Lo es en el sentido mercantil del término, pero lo es fundamentalmente en relación con los principios que deben inspirar la gestión de un bien básico, cíclico, escaso y esencial para el desarrollo económico, social y medio ambiental de nuestra Comunidad. Esta decisión supondrá inevitablemente cambiar criterios de rentabilidad social y ambiental por criterios de rentabilidad económica.

El Canal de Isabel II nació en 1851 por impulso de la Corona para garantizar el abastecimiento de agua a la ciudad de Madrid. Durante estos más de 150 años ha asumido competencias añadidas, como la depuración. De hecho, ha sido y es uno los entes públicos de nuestra Comunidad mejor valorados; en gran medida por su gestión, pero fundamentalmente por la calidad del agua que mana de nuestros grifos.

Se trata de una entidad saneada económicamente: obtiene beneficios anuales entre los 70 y 80 millones de Euros, que le permiten mantener una media de inversión anual superior a los 300 millones de Euros. Paradójicamente, esta solvencia ha alejado al Canal en demasiadas ocasiones de su objeto fundamental, que debe ser la gestión del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid, convirtiéndolo en un instrumento al servicio de megalomanías varias (Teatros del Canal, exposiciones faraónicas, etc.).

Si disponemos de una empresa pública razonablemente gestionada, saneada financieramente, bien valorada y capacitada para afrontar con solvencia los retos de futuro ¿Por qué proceder a su privatización?

Desechada al parecer por razones inoportunidad la vía ideológica, el Gobierno de la Comunidad de Madrid esgrime necesidades financieras para acometer las importantes inversiones derivadas de la aplicación del Plan de Calidad de las Aguas (2007-2015), consecuencia a su vez de las obligaciones que impone la directiva europea en materia de agua. Ante la oposición del resto de fuerzas políticas y de los trabajadores y la incomprensión de la mayoría de los ciudadanos, se contraataca argumentando que el volumen de recursos necesario para afrontar las inversiones no dejaría otra alternativa que aumentar las tarifas o sobre endeudar la empresa.

A día de hoy no conocemos la cantidad real que supondría tal inversión. Desde que Aguirre hizo público el plan, la cifra no ha dejado de disminuir en cada comparecencia, y lo cierto es que hay previstas importantes ayudas tanto europeas como estatales para afrontar, con seguridad, unos gastos que para la Comunidad de Madrid (2009-2015) no sobrepasarán los 500 millones de euros.

En los últimos tres años el Canal se ha endeudado para entregarle entre 800 y 900 millones de Euros a Ruiz-Gallardón, para que pudiera afrontar sus perentorias necesidades de gasto, y tanto la directiva europea como el Plan de Calidad de Aguas exigen “la necesaria repercusión de los costes de los servicios del agua, tal como establece el artículo 9 de la Directiva Marco del Agua”. Por tanto, las tarifas, si bien en un tiempo prolongado, 45 años, deberán recoger obligatoriamente los costes derivados de estas actuaciones.

El agua es un bien de dominio público. No es por tanto el agua lo que pagamos en nuestra factura, sino los costes derivados de su captación, tratamiento, distribución, depuración y devolución a los ríos. El objetivo fundamental de una buena gestión del ciclo integral del agua debería basarse en su uso eficiente y racional, en la garantía de su calidad y el mantenimiento de un medio ambiente equilibrado y sostenible.

No es esto lo que nos espera. Con una empresa con el 49% de capital privado es previsible e inevitable que la prioridad deje de ser el uso eficiente y racional del agua. Por el contrario, probablemente, los nuevos gestores privados tiendan a aumentar el consumo, y con ello la facturación y sus ganancias. Cambiamos, por tanto, rentabilidad social e interés general por rentabilidad económica e interés particular.

Por supuesto que es ideología aunque se intente disfrazar: una ideología ultra liberal, que pelotazo a pelotazo desarma los instrumentos públicos para beneficiar a unos pocos, mientras los costes de las consecuencias recaen en el conjunto. Aguirre no sólo no rectifica sino que persevera, aunque sea contracorriente.