En los trabajos del ‘Grupo de Estudio sobre Tendencias Sociales’ de la UNED una de las tendencias fuertes que ha ido consolidándose a lo largo de los años es precisamente que la edad media de vida alcanzaría, a medio plazo, los 100 años. Los expertos consultados en estas investigaciones matizaron que efectivamente alcanzaremos esa edad, pero, ¿con calidad de vida?, a lo que habría que añadir si: ¿con una atención adecuada por parte de las instituciones públicas? Desde mi punto de vista, estas son dos cuestiones fundamentales, que exigen una reflexión en profundidad y ser conscientes de que sería factible ‘cronificar’ la vejez (merced, básicamente, a los avances científico tecnológicos), sin garantías de vivirla bajo estándares razonables de salud y con una atención digna. Qué extraordinaria importancia tendrán, previsiblemente, los avances en clonación y células madre de los científicos John B. Gurdon y Shinya Yamanaka, que les han hecho merecedores del Premio Nobel de Medicina en 2012.

La ‘Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia’ supuso un gran avance para las personas mayores y dependientes en nuestro país y, hoy por hoy, nos encontramos ante una situación alarmante e incoherente.

Alarmante, porque según el anteproyecto de presupuestos para la dependencia relativos al año 2013 se reducirá lo que el Gobierno destinará a la atención de las personas dependientes en cerca de 100 millones de euros (de 200 millones se pasará a 1.087), en un contexto de crecimiento continuado de las personas dependientes que, según informaciones ofrecidas por el Ministerio de Sanidad, alcanzará a 850.000 para ese mismo año. Alarmante, porque cerca de 200.000 dependientes graves no reciben, a día de hoy, prestación alguna; alarmante porque se van a reducir en un 15% las pagas que perciben los cuidadores familiares y se ha anunciado la eliminación de las cuotas a la seguridad social de estos cuidadores. Finalmente, alarmante porque las Administraciones adeudan a las empresas que prestan servicios a dependientes más de 800 millones de euros, hecho que se ha traducido en el impago de nóminas a sus empleados y proveedores, en riesgos de desabastecimiento, en amenazas de corte de suministros y, en residencias y centros de día que, de persistir las circunstancias que concurren ahora, se verán obligados al cierre.

Incoherente, porque según un informe de la Fundación Alternativas, hecho publico el pasado 2 de octubre, la Ley de Dependencia está en disposición de generar más de 600.000 puestos de trabajo antes de 2015. Es, por tanto, uno de los yacimientos de empleo de mayor futuro en nuestro país y menos potenciado (de hecho la implementación de la ley apenas ha impulsado plazas en geriátricos), teniendo en cuenta, además, que nos encontramos muy por debajo de la media europea en cuidados sociales, a pesar de que este sector ocupacional haya sido el único que ha generado empleo en los últimos años. Un yacimiento de empleo que podría ofrecer oportunidades laborales, entre otros sectores sociales, a los jóvenes que buscan su primer empleo y a los desempleados mayores de larga duración. Según contiene el citado informe, de cambiar la tendencia sería posible llegar hasta los 300.000 empleos en un año con una inversión de 6.000 millones de euros anuales, una cantidad muy alejada, por ejemplo, de los más de 34.000 millones destinados a financiar Bankia.

De no cambiar el escenario supondría una muerte lenta para la Ley de Dependencia, que conllevaría un descenso del número de beneficiarios, acompañado de gran sufrimiento humano; una merma de la calidad de los servicios que reciban; un predominio del cuidador familiar, lo que traería consigo la insostenibilidad de la red de centros y servicios de atención a la dependencia; y seria un claro ejemplo de un proceso mas amplio de desmantelamiento del Estado de Bienestar.