El Parlamento catalán había intentado que las Cortes Generales le transfiriesen esa competencia por la vía del artículo 150. 2 de la Constitución Española pero las Cortes (por una abrumadora mayoría del 87 por ciento de los diputados) rechazaron esa petición. La Generalitat dice que las consultas previstas en la ley son diferentes de los referendos, pero según la acertada doctrina del Tribunal Constitucional, el nombre es lo de menos, y su carácter vinculante o no también es indiferente: siempre que se apele al cuerpo electoral en relación con un asunto político y se haga con unas garantías determinadas estamos ante un referéndum.

En el segundo de los recursos se denuncia la inconstitucionalidad del Decreto de convocatoria de la consulta del 9-N sobre el futuro político de Cataluña. La supuesta legalidad del Decreto se basa en la Ley de Consultas por lo que si la ley es inconstitucional (por invadir competencias del Estado) el Decreto automáticamente también lo es. Ahora bien, aun en el supuesto de que la Ley de Consultas no fuera declarada inconstitucional por entender el Tribunal que la Generalitat tiene competencias en la materia, el Decreto sería igualmente inconstitucional porque la concreta pregunta sometida a consulta es contraria al artículo 2 de la Constitución Española (soberanía del pueblo español) por referirse a una cuestión política que afecta a la totalidad de los españoles.

La presentación de los recursos ante el Alto Tribunal conlleva la inmediata suspensión de las normas impugnadas por un plazo de cinco meses. Es cierto, que mientras el Tribunal Constitucional no dicte su sentencia, la ley de consultas y el decreto de convocatoria gozan de una presunción de constitucionalidad, esto es, no son formalmente inconstitucionales, pero son normas suspendidas y que, por lo tanto, no pueden ser aplicadas. Desde una perspectiva jurídica (art. 161. 2 de la Constitución Española) hay que advertir que la Ley de Consultas y el Decreto de convocatoria al estar suspendida su vigencia no pueden producir ningún efecto jurídico. Y desde esta óptica, la campaña institucional y todos los actos preparatorios de la consulta deben cesar por carecer de cobertura jurídica.

Ante esta respuesta del Estado de Derecho, el presidente Mas ha tenido que admitir implícitamente que el 9-N no podrá celebrarse la consulta soberanista prevista por la Generalitat. ERC ha reaccionado airadamente y le ha reprochado que haya puesto “fecha de defunción” a la consulta. En realidad, la consulta nació ya muerta puesto que, a pesar del doble lenguaje empleado por el gobierno catalán, fue evidente, desde el principio, que nunca tendría lugar.

El decreto de convocatoria de la consulta establecía unos plazos para confeccionar el registro de participantes. Pero como el Tribunal Constitucional ha ordenado paralizar cualquier acto preparatorio de la consulta, las solicitudes de voto no pueden ser atendidas. Además, ningún registro de participantes tendría validez si no es supervisado por una Comisión de Control. En este sentido, la ley de consultas suspendida prevé la creación de esa Comisión con funciones similares a las de la Junta Electoral. El Parlamento catalán designó la semana pasada a los miembros de esa Comisión y el Presidente Mas firmó los decretos de nombramiento. En la medida en que estos decretos incumplen manifiestamente la orden de suspensión de la consulta dictada por el Tribunal Constitucional el 29 de septiembre, el Gobierno ha pedido ya al Alto Tribunal que anule dichos nombramientos.

En este contexto es más que evidente que no existe posibilidad jurídica alguna de que el 9-N se celebre la consulta. El Presidente Mas lo sabe y tiene ahora el deber de explicárselo a sus socios en este viaje a ninguna parte. Sin un registro de participantes y sin una Comisión de Control que supervise el procedimiento electoral, no puede haber consulta.

Algunos temen la posibilidad de que responsables políticos y funcionarios de la Generalitat incurran en un posible delito de desobediencia para sortear los obstáculos legales apuntados. Este escenario es poco probable, puesto que la pena de inhabilitación es suficientemente disuasoria. A fecha de hoy, ningún político o funcionario catalán ha incurrido –desde un punto de vista penal- en desobediencia alguna. El delito de desobediencia implica el incumplimiento de un mandato judicial expreso y exige por ello un requerimiento o apercibimiento al funcionario o cargo público en el que se le conmine a un comportamiento determinado. Ningún Tribunal se ha dirigido todavía ni a Mas ni a ningún otro responsable político catalán para formularle un requerimiento expreso. Pero si esos requerimientos tuvieran lugar y no fueran adecuadamente atendidos, la Fiscalía actuaría de inmediato.

Resultaría muy conveniente que el Tribunal Constitucional no se demorara en resolver y que lo hiciera, en todo caso, antes del 9 de noviembre. No cabe duda de que se trata de uno de los conflictos más graves de cuantos se le han planteado. La trascendencia del mismo exige que se le dé una prioridad absoluta en su tramitación y resolución. La incertidumbre generada por el proceso soberanista afecta a la estabilidad económica y financiera, debido a que genera desconfianza en los mercados y en los inversores internacionales. Corresponde al Presidente del Tribunal incluir los asuntos a tratar en el orden del día por lo que cabe apelar a su responsabilidad para que el conflicto que enfrenta a la Generalitat con el Gobierno de España sea resuelto con la máxima rapidez.

Y podemos fácilmente anticipar la respuesta del Tribunal Constitucional. El fondo del asunto es idéntico al que enfrentó al Gobierno y al Parlamento Vasco con los poderes centrales del Estado hace seis años, con ocasión de la aprobación de la Ley 9/2008 por la que se convocaba una consulta sobre el status político de la Comunidad Autónoma Vasca, el 25 de octubre de 2008. El 11 de septiembre de 2008, el Tribunal dictó sentencia por unanimidad, y anuló la ley por invadir competencias del Estado y por ser contraria a los fundamentos del orden constitucional (soberanía indivisible del pueblo español). El Tribunal puede limitarse a reproducir los argumentos contenidos en los Fundamentos Jurídicos de aquella sentencia para declarar la inconstitucionalidad de la consulta catalana. Por ello, a los dirigentes de ERC que reprochan al Presidente Mas que con sus declaraciones ha expedido el certificado de defunción de la consulta, conviene recordarles que esa certificación la emitió ya el Tribunal Constitucional hace seis años, y, precisamente, un 11 de septiembre. Se confirma el dicho de que los humanos somos la única especie que tropezamos dos veces con la misma piedra. El 9 de Noviembre será para Mas lo que el 25 de octubre fue para Ibarretxe.

Ahora bien, analizado el trasfondo jurídico del asunto, es evidente que el conflicto presenta otras dimensiones que no pueden ser soslayadas. La controversia jurídica analizada y sobre la que el Tribunal Constitucional tiene -en virtud de las reglas de juego por todos acordadas- la última palabra, es expresión de un problema político y social de notable envergadura. La pretensión por parte de partidos políticos con fuerte implantación en Cataluña y con una formidable capacidad de movilización –favorecida por el control de los medios de educación y de comunicación- de fragmentar el Estado. Existe el riesgo de que esos partidos no acaten las resoluciones del Tribunal. El Presidente Mas, que hasta ahora se ha pronunciado siempre a favor de cumplir la ley, deberá enfrentarse con toda rotundidad y contundencia a aquellos aliados y socios que, irresponsablemente, le incitan a situarse en una posición de rebeldía. El Gobierno de España –una vez neutralizada por el Tribunal Constitucional la consulta independentista- debe abrir un proceso de diálogo constructivo y leal con una Generalitat comprometida con el respeto a la legalidad.