La huelga ha contado con la solidaridad del movimiento sindical europeo -afectado también por los mismos problemas- y con diversos y múltiples apoyos: universitarios, intelectuales, escritores, artistas, ecologistas, indignados del 15-M, jóvenes (Plataforma Unitaria de Jóvenes), además de miles de organizaciones y movimientos sociales (entre ellos la HOAC y la JOC, a pesar de Rouco Varela) repartidos a lo largo del país, que han contribuido a superar la dictadura del chantaje y del miedo en unas circunstancias particularmente adversas para secundar la huelga (crisis, paro, servicios mínimos abusivos, coacción de los empresarios, actuación policial desproporcionada…) lo que ha puesto en entredicho la soberbia y altanería de Rajoy -amparado en su mayoría absoluta- que ha influido considerablemente en el éxito de la huelga.

A pesar de ello, el Gobierno sigue rechazando el diálogo social y, por lo tanto, niega la posibilidad de discutir los aspectos más lesivos de la reforma laboral (claramente ideológica y sin apoyo social) y de su política económica, lo que representará un nuevo error del Gobierno del PP (en manos de los tecnócratas), que propiciará un aumento de la inestabilidad social y de las movilizaciones. Si esta actitud se confirma, obligará a los sindicatos a no considerar la huelga como el fin de las protestas sino -todo lo contrario- como el comienzo de nuevas movilizaciones en contra de la aplicación de la reforma laboral en empresas y sectores de producción y de servicios que ya está haciendo estragos en las condiciones de trabajo, en los salarios y en los despidos.

Los participantes en la huelga y en las movilizaciones se han pronunciado contra la individualización de las relaciones laborales (indefensión del trabajador) y, por lo tanto, a favor de la negociación colectiva (sectorial) y del diálogo social. Se han pronunciado también por mantener nuestro modelo social (el derecho del trabajo) y en contra de una devaluación generalizada de los salarios y de la reducción del costo de despido, así como del desplome de los servicios públicos y sociales, a un paso de su privatización.

También los trabajadores se han manifestado contra la especulación y la avaricia de los “mercados” que está conduciendo a que los más débiles paguen los costos de la crisis y, por lo tanto, han rechazado la política económica (recortes) del Gobierno, sobre todo cuando ni siquiera se está frenando el costo de la deuda pública, ni tampoco ha mejorado en el ámbito internacional la percepción de que mejora la situación económica de nuestro país.

En definitiva, los trabajadores se han pronunciado contra una política que hace oídos sordos a los abusos del sector financiero (recibe cuantiosas ayudas públicas, no concede créditos y mantiene altos tipos de interés), consolida el autoritarismo de los empresarios y perjudica seriamente a los trabajadores. También han vuelto a recordar que el empleo es lo primero cuando, precisamente, Rajoy considera que el paro es una simple estadística, lo que explica que se haya desentendido de los más de seis millones de parados previstos para finales de año, según las previsiones del propio gobierno. Por otra parte, los trabajadores han respondido a la fuerte campaña antisindical y han reconocido la labor de los sindicatos en la dictadura y en la transición a la democracia, además de mostrar su apoyo a la labor responsable que están desarrollando actualmente los sindicatos en defensa de sus intereses: sino están presentes en la gestión de la crisis, ¿quién defenderá los intereses de los trabajadores evitando que sean tratados como vasallos en las empresas?

Lo que resulta evidente es que hoy los trabajadores estamos mejor que antes de la huelga y mañana estaremos mejor que hoy, porque ha mejorado la correlación de fuerzas de los sindicatos y porque los sindicatos se han hecho notar, han hecho músculo, han tomado la calle y eso hará más difícil nuevas agresiones. Resulta conveniente recordar que la respuesta sindical ha sido digna, proporcionada, responsable y pacífica en contestación al atropello que representa la reforma laboral y la política económica de Rajoy, sobre todo para los jóvenes. Sin duda, esa política ha sido valorada muy positivamente y ha dejado intacta la credibilidad de los sindicatos para seguir enfrentándose a las políticas más reaccionarias y de marcado carácter neoliberal.

Previamente a la huelga general, Rajoy sufrió su primer chasco y tropiezo electoral (se han solapado la campaña electoral y la campaña de promoción de la huelga, lo que no parece que haya beneficiado al PP) en relación con las encuestas y las expectativas electorales creadas después de su arrollador triunfo electoral en las recientes elecciones generales del 20-N. Resulta inevitable su lectura extrapolando los resultados a nivel estatal para llegar a la conclusión de que Rajoy ha pagado un fuerte precio por su política económica (recortes) y social (reforma laboral y servicios públicos) y por su decisión de utilizar abusivamente su mayoría absoluta- al margen de los sindicatos y de la oposición- para abordar la salida a la crisis. Sin duda, las falsas promesas electorales, las mentiras y el ocultamiento de los presupuestos generales del Estado han estado presentes en los comicios de Andalucía y Asturias y han pasado factura al PP, al perder Rajoy parte del crédito que le dieron las urnas.

Los resultados han favorecido particularmente al PSOE y, sobre todo, a IU, a pesar de la fuerte abstención de los ciudadanos que en esta ocasión no ha perjudicado aparentemente a los partidos de izquierda. Sin embargo, haría mal el maltrecho partido socialista en sacar conclusiones precipitadas sobre los resultados, olvidando errores pasados y la necesidad de una profunda regeneración interna que establezca un modelo de partido que recoja las esencias de sus principios fundacionales y defienda firmemente las ideas socialdemócratas.

Los electores han votado una política de transparencia y sacrificios compartidos que tenga como prioridad el empleo por encima de cualquier otra consideración (corrección del déficit) y la defensa de nuestro modelo social (preservar los logros conseguidos). Por lo tanto, el PSOE e IU tienen que recorrer unidos una etapa que puede resultar histórica y constituirse en una referencia alternativa a las políticas neoliberales y, en concreto, a cómo actuar para corregir el déficit fiscal en las CCAA sin perjudicar a los servicios públicos y sociales (sanidad, enseñanza y dependencia); por eso deben trabajar con audacia y altura de miras y, en consecuencia, no deben defraudar las expectativas de una buena parte de la ciudadanía.

En estas circunstancias, Rajoy no debería olvidar lo ocurrido en estas elecciones y tampoco el éxito de la huelga general, lo que demuestra que la mayoría de la base electoral del PP no está de acuerdo con la reforma laboral ni con su política económica. En este sentido debería obrar en consecuencia- porque el país necesita grandes consensos-, recuperando decididamente el diálogo social (el gobierno hace propaganda del diálogo social pero no lo practica) y los acuerdos necesarios que restablezcan los equilibrios entre los interlocutores sociales. También los empresarios (CEOE) deben sacar conclusiones de su actuación previa a la huelga- la han calificado de “política”- que ha puesto en entredicho el derecho constitucional que ampara la huelga con presiones de todo tipo denunciadas por los sindicatos ante la jurisdicción competente. La CEOE viene apostando (de manera obscena) a favor del gobierno del PP y de su reforma laboral- olvidando el Acuerdo firmado con los sindicatos sobre salarios-, cuando esa no es su misión en un marco democrático y hace más difícil la continuidad del diálogo social y de la negociación colectiva. Sin duda, la CEOE, sobre todo en los últimos meses, viene haciendo el trabajo sucio al gobierno y éste obra en consecuencia recompensando sus servicios, como ha ocurrido, por ejemplo, con la reforma laboral.

Finalmente, los sindicatos no deben olvidar que después de la huelga- además de seguir frenando la aplicación de la reforma laboral- se encontrarán ante un nuevo reto: responder a las duras medidas de ajuste que se contemplarán en los presupuestos generales del Estado (considerados como los más “recortadores” de la democracia por el propio gobierno), a punto de hacerse públicos a la entrega de este texto. El planteamiento sindical deberá seguir haciendo hincapié en el capítulo de los ingresos defendiendo una reforma fiscal progresista (patrimonio, sucesiones, grandes fortunas, sociedades…) que haga más justo el reparto de la crisis y combata el fraude fiscal y la economía sumergida. De la misma manera, debe seguir apostando por la reducción del déficit público de una manera más dilatada en el tiempo, de tal forma que resulte compatible con medidas de reactivación económica y fomento del consumo interno y, por lo tanto, con una política de empleo eficaz que sigue siendo nuestro principal problema.

En todo caso, estos problemas necesitan una contundente respuesta sindical en el ámbito de la UE. También potenciar un discurso sindical que responda a la hegemonía del capitalismo financiero internacional (verdadero causante de la crisis). Un discurso basada en la defensa de un mercado de trabajo europeo y una negociación colectiva en ese ámbito que dé soluciones al empleo, al establecimiento de un salario mínimo, al mantenimiento de los servicios públicos, así como de las prestaciones sociales y de unas pensiones dignas. Una política que, por otra parte, unifique y potencie las protestas y las movilizaciones sociales que se están llevando a cabo en los diversos países, reconociendo que resultan claramente insuficientes las manifestaciones sindicales que se realizan actualmente en vísperas de las Cumbres Europeas.

Una democracia fuerte necesita una decidida participación de las organizaciones que conforman el tejido social y, desde luego, del conjunto de los ciudadanos para frenar los abusos y la manipulación del poder establecido, como se está poniendo de manifiesto por el gobierno en los últimos meses. Por eso, “vamos a dejar el pesimismo, el fatalismo y el miedo para tiempos mejores” y obremos en coherencia con lo que demandan la gran mayoría de los ciudadanos.