La decisión del Gran jurado de no procesar al policía que mató a tiros al joven afro-americano Michael Brown el pasado mes de agosto ha encendido de nuevo la cólera en la pequeña localidad del Medio Oeste norteamericano y en otras muchas ciudades de todo el país. Barack Obama hizo de tripas corazón en su comparecencia pública para unirse al mensaje responsable de calma, serenidad y respeto por el sistema judicial que un poco antes había lanzado ejemplarmente la familia de la víctima.

Pero el presidente dejó traslucir su amargura, su decepción… o su resignación, según quien interprete su reacción y sus gestos. Mucho antes de su llegada a la Casa Blanca, Obama había hecho esfuerzos ímprobos por convencer a la comunidad afro-americana de que el racismo es marginal en Estados Unidos. «Yo mismo soy un ejemplo», ha dicho en varias ocasiones».

Claro que también dijo, cuando el joven afroamericano Trevor Martín fue abatido por un vigilante, en Florida hace dos años, que la victima podía ser él mismo hace tres décadas, cuando vivía en el turbulento South Side de Chicago, como un negro más.

Obama sabía que ser el primer presidente afroamericano no podía convertirse en una plataforma para impulsar políticas que pudieran enseguida interpretarse como revanchistas o raciales, pero en una dirección inversa a la dominante. Esta conducta, políticamente calculada, ha terminado por crearle los mismos problemas de credibilidad que quería evitar.

UN SISTEMA FALLIDO

Según publica el diario USA Today, citando fuentes del propio FBI, cada año las fuerzas policiales matan a un centenar de afroamericanos en Estados Unidos. Los homicidios cometidos por los encargados de hacer aplicar la ley debido a causas consideradas como «justificables» fueron 461 (oficiales) en 2013, la cifra más alta de las dos últimas décadas. Un dato que debe escocer, sin duda, al Presidente Obama.

No hace falta advertir lo escurridizo que resulta el término «justificable».

En un artículo espléndidamente documentado escrito para el semanario progresista THE NATION, el periodista Chase Madar parte de estos datos para diseccionar el fallido sistema judicial norteamericano, auténtica razón por la que seguirán produciéndose casos como el de Trevor Martin o Michael Brown.

Varios casos de homicidios de afroamericanos en la segunda mitad de los ochenta fijaron una especie de jurisprudencia sobre las circunstancias en que la policía podía usar fuerza letal contra un sospechoso. El problema es que los criterios eran demasiado ambiguos (resistencia, intento de escapada, amenaza seria contra los agentes o terceros) como para que, en la práctica, se haya impuesto sistemáticamente la percepción subjetiva de los policías.

La realidad es que las sucesivas capas del sistema judicial no han generado un sistema de protección para las minorías, sino obstáculos crecientes para depurar responsabilidades por violación de los derechos cívicos. «El primer paso para controlar a la policía es zafarse de una vez por todas de la fantasía que supone pensar que la ley está de nuestro lado. La ley está firmemente del lado de la policía que abre fuego contra civiles desarmados», afirma Madar.

Ni las querellas civiles, ni las investigaciones internas ni cualquier otra supuesta herramienta de control y persecución de los abusos policiales tienen la fuerza suficiente para imponerse a un sistema que genera impunidad. En los pocos casos en que los policías han podido ser imputados y sancionados con castigos económicos, la factura han terminado pagándola las autoridades o, como sumo, los sindicatos corporativos.

LA LIMITADA ACCIÓN DE LA CASA BLANCA

El propio Obama y el todavía Fiscal General y Ministro de Justicia (está en proceso de sustitución), Eric Holder, han recordado que aún está abierta una investigación federal por el caso de Fergusson. Pero fuentes del propio departamento, citados por algunos medios, han admitido su escepticismo sobre el resultado de la misma, porque las pruebas disponibles no parecen encajar con las que se consideran concluyentes en los casos de violencia policial.

Algunas iniciativas protagonizadas por la sección de Derechos civiles del propio Departamento de Justicia han servido para introducir algunas reformas y mecanismos de control de las fuerzas policiales de varias grandes ciudades norteamericanas. Pero estas medidas no han acarreado sanciones y castigos a policías abusadores.

Otros factores contribuyen a agravar el problema. La tantas veces denunciada y nunca atajada pasión por las armas (hay más pistolas que habitantes en Estados Unidos) o la militarización creciente de las policías locales incrementan el riesgo de violencia.

Recuérdese que después de la masacre de Newton (Connecticut), hace dos años, se llegó a creer que había llegado el momento de atajar la locura del supermercado armamentístico a cielo abierto. Otro espejismo. La poderosa Asociación del Rifle, la complicidad del Partido Republicano, la timidez de los demócratas y una confusa conciencia ciudadana sobre lo que son sus derechos a la defensa terminaron disolviendo el compromiso de Obama, como ha ocurrido en tantas otras cosas.

En esto también, el Presidente no se ha sentido con fuerza o decisión suficiente para agotar todas sus posibilidades constitucionales, hasta que, como ha ocurrido con la reforma migratoria, se ha encontrado literalmente entre la espada de la oposición y la pared de las comunidades afectadas.

A la postre, el riesgo es siempre preferible a la amargura. Nadie le ha pedido a Obama una especie de «revancha histórica» durante su paso por la Casa Blanca. Pero los que comparten el color de su piel tenían derecho a esperar sentirse más seguros en las calles cuando uno de los suyos fuera el primer ciudadano del país. No parece que vayan a conseguirlo.