado y más inteligencia política de la que hasta ahora han mostrado Artur Mas y Mariano Rajoy. Y demandar de la izquierda que haga todo lo posible por evitar que las brutales agresiones a los derechos y conquistas del pueblo catalán y del resto de los pueblos de España queden diluidas tras el burladero de un castrante debate sobre el modelo de Estado.