Lo cierto es que se trata de una medida -como vemos nada original- que sólo puede facilitar aún más el despido, agravando el desempleo que puede superar, con medidas de esta naturaleza, más fácilmente la barrera de los cuatro millones de parados. En todo caso, se trata de una propuesta incomprensible en medio de la crisis, de marcado carácter ideológico, desprestigiada y agotada, y que responde al pensamiento liberal conservador principal impulsor de la desregulación de los mercados de capitales financieros y del mercado trabajo, y por lo tanto defensor de las políticas que han fracasado estrepitosamente en un mundo globalizado.

Lo que más llama la atención del pronunciamiento-hecho desde su condición de máximo responsable del Banco de España- es que no se ha pronunciado sobre otros asuntos más directamente relacionados con su propia responsabilidad: por ejemplo, explicando las causas de lo que está ocurriendo, con la actual regulación, en el sistema financiero internacional; elaborando un diagnóstico específico sobre la actual situación financiera en España, mencionando expresamente su opinión por el reparto de beneficios en las empresas- según CCOO se repartieron 11.518 millones de euros en dividendos en el primer semestre del año 2008 con cargo a los beneficios de 2007- y por los altos salarios y comisiones de los banqueros, verdaderamente escandalosos y suntuarios; reflexionando sobre el papel jugado por la Banca en el sector de la construcción y en el inmobiliario; posicionándose en torno al fraude fiscal y la economía sumergida; siguiendo el curso de las cantidades de dinero inyectadas por el gobierno para garantizar la liquidez del sistema financiero, ayudar al sector del automóvil, y al fomento de obras a través de los ayuntamientos, que traerá consigo el aumento del déficit y de la deuda pública en un contexto de desarme fiscal generalizado; o respondiendo también a la pregunta de cómo salir fortalecidos de la crisis con el menor costo social posible habiendo resuelto los problemas más urgentes de nuestra economía.

El gobernador y la CEOE deben saber que los sindicatos vienen exigiendo respuestas en las antípodas de su propuesta de reforma laboral planteando transformar los obsoletos servicios públicos de empleo, tanto estatales como autonómicos, para mejorar la intermediación y la recolocación de los trabajadores desempleados y, por supuesto, se pronuncian por la reforma de nuestro mercado de trabajo pero, en este caso, dirigida a reducir el exceso de desregulación que se ha traducido en el actual porcentaje de precariedad establecido desde hace años en torno al 30 por ciento (el 27,9 según la EPA del cuarto trimestre de 2008 )- prácticamente el doble que la media europea- y que afecta en estos momentos nada menos que al 57,4 por ciento de los jóvenes por debajo de los 25 años, y que en la práctica está facilitando el ajuste de las plantillas con un bajo costo, incluso con costo cero en algunas empresas, a pesar de lo que digan los empresarios (según CCOO, en el año 2008, la indemnización media “efectiva” por despido ha sido de 19,1 días por año trabajado), lo que ha terminado por configurar un mercado de trabajo dual que resulta además injusto y discriminatorio hacia las empresas con contratos estables. En este mismo sentido debemos lamentar la nueva desregulación oportunista propuesta por la CEOE, que plantea que los ERES no se sujeten a la aprobación de la autoridad laboral competente. Llama la atención esta propuesta sobre todo cuando, según UGT, el 89,4 por ciento de los expedientes de regulación de empleo se presentan con acuerdo sindical y solamente el 4,4 han sido rechazados en el año 2008, con lo que se demuestra que ese no es un problema real y, en segundo lugar, se reafirma la responsabilidad de los sindicatos y la sin razón de los empresarios en esta materia.

Otra reivindicación sindical se refiere a la implementación de las políticas activas de empleo que el Gobierno debe llevar a cabo de acuerdo con los interlocutores sociales explorando las potenciales bolsas de empleo susceptibles de crear puestos de trabajo (Ley de Dependencia y escolarización de niños de 0 a 3 años, sobre todo) siendo ello compatible con dotar de cobertura a los cerca de 900.000 trabajadores desempleados que no tienen en estos momentos ninguna prestación social y representan un problema social grave.

Lo mismo podemos manifestar sobre la política salarial para el presente año en base a la experiencia llevada a cabo en los últimos años de negociar de acuerdo a la previsión de inflación contemplada en los Presupuestos Generales del Estado y que los empresarios quieren romper unilateralmente después de haber obtenido importantes beneficios en los últimos años que no afloran por ninguna parte y de no haberse activado las cláusulas de revisión salarial en el pasado año, con una inflación media del 4,1 por ciento, lo que significará pérdida de poder adquisitivo para un número importante de trabajadores y contribuirá a deprimir aún más el consumo interno, de llevarse a cabo una política hostil hacia un aumento moderado de los salarios.

Pero, sobre todo, además de responder con eficacia al problema social que pueden estar generando las cifras del paro y la intransigencia empresarial en torno a los salarios, lo que resulta urgente en estos momentos es abrir un debate sobre la salida de la crisis respondiendo a los problemas derivados de nuestro modelo productivo basado en la especulación, el ladrillo, y en un exacerbado consumo interno que, no nos cansaremos de repetir, es lo que explica, con meridiana claridad, el mayor desplome del empleo en España en un contexto de crisis económica y financiera global que nos sitúa en la tasa más alta de la OCDE.

En este sentido es urgente perfilar, en la perspectiva del año 2020, las políticas a desarrollar en el sector industrial con el propósito de superar el dicho de que “la mejor política industrial es la que no existe” determinando qué política industrial queremos; en el sector del transporte potenciando el transporte de mercancías por ferrocarril aprovechando el marco de la liberación del sector y las nuevas infraestructuras ferroviarias de alta velocidad; en el sector energético impulsando las energías renovables de las que somos líderes mundiales en algunas de ellas; en el sector de las telecomunicaciones potenciando la sociedad del conocimiento y la comunicación en término real; en el sector servicios mejorando la logística y reduciendo los costos de intermediación y por lo tanto los precios finales; en el sector agrícola modernizando nuestros cultivos, resolviendo el problema del agua, y estudiando las posibilidades de la agricultura energética de cara al futuro, además de potenciar los productos agrícolas que pueden ser más competitivos en el marco de la UE; en el sector del turismo apostando por la calidad y la innovación en torno a nuestro patrimonio histórico y cultural; en el sector medioambiental cumpliendo con nuestros compromisos internacionales en emisión de gases contaminantes; y, todo ello, con el propósito de situarnos bien colocados y fortalecidos a la salida de la crisis.

La conclusión de esos debates nos debe conducir al abandono de las políticas encaminadas a competir con bajos salarios y con una baja protección social ( que se sitúan en la parte baja de la UE ) y con un alto índice de desempleo y de precariedad de nuestro mercado de trabajo ( en este caso, en la parte alta de la UE ) y, desde luego, nos debe encaminar a potenciar el valor añadido de nuestros productos y al desarrollo de políticas de innovación, investigación, diseño, organización del trabajo, y cualificación profesional, que nos sitúen a la cabeza de los países más competitivos en el contexto internacional.

Estos son los debates que tienen interés y que esperan los ciudadanos y, por lo tanto, que deba impulsar y liderar con decisión el presidente del gobierno y los responsables de los diversos ministerios; y en los que deben participar activamente la oposición, las comunidades autónomas y los interlocutores sociales. Esto sí que generaría confianza e ilusión renovada en el presente y nos ayudaría, lo que es más importante, a salir fortalecidos de la crisis.

Lo decimos porque las medidas que propugna el gobernador sobre el despido resultan improcedentes y estériles, no son de su incumbencia, y se ha demostrado que resultan poco eficaces, sobre todo cuando lo que se requiere en estos momentos son ideas para el futuro y no recordar recetas ya superadas en la práctica y que, además, nadie comparte… Ni siquiera el Gobierno que le propuso; que no lo olvide el Sr. Gobernador.