Cabe confiar en que el “éxito” de ETA se limite al hecho de haber obtenido unas cuantas portadas de prensa y un lugar estelar en los informativos de radio y televisión. Y ello a pesar de que el comunicado del pasado domingo carece por completo de relevancia. Así lo han entendido, afortunadamente, Gobierno y oposición.

El único comunicado de ETA que merecería una portada sería aquél en que la organización terrorista anunciara su autodisolución y la entrega de sus armas. Cualquier otro tipo de declaraciones son, no sólo improcedentes, sino ofensivas para la ciudadanía en general, y para las víctimas en particular. En la medida en que en el comunicado del domingo sólo se hacía cínica alusión al cese “de las acciones armadas ofensivas” cabe entender que las actividades de extorsión y el chantaje para la provisión de fondos se mantienen puesto que, según ETA, no son acciones armadas ofensivas. Por otro lado, el establecimiento de “condiciones” para un fantasmagórico “proceso democrático” resulta inaceptable para el Gobierno y para el Estado de Derecho. La derrota de ETA tendrá que ser incondicional.

En este contexto, con el comunicado del día 5, ETA perseguía tres objetivos. El primero de ellos, ser noticia, y lo consiguió. El segundo, iniciar un periodo de recuperación operativa, tras los golpes sufridos con la reiterada detención de sus cúpulas dirigentes. Esto no lo va a conseguir en la medida en que el Gobierno ha declarado que el Estado de Derecho no está en tregua. El tercero, modificar la agenda política y facilitar la presencia de Batasuna en las elecciones. Este objetivo se verá igualmente frustrado. Los requisitos legales para permitir que Batasuna concurra a las elecciones no han variado. Cualquier organización política que no se desvincule completamente del proyecto terrorista (con o sin tregua) es incompatible con la legalidad vigente.

Por todo lo anterior, y pese al revuelo mediático causado, en realidad nada ha cambiado. Afortunadamente, y gracias a la eficacia de las operaciones llevadas a cabo por las Fuerzas de Seguridad y a la cooperación internacional, la organización terrorista tiene una capacidad operativa muy limitada. De lo que se trata es de impedir que la banda se reorganice. Por otro lado, los ciudadanos vascos deciden con normalidad su futuro en las elecciones, designan a sus representantes políticos, y conforman así un gobierno parlamentario mayoritario. En ese contexto es absurdo sostener la necesidad de abrir proceso democrático alguno.

En definitiva, lo que el terrorismo no ha conseguido con su criminal actividad tampoco podrá lograrlo mediante el anuncio de que esta vaya a cesar.

En 2010, y tras décadas de actividad terrorista, es evidente que ETA no puede ya ni derrotar al Estado, ni imponerle condiciones y que su apoyo social se reduce a una pequeña y fanatizada minoría. Aunque resulte duro admitirlo, es cierto que esto no fue siempre así. La constatación de esa realidad debería conducir a ETA a su disolución y mientras eso no ocurra, el Estado de Derecho continuará empleando todas sus legítimas armas para el logro de ese objetivo.

En esa lucha, Gobierno y Oposición deben permanecer unidos. Desde esta perspectiva, cabría entender que ETA persigue un cuarto objetivo con su comunicado, dividir a las fuerzas democráticas. Afortunadamente, este objetivo también se verá frustrado. Cabe suponer que el Gobierno ha aprendido bien la lección de la última “tregua” y que la Oposición ha comprendido (más vale tarde que nunca) que la lucha antiterrorista debe quedar al margen de la confrontación interpartidista. En ese contexto ETA sabe que con independencia de que gobierne el PP o el PSOE, el Estado de Derecho no va a ofrecerle recompensa alguna por el abandono de su actividad criminal.