Resultan bochornosos los chantajes, sobornos, encubrimientos, mentiras y explicaciones del PP, así como sus denuncias al principal partido de la oposición al que acusan de ser el principal instigador de las manifestaciones sociales en la calle Génova (sede del PP); precisamente, cuando es notoria la escasa participación del PSOE en las organizaciones sociales y en los movimientos emergentes, lo que demuestra su poca influencia en los hechos relacionados con la espontánea contestación social.

Estos hechos, incluso, han terminado por salpicar a la amnistía fiscal (incluido al ministro Montoro) utilizada como coartada para regularizar nada menos que 11 millones de euros del anterior tesorero del PP. Una vez más, se constata el cambalache entre lo público y lo privado y, en este caso, la supeditación de lo público a favor de los intereses de algunas empresas y “amigos” del Gobierno (trama Gürtel, entre otras).

Mientras tanto, los nuevos datos de desempleo -en este caso del paro registrado en las oficinas públicas de empleo en el mes de enero- siguen aumentando sin que se conozca ninguna alternativa del Gobierno que pare esta hemorragia, que afecta, particularmente a los jóvenes y a los parados de larga duración. En esta ocasión, sobre todo, han causado una auténtica alarma los datos de afiliación a la seguridad social que fijan el número de cotizantes en 16.179.438, lo que representa una disminución de 263.243 personas en relación con el pasado mes de diciembre. En cómputo anual representa una pérdida de 778.829 afiliados (-4,59%), que nos sitúa junto a Grecia a la cabeza de la UE en cifras de desempleo.

Ante estos datos dramáticos el Gobierno Rajoy ha mostrado su obscena satisfacción por el reciente acuerdo presupuestario de la UE (2014-2020) -de menor cuantía que el presupuesto anterior-, lo que confirma su supeditación a una política de marcado carácter neoliberal que no resolverá nuestros problemas y retrasará la salida de la crisis y el cambio hacia un modelo productivo basado en la investigación, la innovación, las nuevas tecnologías y el incremento del valor añadido. Una vez más, el discurso de Hollande, en el parlamento europeo, defendiendo flexibilizar los objetivos de déficit para no condenar a la UE a “una austeridad sin fin” y su apuesta por un aumento del presupuesto europeo -para reactivar la economía- ha sido derrotado a manos de las fuerzas más conservadoras encabezadas por Ángela Merkel.

Por otra parte, el Gobierno sigue empecinado en defender la reforma laboral que acaba de cumplir un año de vigencia sin resultados en cuanto a la creación de empleo: el número de ocupados se ha reducido en 850.000, el despido objetivo (20 días) se ha incrementado en un 49% y los expedientes de regulación de empleo en un 66%. Todo ello se ha producido a pesar de la devaluación interna de salarios (un 60% de la población ocupada gana menos de 1.000 euros), la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones (la pensión media se establece en 785 euros, el 63% de la media de la UE-15) y la persistencia de la precariedad en el empleo. En definitiva, la reforma laboral no ha creado empleo y tampoco ha frenado la destrucción de empleo y, por el contrario, ha empeorado las condiciones de trabajo; ha facilitado un gigantesco trasvase de rentas del trabajo al capital; ha aumentado la conflictividad social hasta límites desconocidos; y ha demostrado, una vez más, que sin reactivar el crecimiento económico y poner en marcha políticas activas de empleo no se crean de ninguna manera puestos de trabajo.

Estos datos dejan también en evidencia a las declaraciones del presidente de la CEOE en su intento de minimizar las cifras del desempleo (desautoriza sin fundamento a la EPA, que cuenta con el reconocimiento de la UE y de los expertos en esta materia) y golpear a los funcionarios diciendo que “hay demasiados y no hacen nada”, cuando lo que se produce es todo lo contrario: el número de empleados públicos en España está muy por debajo de la media europea, lo que explica las insuficiencias que tiene nuestro Estado de Bienestar Social. Estas lamentables y desafortunadas manifestaciones están impulsando un debate sobre el triste papel que viene desarrollando la CEOE en los últimos años de crisis, asistiendo a la destrucción de miles de pequeñas y medianas empresas sin que se conozca ninguna propuesta que lo evite. El libro sobre José María Cuevas (Fabián Márquez; Ediciones CINCA) recuerda la apuesta fundacional de la CEOE por la democracia, el diálogo social, la negociación colectiva y el respeto a la autonomía de las partes; una política que se está poniendo en entredicho por la actual organización empresarial marcada por el fraude de su anterior presidente (Díaz Ferrán) y por el pago de salarios en dinero negro de su actual vicepresidente y presidente de la patronal madrileña y declarado simpatizante del PP (Arturo Fernández), así como por la errática e interesada política de Rosell, encaminada a sacar provecho de la crisis: reducir salarios, reducir las cotizaciones a la seguridad social, dar todo el poder a los empresarios (reforma laboral), golpear a la negociación colectiva (2 millones de trabajadores se han quedado sin convenio) y apostar por la precariedad (mini empleos, emprendedores, becarios…). Una política empresarial que ha renunciado a modernizar y cambiar el modelo productivo; aumentar la competitividad de las empresas (como no sea destruyendo empleo y reduciendo salarios); introducir nuevas tecnologías; fomentar la investigación, innovación y diseño; y, desde luego, a la cualificación profesional de los trabajadores.

En estas circunstancias, no es extraño que la Cumbre Social haya hecho un llamamiento a secundar las movilizaciones ciudadanas que se están llevando a cabo en protesta por la reforma de la justicia y el aumento de tasas, los recortes en sanidad, en la enseñanza y en la investigación, el aumento del precio del transporte público, de la energía, los desahucios, las participaciones preferentes…También los estudiantes se han incorporado a las movilizaciones en contra de las medidas que atentan contra su futuro (ley Wert), incluso convocando huelgas.

Los movimientos ciudadanos y alternativos (15-M, indignados, desahuciados…) no sólo han llegado a protestar en la calle Génova, recogiendo el sentir mayoritario de la población. También exigen abrir un debate público sobre el pago de la deuda privada (socialización de pérdidas) generada por el sector financiero (rescate), con el argumento de que los gabinetes de riesgo (también de los bancos alemanes) deben asumir su equivocación y, por lo tanto, aceptar la correspondiente quita y espera, sobre todo mientras España no salga de la recesión, no crezca económicamente y mantenga un altísimo desempleo; de la misma manera, exigen medidas rápidas y eficaces para resolver los problemas derivados de los desahucios y de las participaciones preferentes que están causando considerables destrozos en familias enteras. Además, exigen una política fiscal que garantice unos ingresos que se sitúen en la media europea (pagando más los que más tienen) y luche contra el fraude fiscal; una política de estas características garantizará el crédito a familias y empresas, impulsará la inversión pública y evitará los recortes en los servicios públicos y sociales.

A pesar de las dificultades que tiene la aplicación de la “democracia directa” -a través de procesos asamblearios bajo el principio de la unanimidad-, el 15-M, junto a los desahuciados y afectados por los recortes en la enseñanza y en la sanidad, están discutiendo cómo canalizar políticamente el descontento, la indignación y el malestar ciudadano, una vez demostrada su capacidad de movilización. Lo que resulta evidente es que la hipotética presentación de una plataforma propositiva puede generar una fuerte expectativa electoral (Siryza griega), como lo demuestra la recogida de un millón de firmas digitales en tiempo récord, pidiendo la dimisión de Rajoy -lo que representa una muestra muy significativa-, o las más de 1,4 millones de firmas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la dación en pago, la paralización de los desahucios y el alquiler social, ante el escándalo de los suicidios.

Lo mismo están haciendo los partidos políticos que configuran la oposición de izquierdas, dedicados a reactivar su organización partidaria ante la precipitación de los acontecimientos: el 58% de los votantes del PP no se creen las explicaciones inconsistentes de Rajoy, el 54% piden un cambio en la dirección del partido y las expectativas electorales del PP se desploman (por debajo del 30%). Sin duda, el Gobierno está noqueado por los casos de corrupción, ha perdido la iniciativa política y carece de criterio político para enfrentarse con éxito a la crisis económica y responder a la unánime contestación social; no es extraño que la ciudadanía exija alguna decisión política (el Gobierno no puede seguir paralizado) en el próximo debate sobre el Estado de la Nación a celebrar en los próximos días.

En este sentido, el PSOE, golpeado duramente por las últimas encuestas, se prepara para organizar diversas conferencias (que, por el momento, interesan poco a la opinión pública y están fuera del foco mediático) ante los vertiginosos acontecimientos que se suceden y que empiezan a dar la razón a los más críticos que exigen quemar etapas y apostar decididamente por las ideas socialdemócratas, el fortalecimiento de la organización (democracia interna) y la elección de un fuerte equipo de dirección con savia nueva. Además, el PSOE debe reflexionar sobre los últimos datos de las encuestas conocidas que determinan que, previsiblemente, el bipartidismo se verá superado por las nuevas circunstancias y que el desplome del PP no está reportando votos al partido. Por eso, debe trabajar a fondo para fijar con claridad su posición en relación con la UE (déficit, deuda y políticas de estímulo); con las políticas activas de empleo (sobre todo para los jóvenes); la fiscalidad (recuperación de impuestos, transacciones financieras, fraude fiscal…); los servicios públicos y sociales; el cambio de modelo productivo; y el apoyo decidido a las políticas medioambientales más avanzadas (erradicar la contaminación del aire, el agua y los alimentos, entre otras medidas), monopolizadas en la actualidad por movimientos ecologistas y los partidos verdes y ampliamente apoyadas por la población más joven y consciente.

A estas medidas hay que añadir un compromiso serio en defensa de un comportamiento ejemplar, austero y transparente en el ejercicio de la política. En suma, es urgente recuperar la credibilidad y la confianza a través de un “Contrato con los Ciudadanos” que aporte nuevas ideas y genere una renovada ilusión; todo ello se debería recoger en el futuro programa electoral que deberán valorar y votar los ciudadanos.