Llevamos años que todas las semanas son de infarto en nuestra Comunidad, tanto, que al final parece que nos hemos acostumbrado a que los escándalos forman parte de nuestro paisaje. Esta misma semana se acumulan las barbaridades: la petición de indulto al condenado ex alcalde de Torrevieja, la condena a Don Carlos y el cierre de RTVV. Pero no hemos parado, en breve tendremos el juicio a Rafael Blasco y más cosas que irán apareciendo.

Fuimos la Comunidad “estrella” que creaba eventos, espectáculos e infraestructuras como si plantara patatas en el campo, como si fuera consustancial a esta tierra fértil de riqueza y también de corruptos; todo estaba permitido para sus gobernantes: desde la falta de transparencia hasta la insolencia o la gestión poco democrática. ¿Qué más daba? El PP valenciano se permitió hacer lo que le daba la gana: dilapidar dinero público, hundir proyectos carísimos, pagar cantidades millonarias a los amigos, que sus cargos públicos defrauden a Hacienda, insultar a la oposición, comprar voluntades, amenazar funcionarios, aniquilar la Administración, endeudarse hasta las cejas, y un largo etcétera que despertaba el sonrojo y asombro de los españoles al no entender por qué los valencianos lo consentimos.

Hemos descubierto que “no eran sólo cuatro trajes” sino un estilo despótico de gobernar. Lo de RTVV ha sido la puntilla de la aniquilación de una Comunidad. Que el PP valenciano no busque ahora ni otros culpables ni otros enemigos. Esto no ha sido problema de la autonomía, ni de la falta de financiación, ni de la crisis económica. Y ya no hace falta que expliquemos más las cosas, hay datos que son demoledores. Existen más de 300 imputados políticos en España, de ellos, 100 están en la Comunidad Valenciana. Somos la Comunidad más endeudada de España, más de 12.500 millones de euros, y la que más imputados por corrupción tiene por metro cuadrado, por PIB, por habitante, o como quiera usted contar.

Lo grave, como siempre, es la cara de circunstancias que la dirección del PP tiene ensayada. Los amigos y compañeros del alma desde Bárcenas a Fabra pasando por los tantísimos imputados que están colapsando los juzgados de España, por los que pondrían la mano en el fuego Rajoy y Cospedal (y toda la tropa del cortijo), son ahora desconocidos para esos dirigentes. Y así, van soltando lastre, esperando que vayan cayendo en la cuneta los casos más descarados que ya no pueden ocultarse, pero esperando también que Dios eche una mano y sea misericordioso (que no justo), y haga inviable que España conozca de verdad lo que ha pasado en una época de bonanza, riqueza, engaños y estafas. Yo me conformaría con saber la mitad de lo que sabe Rajoy sobre su partido, y seguro que me escandalizaría.

No hace falta una condena judicial para que exista una condena moral y política de muchos comportamientos que resultan evidentes y que, además, ya están demostrados judicialmente. Pero el PP no puede hacerlo, porque correría el riesgo de desmontar un partido sustentando sobre “una contabilidad B” y llevarlo, posiblemente, a una refundación. Eso, los privilegios y la estructura de poder de sus dirigentes no lo pueden permitir, porque hay demasiado dinero y demasiado poder en juego.

Cuando una sociedad como la valenciana, tiene unos problemas enquistados como los que vemos, cuyo origen está en el propio Gobierno y su gestión política, sólo puede solucionarse arrancando de raíz lo que está podrido, porque si no volverá irremediablemente a crecer, ¿o alguien piensa que hay propósito de enmienda en Carlos Fabra, Rafael Blasco o Paco Camps, por citar algunos ejemplos?

Nos encontramos frente al dilema de si es posible ofrecer un modelo completamente alternativo para salvar a la Comunidad Valenciana de la liquidación que ha emprendido el PP.