Lo que ha ocurrido con el Campus de la Justicia, es el mejor ejemplo que denota la actuación del Gobierno que preside Esperanza Aguirre, que es quien debe dar explicaciones puesto que la gran parte del dinero dilapidado en el Campus ha sido para realizar actos para mayor gloria de ella misma.
En este tiempo, este Gobierno ha dilapidado algo mas de 325 millones de euros en el Campus (325.825.326 de euros según se desprende de los diferentes presupuestos de la sociedad Campus de la Justicia, S.A.), cifra que supera el presupuesto calculado para el conjunto de la infraestructura cuando fue anunciado por la propia Presidenta de la Comunidad de Madrid, y cuyo final ha sido acabar tapiando los túneles, dejar sin rematar el Instituto de Medicina Legal, vallar la infraestructura y contratar vigilancia porque allí no habrá más movimiento. No hay ninguna certeza de que dicho proyecto pueda reanudarse a medio o largo plazo, ya que si así ocurriera el diseño inicial podría quedar obsoleto dado que el incremento de la planta judicial en este tiempo sobrepasaría la capacidad planificada inicialmente, hecho por el cual el propio Gobierno regional es incapaz de aventurar el futuro del mismo.
Lo ocurrido, muestra como lo único que interesa a Esperanza Aguirre es la foto, ya que en estos años lo que si se han sucedido son innumerables actos públicos de la Presidenta regional. En dos ocasiones se han puesto la primera piedra, se ha inaugurado un movimiento de tierras, se ha realizado un acto de presentación en Sol por cada maqueta de edificio que se realizaba, se ha contratado un autobús que ha deambulado por nuestra región repartiendo dípticos que mostraban la maqueta de lo que sería el futuro Campus que, eso sí, ofrecía gorras y reglas con lupa. El coste de todos estos actos es indeterminado porque muchas de las facturas de tanta propaganda han sido abonadas por las empresas adjudicatarias y no rezan en las cuentas de esta empresa pública, aunque haya salido del bolsillo de todos nosotros.
El resultado de este despilfarro es que se ha echado el cierre y serán los ciudadanos madrileños, los trabajadores de la Administración de Justicia y los profesionales los que sigan sufriendo las malas infraestructuras judiciales, los retrasos o la dispersión.
¿Quien es responsable de todo este dispendio? Esperanza Aguirre y este Gobierno, que es quien ni siquiera ha presentado las cuentas de la empresa Campus de la Justicia ante el registro mercantil desde el año 2007. Y lo es porque con toda seguridad conocía y aprobaba el derroche llevado a cabo. Ya que la Junta de accionistas de la sociedad es el Consejo de Gobierno, muchos de estos actos se han desarrollado en la misma Puerta del Sol y si algo ha revelado el caso Gürtell hasta la fecha es como funciona este Gobierno, como se controla todo desde Sol y cual es el peaje que tenían que pagar los Consejeros para hacerse la foto con la Presidenta. Es más, para dilapidar el millón y pico de euros que costo la puesta de la primera piedra no era necesario que llegase ningún listado de empresas con las que contratar, ya que quien costeaba dicho fastuoso acto es una de las empresas implicadas en la trama.
El Gobierno está obligado a dar explicaciones y resulta inadmisible que el chivo expiatorio sea el anterior Consejero, porque si nos atenemos a la versión oficial se le cesó dentro de marco de reducción de consejerías por la crisis, aunque es sabido que el motivo de su cese fue por alinearse con Rajoy.
Sobre todo, lo que es necesario es diseñar un Plan que aborde el conjunto de problemas de la Administración de Justicia en Madrid, porque debido al derroche y la pésima gestión de los recursos públicos por parte de la Comunidad de Madrid, los esfuerzos que está llevando a cabo el Gobierno de España no conseguirán el resultado óptimo en Madrid debido a la ineptitud de Esperanza Aguirre y su Gobierno.
