Por esa vía la actual democracia se puede ver abocada al deterioro y la deslegitimación, mientras que el poder de facto es ocupado por grandes intereses económicos, que no comparten ni practican la lógica básica de la democracia, de la comparecencia pública, de la transparencia, de la rendición de cuentas, ni de la honradez política. Algunos sectores de la actual élite política ni siquiera pueden entender que se cuestionen determinadas maneras de practicar la interpenetración entre los núcleos de poder económico y político. ¿Por qué ciertas grandes empresas y potentados no pueden financiar como quieran a determinados partidos, si son “los suyos”? –sostienen. ¿Por qué no obtener rendimientos y beneficios (mutuos) de las relaciones políticas, si la lógica del beneficio y de la competencia es lo propio del sistema económico imperante? –inquieren. ¿Acaso tienen que comportarse como unos tontos o unos ingenuos “franciscanos”?

Por eso algunos miembros del “establishment”, acostumbrados a mandar, a beneficiarse de sus prevalencias y a comportarse de acuerdo a principios clasistas y a patrones premodernos, se indignan ante las movilizaciones de una ciudadanía activa. Sobre todo cuando les toca a ellos directamente, o afecta a sus intereses.

En los años en los que se puso de moda el famoso “cobrador del frac” y otras versiones similares de “presión social”, nadie reclamó, ni se indignó, ni pidió a la policía que vigilara e identificaran a los que ejercían tales procedimientos de presión social orientados a señalizar y avergonzar a los incumplidores de las obligaciones económicas. Sin embargo, ahora algunos sostienen que lo que es legítimo, e incluso gracioso, para los que no pagan sus deudas económicas, no es tolerable en modo alguno para los que incumplen –o no pagan- sus obligaciones y deudas políticas; aunque la presión social se ejerza sin violencia alguna y con el adecuado respeto hacia las personas y sus familias. Barreras estas que una verdadera ciudadanía activa que quiera hacerse merecedora de tal nombre no debiera franquear.

El problema de fondo es que algunos sectores de las actuales élites políticas están tan imbuidos de la incuestionabilidad de sus derechos originarios –“de cuna”- para ejercer su poderío que no comprenden que se les pueda cuestionar públicamente. El suyo es un comportamiento tan netamente clasista y arrogante que no aceptan ser objeto de una crítica pública abierta. Desde luego, saben –porque no son tontos y siguen las encuestas- que sus comportamientos merecen juicios críticos y valoraciones cada vez más negativas por parte de la opinión pública. Pero intentan que dicho cuestionamiento permanezca circunscrito a la esfera privada y que no trascienda a la calle. Lo cual refleja el carácter privatista de sus concepciones políticas, que por esa vía puede acabar situándose en las antípodas de la lógica propia de una democracia de ciudadanos verdaderamente libres e iguales. También iguales en la capacidad de ser activos y poder manifestar públicamente lo que piensan. Es decir, a ejercer una democracia pública y no solo privada.

El quid de la cuestión estriba en que no estamos únicamente ante una cuestión de opiniones privadas, sino ante comportamientos reprobables que en otros ámbitos de la vida social y económica no serían aceptables y merecerían juicios bastantes más rotundos que aquellos que empiezan a manifestar algunos ciudadanos activos, que en realidad lo que están haciendo es trabajar por el bien común, por la honestidad de la política y a veces incluso por cuestiones de puro sentido común y de los más elementales valores de equidad y de humanidad, como ocurre con algunos desahucios inhumanos y contra-natura, que Bruselas también ha repudiado formalmente. Desde las páginas de TEMAS y de Sistema Digital llevábamos años clamando porque partidos como el PSOE enarbolaran esta bandera con claridad y rotundidad. Por lo tanto, ahora no podemos lamentar que diversos ciudadanos activos se hayan puesto manos a la obra, intentando remediar algo que -insisto- es de auténtico sentido común y que exige llegar a acuerdos y soluciones razonables y humanas.

En consecuencia, las movilizaciones de ciudadanos activos que están teniendo lugar deben ser motivo de satisfacción, por mucho que puedan darse incomodidades y situaciones que sería bueno que se produjeran con el mayor grado posible de autocontrol y sentido positivo, haciendo bascular en mayor grado las iniciativas activas sobre los argumentos y la pedagogía política.

Igual podríamos decir sobre otras iniciativas, calificadas como de “monotorización de los representantes políticos”, orientadas a obtener más información, más transparencia, más inter-actividad política y, sobre todo, mayor rendición de cuentas y más control sobre la veracidad de los compromisos políticos.

Desde luego, si la dinámica de la ciudadanía activa logra -aunque solo sea en parte- algunos de sus propósitos, nadie podrá negar que estaremos avanzando hacia una democracia de más calidad y de mayor fiabilidad. Lo cual obligará a los partidos y a los candidatos a ser más precisos y concretos a la hora de formular propuestas programáticas, y más rigurosos y veraces a la hora de cumplirlas. A partir de ese momento, si hacen o defienden realmente lo que dijeron o prometieron –aunque no nos guste a algunos- los ciudadanos activos poco más podrán hacer, salvo intentar mejorar sus capacidades persuasivas. Pero, realmente, ¿alguien se va a atrever a comparecer a las urnas haciendo promesas del tipo de las que están aplicando y apoyando determinados sectores de la derecha política? ¿Cuántos ciudadanos serios y mínimamente sensibles apoyarían con sus votos tales barbaridades?

En suma, habrá que estar atentos a estas tendencias y ser capaces de discernir el humo de la paja, poniendo cuidado en no dejarnos llevar por posiciones extremistas ni confundirnos por las cortinas de humo que intentan enmascarar el verdadero quid de la cuestión. Y, desde luego, también habrá que estar prevenidos por las posibles “desviaciones de tiro” que serán alentadas desde círculos interesados en intentar confrontar –y enfrentar- a muchos de estos ciudadanos activos con personas y organizaciones que no son ni de lejos los que están detrás de las barbaridades políticas y económicas y las falsificaciones actuales de la democracia. Pero ese es un problema diferente, un problema de inteligencia política, de visión estratégica y de sentido común.

Y frente a aquellos que intentan tratar las movilizaciones ciudadanas que están teniendo lugar como una simple cuestión de orden público solo caben dos preguntas. ¿Están convencidos de que van a solucionar los problemas que existen a base de porrazos y de intimidaciones propias de regímenes policiacos? ¿Acaso son tan ingenuos como para pensar que aquellos que lo están pasando mal, a veces muy mal, y que se encuentran ante medidas y comportamientos que viven como especialmente injustos y agraviantes se van a quedar cruzados de brazos y resignados ante su negro destino? Desde luego hay que ser bastante torpes e ingenuos para responder afirmativamente a estas dos cuestiones. Y ese es el problema político que tenemos en estos momentos. ¿Quién lo remediará y cómo lo hará?