El presidente del Gobierno debe dejar claro su rechazo a este tipo de comportamiento, y para ello hay que asumir responsabilidades. No vale decir que los estudiantes están siendo utilizados, y que un comunicado del PP diga textualmente que «lo preocupante es que los alumnos hayan participado en estas protestas (la mayoría no son estudiantes) están librando una batalla que no es la suya, engañados por gente interesada». Tampoco vale echar la culpa a la oposición y decir que están «haciendo alarde de una irresponsabilidad y oportunismo político, rayano en lo peligroso», y que «se ha erigido en instigadora de unas protestas no pacíficas sin importarles las consecuencias que éstas pueden tener para los estudiantes».

LOS HECHOS SON EVIDENTES Y LAS PREGUNTAS SENCILLAS:

¿Cómo es posible que una protesta pacífica, de entre treinta y cuarenta estudiantes por falta de calefacción, derive en brutalidad policial, en persecuciones por las calles, en la detención de cuarenta y tres personas, ocho de ellos menores y en decenas de jóvenes heridos?

¿Cómo es posible que se haya producido esta brutalidad policial en unas concentraciones simbólicas, por el escaso número de estudiantes, con un Gobierno del PP, cuando en Valencia se han realizado concentraciones multitudinarias y la policía había actuado con sensatez y garantizando la seguridad de las personas, por ejemplo en las protestas del 15M?

¿Cómo es posible que el Jefe Superior de Policía de Valencia, Antonio Moreno, que se refirió a los participantes en las protestas estudiantiles como el «enemigo», y con su actuación produjo una quiebra violenta de la pacífica convivencia democrática, siga en supuesto en lugar de haber sido destituido, al igual que la Delegada del Gobierno?

Muchos interrogantes que Rajoy debe aclarar rápido, porque tiene que convencer a los españoles que no estamos ante un nuevo ambiente represivo policial donde pretendan volver a “la calle es mía” de su difunto fundador.

La madurez cívica y democrática de la que viene haciendo gala la sociedad española, en las diferentes movilizaciones que tienen lugar, es un patrimonio que no puede perderse. Una reivindicación ciudadana no puede degenerar en violencia por culpa de los que tienen que garantizar el orden público y la seguridad de los ciudadanos, ya sean miembros del Gobierno o de la policía. Y una policía tan democrática y efectiva como la española, porque protege nuestros derechos y nuestra seguridad, no puede permitir que se empañe su buen nombre por tener entre sus miembros nostálgicos de las flechas y las porras.

La crisis económica que estamos viviendo y el incremento de las desigualdades van a producir un aumento de las movilizaciones ciudadanas, con el fin de reivindicar sus derechos y evitar los recortes sociales. Esta realidad, va a exigir un Gobierno que escuche a los ciudadanos y gobierne para ellos, en lugar de para los más poderosos. Podrá haber más o menos tensión, pero los españoles sabemos que nuestros policías están para protegernos.

Y por si alguien del Gobierno no lo sabe, que se lea la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Naciones Unidas que firmó España, donde en su artículo 2 dice: “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas.” Y en el artículo 5: “Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior o circunstancias especiales, como estado de guerra o amenaza de guerra, amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política interna, o cualquier otra emergencia pública, como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.”

Rajoy es hora de gobernar.