Sin embargo, el otro asunto que viene apareciendo con reiteración en los medios de comunicación, como es el diálogo social, está teniendo más dificultades de las previstas a pesar del esfuerzo que está haciendo el gobierno a su máximo nivel y los sindicatos. Ello ha respondido a la actitud de los empresarios que siguen en plena ofensiva en defensa de sus propuestas para salir de la crisis insistiendo en sus planteamientos: reforma del mercado de trabajo (despido más fácil y más barato); reducción de 5 puntos de las cotizaciones de los empresarios a la seguridad social; reducción de impuestos y nuevas exenciones y bonificaciones a las empresas; mayor intervención de las empresas de trabajo temporal en la intermediación y recolocación laboral, en colaboración con las oficinas públicas de empleo; simplificación de los procedimientos administrativos relativos a los expedientes de regulación de empleo; propuesta interesada de reducción del absentismo laboral al considerarlo como causa de despido; potenciar los convenios de empresa reduciendo la importancia de los convenios sectoriales; entre otras materias de difícil aceptación por los sindicatos.

A partir de esa exigencia de máximos, la posición de los empresarios en las conversaciones se ha concretado, sobre todo, en la defensa de una reducción importante de las cuotas de los empresarios a la seguridad social. Se han dado cuenta que la reforma del mercado de trabajo que proponen es complicada en estos momentos- ante la rotunda negativa del presidente del gobierno de llevar a cabo una reforma laboral unilateral sin la aceptación de los sindicatos- y han decidido posponer esta demanda a tiempos mejores. En todo caso, la posición de la CEOE sigue siendo maximalista- a pesar de que todos apuestan por el diálogo social y esta actitud dificulta o cuando menos retrasa el acuerdo como está ocurriendo-, como resultó maximalista la ruptura de la renovación del acuerdo interconfederal para la negociación colectiva (ANC) a comienzos de año que no podemos olvidar ni entender a pesar del tiempo transcurrido.

En materia salarial los empresarios no están consiguiendo nada de lo que se proponían a comienzos de año: situar el incremento de los salarios en los convenios por debajo del uno por ciento, negociando para ello en libertad- sin referencia salarial- y por lo tanto en contra de lo que venía sucediendo en los últimos años. Al 30 de junio del presente año, y según el Ministerio de Trabajo e Inmigración, se han firmado y revisado en lo que va de año 3.328 convenios colectivos- que afectan a 916.634 empresas y a 7.385.055 trabajadores- con un incremento medio del 2,67 por ciento. El resultado de los convenios firmados es prácticamente el mismo que defendían y proponían los sindicatos que, una vez más, han actuado con responsabilidad como se ha podido comprobar negociando los convenios a partir de la referencia del 2 por ciento fijada por el Banco Central Europeo para este año.

A la pretensión de los empresarios de reducir las cuotas de la seguridad social, con el argumento de favorecer la creación de empleo, se han opuesto los sindicatos defendiendo la sostenibilidad del sistema público de la seguridad social y particularmente las actuales y futuras pensiones, incluido el fondo de reserva que se viene nutriendo con el superávit de la seguridad social que se viene produciendo hasta ahora.

Cuadrar la reducción de cuotas y hacer sostenible el sistema no va ser tarea fácil sobre todo si, como dice el titular del Ministerio de Trabajo e Inmigración, una reducción de las cotizaciones de los empresarios no supondrá un aumento de los impuestos. Por eso, el gobierno deberá establecer otras medidas originales que eviten que la reducción que se establezca de las cuotas de los empresarios atente contra las cuentas de la seguridad social y su fondo de reserva. No podemos olvidar que hasta hace unos pocos días los defensores del pensamiento neoliberal, entre los que se encontraba el gobernador del Banco de España, pedían alargar el periodo de cómputo de las pensiones y la edad de jubilación hasta los 70 años para garantizar el futuro de la seguridad social, y ahora no dicen nada ante la propuesta de la CEOE de reducir las cuotas de los empresarios sin explicar cómo se compensará esa falta de ingresos, ni como afectará esta medida en los próximos años a las cuentas del sistema de la seguridad social y por lo tanto a su viabilidad.

Mientras tanto, se pospone la discusión, sobre un asunto realmente importante: eliminar las altas tasas de temporalidad de nuestro mercado de trabajo que no pueden estar, desde la razón y la eficiencia de las empresas, a la espera de que la CEOE obtenga contrapartidas- en el marco más amplio de la reforma laboral- para situarlas, cuando menos, en torno a la media europea con el propósito de ir superando la dualidad de nuestro mercado de trabajo y evitar que siga sufriendo nuestro modelo productivo y la competitividad de las empresas. No podemos olvidar que la primera reforma laboral (1984) que se consolidó y acrecentó con la segunda reforma (1994)- que nadie pudo imaginar que llegara tan lejos en la desregulación de nuestro mercado de trabajo y que fue contestada con una nueva huelga general-, trajo consigo la introducción de la figura de las empresas de trabajo temporal y un considerable aumento de la contratación temporal, y por lo tanto de la rotación, que se viene situando desde entonces en torno al 30% (el doble que la media europea) de nuestro mercado de trabajo, así como de la subcontratación y la externalización sin control de partes fundamentales de los procesos de producción, obra, o servicios; y todo ello con peores condiciones de trabajo, menos formación profesional, riesgos para la salud, y salarios más bajos para los trabajadores. Además, es interesante recordar que estas reformas regresivas no han resuelto el diferencial, relativo al empleo, con la UE- sin responder nadie por ello-, a pesar de que ese fue el argumento esgrimido para justificarlas.

En las negociaciones no ha tenido el protagonismo que la situación requiere la racionalización de la negociación colectiva y su articulación hacia abajo (empresas), lo que traería consigo una mejora de la “flexibilidad interna” y el fortalecimiento de la autonomía de las partes en la discusión relativa a las condiciones de trabajo en las empresas y a la mejora de la competitividad de las mismas, en base a la formación y cualificación de los trabajadores; la investigación, la innovación y el diseño; la organización del trabajo; y la introducción de nuevas tecnologías; todo ello en base a un “nuevo modelo productivo” que nos impulse, a la salida de la crisis, hacia el futuro. Este asunto quedará también aplazado a futuras conversaciones bilaterales derivadas del acuerdo.

Por último, el aumento de la prestación por desempleo- aunque sea de duración determinada e insuficiente en su cuantía- va a tener un tratamiento positivo fácilmente justificable por las actuales cifras de desempleo y el elevado número de trabajadores en paro (en torno a un millón) que no tienen ingresos en la actualidad por no tener derechos consolidados o haber agotado la prestación. Ello se llevaría a cabo de acuerdo con los itinerarios de inserción laboral y los planes de formación para el empleo.

Sólo nos queda, como conclusión, constatar que un acuerdo en estas circunstancias resulta muy positivo por la confianza que se genera en el conjunto del país y su efecto beneficioso en la reactivación económica. Por otra parte, resulta evidente que los empresarios, aprovechándose de la crisis económica y de la debilidad del gobierno en el parlamento, están tensando la cuerda para conseguir importantes beneficios y rebajas en los costos empresariales sin contrapartidas tangibles. Cabe especular también que la CEOE no tiene ningún interés en facilitar la acción del gobierno lo que significaría en la práctica apoyar al PP. Si esta última razón explicara su comportamiento los empresarios se equivocan. Primero porque esa no es su misión en un contexto democrático y, en segundo lugar, porque los empresarios- en términos electorales- no mueven el voto de los ciudadanos hacia el Partido Popular que éste no lo tenga asegurado de antemano. En este supuesto habría que recordarles ese viejo refrán castellano: “zapatero a tus zapatos”. Por eso, a los empresarios habrá que exigirles en estos momentos un mayor compromiso con el empleo y altura de miras, como lo han puesto de manifiesto el gobierno y los sindicatos; la situación económica así lo aconseja y la opinión pública lo demanda. Además -dando por hecho que el principal problema que tenemos en España es el desempleo- ¿no depende la resolución de este problema, en muy buena medida, de los empresarios? Tomemos nota y esperemos que se imponga el sentido común.