Sin embargo, la ortodoxia económica camina aparentemente en dirección contraria, hasta el punto de que en la jerga propia de los economistas los términos “intervención estatal”, “gobierno público de la economía” o “planificación económica del Estado” se consideran prácticamente anatemas. La “autonomía de los mercados” frente a la interferencia pública, la “desregulación de las actividades económicas” y la presión fiscal a la baja, se siguen considerando factores inexorablemente positivos. “El dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos”, exhortaba hace escasos días el Presidente de la Comunidad de Madrid, presumiendo de liberalismo ortodoxo.

La realidad es que la economía está gobernada, intervenida e interferida en cada momento, si bien los poderes que la gobiernan, la intervienen y la interfieren no son fundamentalmente los poderes democráticos del Estado ni la lógica del interés general, sino otros poderes plutocráticos con complicidades espurias en la maquinaria estatal, que actúan conforme a intereses muy parciales. Y la realidad es que los mercados no son autónomos, sino que se administran desde posiciones oligopólicas al servicio de unos pocos. Y la realidad es que el dinero que no contribuye a financiar las políticas y los servicios del Estado para el conjunto de la ciudadanía no se queda “en el bolsillo de los ciudadanos”, sino muy mayoritariamente en las cuentas suizas de unos pocos acaparadores en una sociedad cada día más desigual e injusta.

Esta es la realidad que tiene que cambiar la política, interviniendo en la economía. La política es la disciplina que administra el espacio común que compartimos conforme a los propósitos y los valores de la mayoría. Si la economía es una herramienta fundamental para alcanzar los propósitos generalizados de una sociedad desarrollada y justa, y si los valores de la mayoría pasan por una mayor intervención pública en la economía, ¿por qué seguimos permitiendo aquello de la “autonomía de los mercados”? ¿Por qué seguimos permitiendo que los grandes intereses económicos gobiernen la política, en lugar de que la política democrática gobierne una economía al servicio de las mayorías?

La encuesta de TEMAS nos dice que durante la última década se ha incrementado notablemente el número de españoles que considera que “hay mucha desigualdad” (del 58,9% al 75,6%). Aún peor, se ha más que duplicado la cantidad de españoles convencidos de que “las nuevas generaciones vivirán peor que ahora” (del 23,9% al 58,5%). Es obvio que la ortodoxia económica neoliberal ha fracaso en el objetivo de proveer un desarrollo justo a la sociedad pero, a pesar de todo, la ortodoxia económica se percibe hoy más fuerte que nunca: en la “pirámide del poder” de la encuesta referida, los bancos aparecen como más poderosos que el Gobierno, y a la gran patronal se le atribuye más influencia que al propio Parlamento en el que reside la soberanía popular fruto del voto ciudadano. Las cosas están mal, pero seguirán mandando los de siempre, parecen decir los españoles.

Joaquín Estefanía recordaba hace poco que la lógica de las crisis del capitalismo financiero prácticamente no ha variado durante el último siglo, aunque su intensidad y sus consecuencias sociales se agraven con el paso del tiempo. En un primer estadio temporal, las empresas se endeudan con responsabilidad: los beneficios cubren intereses y amortización. En una segunda etapa, al calor de la revalorización de activos, las deudas crecen: los beneficios ya solo cubren intereses. En la tercera fase, las deudas se disparan, en la confianza de que el crecimiento de los activos será eterno: los beneficios ya no cubren ni el pago de intereses. Y en la última fase, los activos se deterioran y las pirámides financieras se derrumban, llevándose por delante la economía financiera, la economía no financiera, las empresas, el empleo, el bienestar social…

Si sabemos que esta lógica se repetirá una y otra vez, como en el clásico “Día de la marmota”, ¿por qué no hacer uso de la intervención del Estado para impedirlo? ¿Por qué aceptar sin más este cíclico desastre como si de una maldición bíblica se tratara? ¿Por qué asumir el coste terrible que estas crisis tienen para la mayoría, mientras los beneficiarios de siempre acomodan sus estrategias a cada fase del ciclo, contemplando las cifras de paro y pobreza como simples peones a sacrificar en un juego con ganador predeterminado?

El Estado debe intervenir la economía, conforme a los intereses generales y conforme a los valores de la mayoría. Y eso implica “rescatar” a las personas antes que a los bancos. Y eso requiere legislaciones laborales que protejan a los trabajadores del despido oportunista y la explotación salvaje. Y eso obliga a establecer una política fiscal que recaude más de quien más tiene y aporte más a quien más lo necesita. Y eso supone optar por unos modelos productivos que aseguren desarrollo y progreso, frente a otros modelos productivos que conllevan especulación y desigualdad. Y eso exige proteger y promover los servicios públicos que atienden el bienestar del conjunto de la población, combatiendo la pobreza y la exclusión soial.

Intervenir, planificar, interferir, gobernar. Claro que sí.