La Democracia es joven en la historia del hombre. Ojalá tenga una larga vida, pero nada lo garantiza. Su mejor baza es la convicción del ciudadano de que es, sino el sistema ideal para gobernar una sociedad, al menos de lejos el menos malo. Y sobre todo, siendo el gobierno de todos y cada uno, exige poder ser entendido en su aplicación. La Democracia se suele vivir sin darse uno cuenta de lo que ha costado establecerla y de lo que supone mantenerla. El gobierno por el pueblo y para el pueblo necesita normas que lo dirijan por el buen camino. Dichas normas se basan en dos textos fundamentales, uno universal: la Declaración de Derechos del Hombre y del ciudadano, otro adaptado a cada país: su Constitución. La Democracia es inseparable del Estado de Derecho.

La primera declaración consta de principios que caben en dos hojas de texto, la segunda acostumbra a detallarse en librotes de cientos y cientos de páginas. Y puede entonces ocurrir que el ciudadano de a pie, y en este tema quizá sea el 95 por ciento de la población, puede perfectamente entender el primer texto, pero quedar más que perplejo ante la aplicación erudita y hermética del segundo.

Vivimos desde hace varios años un ejemplo de esa ambivalencia. Me refiero a la aventura -no en el sentido despectivo de la palabra, sino el de peripecias- en la trayectoria del Estatuto de Cataluña. No discuto aquí una sola coma de él. Sólo quiero ilustrar mi desconcierto ante los procedimientos.

Si resumimos, aplicando las normas constitucionales de modificación de un Estatuto, su articulado ha sido examinado y aprobado por el Parlament de la Generalitat y, a su vez, por las Cortes. Devuelto al pueblo de Cataluña se ha pedido su aprobación por referéndum. Y desde entonces es norma política de Cataluña y del Estado. Pero en su camino se ha encontrado con recursos de

inconstitucionalidad, y creo que el plural es justo. El Tribunal Constitucional los estudia, no para de estudiarlos. De vez en cuando sale en la prensa una noticia sobre la marcha de sus larguísimos trabajos. El mundo político está pendiente del resultado final y ha tratado de influir en la decisión a través de la composición del equipo de Magistrados aceptados para su examen. No creo que otro tanto se pueda decir de la sociedad civil. Pero esto puede cambiar si el Tribunal Constitucional, en su pleno derecho -ya que estamos en un Estado de Derecho con una Constitución indiscutible- estima que hay que desecharlo total o parcialmente por ser inconstitucional. Entonces saltará a la mente de cada ciudadano esta terrible y angustiosa pregunta: ¿en una democracia, quien tiene la última palabra, el pueblo o doce jueces? Porque constitucionalmente el pueblo ya se ha pronunciado.

No quiero formular opinión sobre tal dilema. Además es posible que en su sabiduría los jueces nos ofrezcan una sentencia al estilo de Salomón, que recordemos era un rey no electo. Si se añaden a esta confusión las disputas actuales, que impiden que se renueve el Tribunal, restando así valor a la decisión de un Tribunal que normalmente ha cesado en sus funciones, tenemos lío para rato. No tengo la menor duda que los juristas encontraran la salida. Lo que desde luego mucho dudo es que esa salida la entienda un ciudadano de a pie, más aún si ha aprobado con su voto el referéndum para el Estatut.

Esta forma de no hacer las cosas de manera fácil es desde luego demoledora para la Democracia. Algún profano en textos y normativas orgánicas, constitucionales, jurídicas, como yo, podría pensar que habría que someter al voto de los ciudadanos un texto después de haber pedido, y obtenido, el visto bueno del Constitucional. También podría pensar que el Constitucional debería trabajar más rápidamente en temas de tal importancia para la nación. ¡Imaginemos que en cualquier tribunal el juez demore su sentencia en años!

Desde luego en cada momento de esta aventura, que todavía no ha terminado, se ha respetado la Constitución. Ésta es excelente y tiene treinta años de vida eficaz. Pero desde luego sufre algún desperfecto que habría que remediar. Empezando por la forma de reformarla.