Pero en la onda expansiva también queda erosionado en toda la red sanitaria pública (y en la practica privada) la confianza de los pacientes en sus médicos y sobre todo la seguridad de éstos a la hora de paliar el dolor en enfermos terminales. Todo un record, cuyo coste final recae en los más débiles entre los débiles: los pacientes terminales que acuden a los hospitales del Sistema Nacional de Salud.

Semejante record de destrozos no ha podido justificarse por ninguna razón: la Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado el sobreseimiento y archivo acordado hace siete meses por el juzgado de instrucción, e incluso ha mandado quitar cualquier referencia a malpraxis médica (que se había deslizado con bastante mala intención en la redacción inicial).

Cinco despropósitos caben listarse aquí como pecados por parte de los responsables políticos e institucionales de la sanidad de Madrid:

a) El despropósito doctrinario: la acción que se desencadena y que se intenta justificar como acción profiláctica para defender a los pacientes desvalidos, escasamente oculta un tufo a ataque preventivo a la eutanasia (verosímilmente alimentado por legionarios, quicos y opusdeistas de toda condición).

Ataque estúpido, porque este debate es particularmente lejano al paciente terminal con síntomas refractarios al tratamiento, y donde se disipa el dilema para cualquier médico competente y compasivo: la mala práctica está en no quitar el dolor y prolongar el sufrimiento.

b) La torpeza política: el manejo del problema no puede haber sido más incompetente: es fácil de demostrar mirando como el anterior Consejero de Sanidad (José Ignacio Echaniz, también del Partido Popular) ante similar denuncia, establece cauces discretos de investigación previa, y articula respuestas sin soliviantar al sector ni desencadenar un conflicto generalizado.

c) La soberbia prepotente: en el carácter de Aguirre y Lamela parece estar un nivel de orgullo y vanidad notable, lo que hace que una vez que se mete la pata no haya forma de sacarla. Así, incluso cuando se evidencia la falta de fundamento, se comienza a actuar con malicia para confundir, contaminar y extender el problema: en mayo de 2005 la Consejería de Sanidad denunció a sus médicos en el juzgado (aunque ahora diga que sólo tramitó el anónimo) impidiendo a los fiscales que suturaran la herida.

La Comisión Lamela rebaña historias clínicas y crea una comisión de bolsillo, que produce uno de los documentos más zafios, malintencionados y técnicamente patéticos que se puedan recordar en los anales del peritaje; como quedó bien establecido cuando la Sociedad Española de Epidemiología convocó a un grupo de expertos que no dejaron títere con cabeza en el pseudo-análisis realizado por aquellos presuntos expertos notoriamente sesgados (recordemos su nombre para que nadie los olvide: Hernán Cortés Funes, Manuel González Barón, Francisco López Timoneda, Bartolomé Bonet Serra, Dolores Crespo Hervás e Isidro Álvarez Martín)

d) Los daños colaterales devastadores: comienzan anticipadamente las venganzas, y ruedan cabezas de directivos y de médicos jefes de servicios clínicos –Dr Montes y Dr del Nogal entre otros; la argumentación es que son “cargos de confianza” o de “libre designación”; esta curiosa interpretación de la libérrima designación como decisiones que se toman en una finca particular y no precisan siquiera una argumentación o justificación, nos lleva hacia un sendero decimonónico y cuasi feudal, exactamente el sentido contrario de lo que hoy recomiendan todas las tesis de buen gobierno, profesionalización de directivos y gestión clínica basada en autonomía responsable.

JJ Sendín y JR Repullo glosaron este enorme paso atrás en El País (8/9/2006) . Ahora, Aguirre, Güemes y sus altavoces mediáticos vuelven con renovada fe a promulgar el mandamiento de poner y quitar a quien quieran, tenga o no tenga bata … en función de algo tan sólido como tener o no tener la “confianza”.

e) La incapacidad e incompetencia en la función de gobierno: no es de extrañar que alguien que blande como amenaza el dejar el cargo de Presidenta si a Gallardón le meten en la lista al Congreso, de una imagen de falta completa de responsabilidad ante la población que acaba de investirla. La función política actúa en buena medida a través de la ejemplaridad: y lo que vemos es que el ejemplo que cunde es el uso particular de lo público, la desconfianza en la gestión pública, la legitimidad del lucro, la desfachatez de mostrar el poder político como dominio jerárquico y no como compromiso de servicio.

Durante su mandato Lamela puso en marcha algo aparentemente difícil pero enormemente sencillo: lanzar a las constructoras a edificar muchos hospitales con el dinero de los años y generaciones venideras; esta gestión ocultó un problema gravísimo de los actuales gobernantes: la incompetencia técnica. Ahora toca gestionar la apertura y funcionamiento de los hospitales, a la vez que hay que seguir gestionando unos centros sanitarios donde cunde el desánimo, y donde los buenos gestores y directivo se han ido batiendo en retirada ante los sistemas cortesanos y políticos que se han entronizado en el Servicio Madrileño de Salud. La capacidad de daño imputable a la incompetencia, en personas tan prepotentes y doctrinarias, es enorme y por ello muy preocupante.

¿Volverá la sensatez?: dejemos la pregunta abierta; ojala haya algún bucle de pacificación que permita volver a algún tipo de normalidad. Lamentablemente nadie va a pedir perdón, pero al menos convendría que los actuales gobernantes de Madrid hicieran algún esfuerzo por destensar la cuerda. Por el bien de los pacientes, y también por el bien de ellos mismos (si son capaces de minorar la vanidad y dejar paso a la inteligencia).

1. Artículo El País