A pesar de las expectativas favorables que se habían creado, la III Encuesta de Población Activa (EPA) nos ha devuelto a la cruda realidad al recordarnos que el desempleo se ha situado en cifras verdaderamente alarmantes que rozan los 5 millones de parados (21,52%, la tasa más alta desde 1996)- sobre todo el desempleo de los jóvenes (por encima del 46%)- y que éste representa, según el CIS, la máxima preocupación de los españoles. A ello hay que añadir el aumento de la precariedad de nuestro mercado de trabajo (26% de contratos temporales), la destrucción de empleo indefinido, la caída de la protección por desempleo (8,1 puntos por debajo del año anterior), y la dificultad de encontrar empleo que tienen los parados de larga duración (el 48,2% de los desempleados lleva más de un año en esta situación), que nos han conducido a que 1,425 millones de familias tengan todos sus miembros en paro, nada menos que un 10,3% más que hace un año. Ello también ha supuesto el aumento de las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza (el 21,8% de los residentes en nuestro país en comparación con el 19,7%, en el año 2007), mientras se acentúa la concentración de riqueza en unos pocos, en muchos casos de manera obscena y provocativa, aumentando con ello escandalosamente las desigualdades sociales.

En la distribución territorial del paro nos encontramos con porcentajes claramente diferenciados que agravan la situación de manera dramática : por ejemplo, Andalucía y Canarias soportan en torno al 30% de desempleo y, por el contrario, el País Vasco y Navarra se sitúan en un porcentaje más moderado (en torno al 12%) y ligeramente por encima de la media europea.

Estas cifras son determinantes y demuestran que el desempleo depende del crecimiento de la economía, brutalmente frenado por los rápidos ajustes fiscales (con crecimiento nulo el último trimestre), y que las diferencias entre países dentro de la UE y entre nuestras comunidades autónomas se deben sencillamente al modelo productivo (muy afectado por el ladrillo en el caso de España). Efectivamente, en el País Vasco y Navarra destaca una economía diversificada, la fortaleza del sector industrial y de servicios, y una presencia muy moderada del sector de la construcción, del turismo, y de la agricultura. Por el contrario, en Andalucía y Canarias (con un uso intensivo del factor trabajo) destaca la fuerte presencia del turismo, de la construcción, y de la agricultura (sobre todo en Andalucía), así como la ausencia de un sector industrial equiparable.

A pesar de esta evidencia, la CEOE, el PP, y diversos medios de comunicación- al servicio de las ideas neoliberales- vuelven a insistir en que la causa del desempleo es la rigidez de nuestro mercado de trabajo y el excesivo gasto de las administraciones públicas. Como consecuencia, están planteando una nueva reforma laboral (que unifique a la baja el costo del despido para todos); profundizar la reforma de la negociación colectiva, eliminando de hecho los convenios estatales de sector con el propósito de reducir los salarios, entre otras medidas; bajar los impuestos incluso a los que no lo necesitan; reducir el costo de los servicios sociales; y recortar el empleo en las administraciones públicas (educación y enseñanza, como ya se está haciendo en algunas CCAA), acusando a los empleados públicos de ser muchos, de tener salarios altos, trabajar muy poco, y contar con un empleo seguro; en definitiva, de ser privilegiados en relación con los trabajadores de las empresas privadas.

Los datos no confirman esta aseveración insensata e interesada. En las Administraciones públicas una de cada cuatro personas asalariadas no tiene empleo estable (24%) y en los sectores de la sanidad, enseñanza, y administración local puede superar, la contratación temporal, el 35%. La población empleada en el sector público es inferior al 10%, mientras que la media en la UE-15 alcanza el 16%; en Grecia y el Reino Unido el 14%, en Francia el 17%, y en Dinamarca el 25%.

Por otra parte, el gasto público es inferior al del resto de los países de la UE-15, situándose los salarios de los empleados públicos (muchos de ellos perciben alrededor de mil euros al mes) por debajo de la media europea y muy lejos de los países más avanzados. Debemos recordar que los recortes recientes han significado la pérdida del poder adquisitivo en los últimos dos años del 9% de media, a lo que hay que sumar las pérdidas acumuladas en años anteriores que alcanzan desde el año 1982, el 24,9%, según denuncia UGT. La campaña de desprestigio del sector público se traduce en definitiva en un serio recorte del estado de bienestar social, además de resultar nociva para el empleo como se puede comprobar en la EPA del III trimestre.

En todo caso, llama la atención la frivolidad de que hacen gala representantes de la patronal (el presidente de la patronal madrileña y vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, destaca por sus vaguedades y afirmaciones estridentes- sin ningún rigor económico-, que resultan irresponsables e interesadas, en términos políticos, cuando apuestan sin tapujos por el PP). Lo mismo ocurre con la oposición (PP) al amparo de la campaña electoral. A pesar de todo ello, el cambio político no va a solucionar el problema del desempleo como manifiestan con reiteración, tampoco el mercado de trabajo es el causante del desempleo y mucho menos la negociación colectiva responde a la legislación franquista como algunos defienden, y sí al Estatuto de los Trabajadores consensuado en el año 1980, en base al Acuerdo Básico Interconfederal (ABI) firmado por la CEOE y UGT.

Desde luego, las decisiones de la UE están siendo determinantes en la creación de empleo; no se puede exigir la corrección del déficit en tan poco tiempo a un país con porcentajes de desempleo que superan el 20%, y esto hay que hacerlo saber a todo el mundo- con determinación- como ponen de manifiesto analistas de prestigio y defienden países como EEUU. En todo caso, España debe resolver lo antes posible los problemas derivados del sector inmobiliario y de la construcción (ajustar el precio y dar salida en el mercado a las viviendas), que son los que explican- junto al desempleo- las exigencias de la UE en cuanto a la recapitalización de nuestros bancos; debe también terminar la reforma del sistema financiero y garantizar paralelamente el crédito a familias y empresas; impulsar la demanda interna y el consumo a través de un incremento moderado de los salarios (no se puede competir con bajos salarios); impulsar la cohesión social superando las desigualdades; abordar en profundidad una reforma fiscal que reparta equitativamente el costo de la crisis, priorizando la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida de una manera decidida; y avanzar en el cambio de nuestro modelo productivo que frene la destrucción de empleo y nos garantice salir de la crisis. Todo ello a partir de crecimientos sostenidos de nuestra economía por encima del 2%, porque sin crecimiento económico no hay ninguna posibilidad de crear empleo.

A pesar de que estas medidas resultan imprescindibles, lo dramático de la situación es que no hay alternativas milagrosas para crear empleo, ni los resultados se verán a corto plazo ni, incluso, a medio plazo (superar la barrera de los 5 millones de parados se puede producir en el próximo trimestre con un gobierno del PP, si gana las elecciones). Eso explica lo que ha ocurrido en la precampaña y ocurrirá previsiblemente en la campaña electoral que ahora comienza. Los electores, en realidad, no van a conocer las alternativas de los candidatos, al margen de vagas generalidades y, por lo tanto, tampoco las medidas concretas capaces de generar credibilidad y confianza en la ciudadanía, en la lucha contra el desempleo. No nos debería extrañar, por lo tanto, el desapego de los ciudadanos de la clase política y la renuncia de una parte del electorado a participar en unas elecciones que se presentan como claves en la lucha contra la crisis y el desempleo.

Después del 20-N se abrirá una nueva etapa donde previsiblemente las fuerzas políticas y sociales serán llamadas nuevamente a establecer conversaciones encaminadas a la consecución de un hipotético acuerdo por el empleo, a pesar de las serias dificultades para conseguirlo. Hasta ahora el acuerdo no ha sido posible por la negativa irresponsable del PP a participar en conversaciones que, estimaba, favorecían al gobierno. Lo mismo ha ocurrido con la CEOE en su relación con los sindicatos; sólo han tenido interés en aprovecharse de la crisis, mejorar su correlación de fuerzas a la espera de un triunfo de la derecha, transferir rentas del trabajo al capital, y desregular el mercado de trabajo. Y, sin embargo, un acuerdo siempre resulta positivo para generar confianza en la ciudadanía y mejorar la credibilidad de la clase política, además de facilitar la salida de la crisis sin menoscabo de la cohesión social, garantizando un reparto equitativo de los costos que genera la crisis. Desde luego, la búsqueda de un acuerdo debe partir de una premisa: esta política ha fracasado y toca rectificar, cosa que no parece posible sin movilizarse y presionar a la UE. Otra dificultad añadida es que el PP no está dispuesto a abandonar los ajustes fiscales impuestos por la UE- que representan el fundamento de las políticas neoliberales- y tampoco sabemos si el PSOE (si pierde las elecciones) estará en condiciones de rectificar las medidas llevadas a cabo por el actual gobierno socialista, a pesar de la responsabilidad que siempre ha presidido su actuación en la oposición.

Por su parte, los sindicatos, a pesar de su proclividad al diálogo y a la concertación social, poco pueden hacer en estas circunstancias, como no sea defenderse de los atropellos de que están siendo víctimas, dada su correlación de fuerzas. Y, la CEOE no necesita un acuerdo, porque sigue aspirando a que el trabajo sucio se lo haga el próximo gobierno y, en coherencia con ello, trabajan para que sea Rajoy el que lo presida. A pesar de estas incertidumbres, los ciudadanos siguen insistiendo en que todos debemos remar en la misma dirección (salida colectiva a la crisis), ante la gravedad del problema que nos ocupa. Porque, lo primero sigue siendo el empleo.