Lo más destacable (y discutible) de la crisis del Ébola tiene relación con la decisión de traer a dos ciudadanos (misioneros) portadores del virus a España y con la falta de experiencia y de infraestructuras especializadas para responder a un virus que ha demostrado tener efectos fulminantes no suficientemente conocidos y valorados en los países desarrollados. El desplome de la financiación de la sanidad y, en concreto, el desmantelamiento del hospital Carlos III dedicado a las enfermedades infecciosas y tropicales, así como la nefasta gestión del Gobierno en los primeros días del contagio han elevado considerablemente la alarma entre la población civil ante un problema que está lejos de estar resuelto, sobre todo si tenemos en cuenta que el foco infeccioso continúa activo en varios países africanos, en un mundo globalizado, donde los países más ricos dedican una escasa atención a la Cooperación Internacional y aún menos a erradicar este virus mortal (apenas cinco países donan el 0,7% del PNB, comprometido en la ONU, para la Ayuda Oficial al Desarrollo).

En relación a Cataluña debemos constatar la pésima gestión de Artur Mas como presidente de la Generalitat impulsando el proceso soberanista, encaminado a celebrar la consulta (finalmente retirada) –basándose en un implorado derecho a decidir- sin cobertura constitucional. De la misma manera está resultando incomprensible la pérdida de iniciativa del Gobierno Rajoy que ha complicado aún más el laberinto catalán. El futuro no está escrito, a pesar de que todo el mundo espera un resultado feliz a este problema -que a nadie beneficia- después de que se celebren las próximas elecciones en Cataluña (se está explorando la posibilidad de presentar una única lista plebiscitaria) y las previstas para el año próximo a nivel de todo el Estado (municipales, autonómicas y generales). Los resultados finales de estas elecciones conformarán un nuevo marco político y abrirán previsiblemente nuevas expectativas para negociar la reforma de la Constitución y el establecimiento de un Estado Federal que responda en concreto a las singularidades de Cataluña, siempre y cuando éstas sean razonables y asumibles (desde el principio de la solidaridad) para el resto del país.

El asunto de las tarjetas de Caja Madrid resulta más grave si cabe. En todo caso demuestra la desastrosa gestión de la entidad y el expolio impune de sus gestores. El uso fraudulento de las tarjetas ha alcanzado a los representantes de partidos políticos (también de izquierda) y a los sindicatos, con el agravante de que se ha producido en una entidad rescatada con dinero público -donde se han invertido cerca de 24.000 millones de euros-, que ha causado un daño irreparable a miles de pequeños ahorradores -desahuciados, con preferentes o con acciones- por la torpe e interesada actuación de consejeros y directivos de dudosa honestidad, ejemplaridad y transparencia en el ejercicio de sus funciones. Por eso, a nadie le debería extrañar la indignación de la ciudadanía y el auge y apoyo que están logrando los movimientos emergentes que, además, se ven muy fortalecidos por estas lamentables actuaciones.

Estos hechos están propiciando un serio debate sobre si tiene sentido la presencia de los sindicatos en las Instituciones y Consejos que, hasta el momento, no han conseguido los resultados previstos y que, por el contrario, están perjudicando a los sindicatos, que aparecen delante de la opinión pública como corresponsables en la gestión de las Instituciones y de las antiguas Cajas de Ahorro.

Por otra parte, el sorprendente caso de José Ángel Villa (ex secretario general del SOMA-UGT) acogiéndose a la amnistía fiscal y regularizando 1,4 millones de euros ha aumentado la indignación ciudadana y obliga a los sindicatos a abordar la necesaria transparencia de su financiación y, en todo caso, la necesidad de un control interno y riguroso de sus cuentas, a través de comisiones específicas con capacidad de auditar y bloquear las cuentas del sindicato correspondiente. De la misma manera se debe abordar el comportamiento de los empresarios, que son finalmente los que entregan el dinero a cambio de conseguir con total impunidad objetivos inconfesables. En este sentido, la CEOE está mostrando un nulo interés en la persecución del delito y en colaborar con la justicia, así como en abordar la necesaria reforma y modernización de sus estructuras lo que, desde luego, sería muy beneficioso para asumir, con todas las consecuencias, el concepto de responsabilidad social y evitar así casos bochornosos y escandalosos como los de Díaz Ferrán y Arturo Fernández.

Mientras tanto, y a pesar de las expectativas de mejora económica creadas por el Gobierno, sin mucho fundamento, se constata una vez más el fracaso de las políticas de austeridad (propiciadas por la señora Merkel con el propósito de que cobren sus bancos acreedores) en la Unión Europea que, incluso, están afectando negativamente a la propia Alemania, además de Francia e Italia, lo que nos hace temer una tercera recesión y consiguientemente mayores dificultades para reducir el déficit, pagar la deuda pública y combatir con eficacia el desempleo, la precariedad de nuestro mercado de trabajo y el aumento de las desigualdades.

En el pasado mes de septiembre el índice de precios al consumo (IPC) se ha situado en el 0,2%, el mismo porcentaje que en el mes de agosto, por lo que la tasa anual se mantiene negativa (-0,2%). Por su parte, el índice de precios al consumo armonizado se ha situado en el -0,3%, por lo que España se sitúa seis décimas por debajo de la media de la eurozona (0,3%) y, por lo tanto, mantiene un diferencial negativo respeto a los precios europeos desde hace un año, según informa UGT.

Ello explica sobradamente que la recuperación anunciada con reiteración por el Gobierno no llegue a los hogares españoles. El desempleo y la repetida caída del poder adquisitivo de los salarios, que han perdido 7,1 puntos de poder de compra entre el año 2010 y 2013, junto a la caída del SMI que acumula desde 2010 una pérdida de 5,1 puntos, son hechos suficientemente significativos que están frenando el consumo interno y el crecimiento de nuestra economía.

En este sentido, lo más grave de la situación es que los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE-2015) persistirán en el error al dar continuidad a estas políticas congelando la inversión, las retribuciones de los empleados públicos, las pensiones y, previsiblemente, también el SMI.

No es extraño que, en estos momentos, los sindicatos pongan el acento en la necesidad de eliminar las políticas de austeridad y de reactivar la economía, aumentando el consumo de las familias, solamente posible si aumenta el empleo y el poder adquisitivo de los salarios. Ello nos obliga a recordar una vez más que el empleo es nuestra prioridad absoluta y el asunto fundamental para reducir el déficit y pagar la deuda. Esto es lo que justifica la propuesta sindical de flexibilizar los objetivos de consolidación fiscal y de poner en marcha un Plan de Inversiones (como propone la CES) durante un periodo de 10 años capaz de crear 11 millones de empleos en la Unión Europea.

En España, los sindicatos apuestan además por potenciar las políticas activas de empleo, reducir la precariedad (empleos basura), extender la protección social a los más débiles y sentar las bases de un futuro cambio de nuestro modelo productivo con un componente industrial y tecnológico avanzado.

Ante la gravedad de la situación llama profundamente la atención el escaso interés del Gobierno por impulsar las políticas activas de empleo, como lo demuestra que en los PGE-2015 este capítulo es inferior al de 2010 en 3.000 millones de euros (el 39% menos), con especial incidencia negativa en el Servicio Público de Empleo Estatal; por lo tanto en la orientación, e intermediación dedicada a la recolocación de los trabajadores sin empleo. Se comprende así que el Servicio Público de Empleo (con serias carencias de profesionales en intermediación) sólo intervengan en la recolocación de algo más del 3% de los desempleados y que toda la política del Gobierno relacionada con el empleo se base exclusivamente en bonificaciones, subvenciones y tarifas planas a la contratación (abaratar aún más la contratación laboral en beneficio de los empresarios, a costa de la Seguridad Social), así como en dar un mayor protagonismo a las empresas privadas de recolocación (esta partida presupuestaria pasa de 30 millones en 2014 a 140 millones de 2015) -muchas veces en detrimento del Servicio Público de Empleo- y no por apostar por los servicios públicos de empleo y, en todo caso, por la cooperación de lo privado con lo público.

Por otra parte, ante la falta de soluciones para resolver el problema del desempleo, los sindicatos están denunciando la lamentable situación de los jóvenes menores de 30 años y la de los desempleados de larga duración (más de un año en paro y algunos sin ingresos y familias a su cargo) que sufrirán fuertes recortes en sus carreras profesionales con efectos perniciosos para sus futuras pensiones y pondrán en grave riesgo el futuro de nuestro país.

El problema de los parados de larga duración con más de 45 años resulta especialmente grave. Debemos recordar que España duplicó el crecimiento del paro de larga duración de la Unión Europea-28, entre 2010 y 2013, según el Instituto de Estudios Económicos, situándose en el 49,7% tras crecer más de 13 puntos respecto a 2010 (36,6%), lo que resulta intolerable y difícilmente soportable y justifica la exigencia de una mínima protección social mientras se pongan en marcha medidas especiales de choque contra el desempleo.

A pesar de los buenos y recientes resultados de la EPA del tercer trimestre, los datos publicados no hacen más que confirmar estos hechos que nos sitúan a la cabeza de la Unión Europea en porcentajes de desempleo y precariedad. En todo caso, analizar estos datos a fondo requerirá un nuevo comentario…