El primer defecto que se advierte es la falta de control de las inversiones en el extranjero, pues nuestros organismos autorizan y tienen conocimiento inicial de estas inversiones pero carecen de información en el desenvolvimiento y vicisitudes que les afectan posteriormente. Solamente el inversor recibe una somera información contable, además de los rendimientos que se le atribuyen, pero carece de facultades para comprobar la veracidad de los datos, cifras y operaciones que se le comunican y ha de conformarse con lo recibido y con un informe de auditoria, posiblemente “a la carta”, efectuado en país extranjero.

De lo dicho puede inferirse que la cuestión medular, el aspecto más apremiante en estas inversiones, consiste en poder indagar y comprobar la veracidad de los datos recibidos, cuestión que debemos plantearnos a la vista de las situaciones creadas por las grandes estafas producidas, las cuales se han puesto de manifiesto por la crisis económica del momento, pero que han tenido lugar hace muchos años y más tarde o más temprano habían de producirse dado el modus operandi de las empresas implicadas, las cuales entre otras irregularidades, venían retribuyendo a los inversores con cargo a nuevas inversiones, lo que se ha denominado actuación “piramidal”.

Para conseguir esa necesaria comprobación de la veracidad de los datos contables, lo cual es imprescindible para detectar a tiempo cualquier anomalía, defecto o falsedad que comprometa el futuro de la empresa, es necesaria la actividad de control y verificación de las cuentas, balances e inventarios de las entidades extranjeras en las que se han depositado inversiones. Se trata de una actividad difícil, ya que la regulación de estas empresas está fuera de la competencia de las instituciones nacionales. En el territorio nacional pueden actuar el Ministerio de Economía, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero en el extranjero sería necesario idear y establecer un mecanismo que nos permitiera al menos hacer las averiguaciones y comprobaciones necesarias sobre la veracidad de los datos contables comunicados por la empresa a sus inversores en España.

Al no existir en nuestro país ningún organismo que realice esta actividad sobre las empresas extranjeras que reciben inversiones procedentes de España, sería necesario crear una unidad administrativa, posiblemente dentro del Ministerio de Economía, que recibiría toda la información necesaria de las entidades y empresas nacionales que generan inversiones en el exterior. Partiendo de esta información la Unidad expresada establecería los medios y actuaciones pertinentes en cada caso, para conocer la situación económica y financiera de las empresas receptoras de inversiones, así como la veracidad de los datos recibidos de ésta. Y cuando, después de tal estudio, resulten pruebas o indicios de un funcionamiento irregular, práctica ilícita o riesgo de insolvencia, esta unidad administrativa lo comunicará a la empresa inversora y, si fuera necesario, a los organismos reguladores nacionales, al efecto de que adopten las medidas convenientes. Es una tarea que puede resultar complicada y que no admite un patrón de actuación único, ya que el conocimiento cabal de la veracidad de las partidas de activo y pasivo figuradas en un balance es aún más problemático cuando la empresa en cuestión radica en el extranjero. Por ello, la unidad administrativa que se propone tiene que establecer en cada caso su estrategia y valerse de los medios más diversos para llegar a detectar preventivamente las irregularidades que nos avisen de un futuro fraude o estafa. En este punto me permito recordar lo que decía un viejo banquero: “de las empresas es difícil pero posible conocer el activo, pero es muy difícil, a veces imposible, conocer lo que deben…”

Y llegado a este punto, hemos de recordar que la inversión en empresas extranjeras está resultando en la actualidad bastante más peligrosa que la efectuada en España, donde al menos, actúan eficazmente los reguladores y existe una mayor claridad en los datos contables. Lo que deben tener en cuenta los bancos y las entidades que canalizan inversiones hacia el exterior.