Un ejemplo más es el contrato de inmigración que ahora anuncia el Gobierno Valenciano del PP. ¿Qué supone? Tres cosas: primero, una política efectista y de escaparate; en segundo lugar, gobernar sin gestionar; y en tercer lugar, utilizar a la propia Generalitat a servicio de los intereses del PP.

Primero: digo que es una política efectista, porque el contrato no supone NADA. Dice el PP que los inmigrantes deben cumplir la ley. Por supuesto, como todos los ciudadanos, y si no, como ya está sucediendo, serán penalizados. Cumplir la ley y acatar la Constitución es una obviedad que ya se está realizando, sin necesidad de ningún contrato previo. Por tanto, es una medida efectista para hablar de ella, pero no sobre ella, pues no tiene ningún contenido. Como muchas de las medidas de Camps: hueca y obvia.

Segundo: Hablan del respeto a las costumbres y los valores de los valencianos. ¿Cuáles son? Si hablamos de los derechos democráticos y constitucionales está clara la obligación, pero si hablamos de usos, costumbres y tradiciones, ¿a qué nos referimos: a las fiestas, a la gastronomía, al sol y la playa?

Tercero: El PP y sobre todo Camps es un experto en gobernar sin gestionar. Dice el futuro contrato que la Generalitat facilitará su integración y asumirá medidas en educación, sanidad o vivienda. ¿Cómo hasta ahora lo está haciendo?. El 90% del alumnado inmigrante se concentra en colegios públicos, ni siquiera concertados. Somos la comunidad de España que más barracones (prefabricados) tiene en sus colegios públicos; estamos a la cola en asistencia y camas hospitalarias; no hemos puesto en marcha todavía la ley de dependencia porque así se bloquea la acción del Gobierno de España; el gobierno valenciano no invierte en vivienda pública; sólo hay tres mediadores culturales en toda la Comunidad (uno por provincia) para atender a todos los inmigrantes. ¿De qué gestión estamos hablando?

La pregunta sería ¿hace falta firmar un contrato para cumplir la ley, acatar la Constitución, pagar los impuestos y ser atendido en los servicios públicos como la educación y la sanidad?. Si el PP no se ha enterado, esto ya se hace en nuestro país sin ningún contrato.

Pero el PP y Camps sí lo saben. ¿Por qué lo hacen? Porque es la mejor manera de crear humo donde no hay fuego, de crear leyes sin gestionar, de hacer de las obviedades legales medidas efectistas.

Y lo que es más perverso, se utiliza la institución democrática de los valencianos como arma electoralista y demagógica. Como dice el propio gobierno valenciano, es “una medida voluntarista más que otra cosa” (palabras textuales), pero así Camps y los suyos del PP se convierten en una referencia nacional de la derecha española, que ya no representa Rajoy, para ser el “ariete” contra el Gobierno de Zapatero, aunque no hayan razones ni motivos. ¿Qué más da?

Pero todo el protagonismo no puede ser para Esperanza Aguirre. La guerra del PP también llega a las instituciones.