El artículo 62, letra i, de la Constitución establece que corresponde al Jefe del Estado: “Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la Ley, que no podrá autorizar indultos generales”. Como ocurre con el resto de actos del monarca, se trata de actos debidos o reglados respecto a los que carece de cualquier margen de discrecionalidad. El Rey está obligado a firmar todos los decretos de indulto que le traslada el Gobierno de la Nación, órgano al que la ley atribuye el ejercicio del derecho de gracia. La facultad de conceder indultos corresponde exclusivamente al Gobierno, y la ejerce a instancia del Ministerio competente, en este caso, el de Justicia.

Aunque el derecho de gracia es una reminiscencia del Antiguo Régimen en el que el Rey como soberano era el verdadero juez supremo, hoy en día todos los ordenamientos jurídicos recogen la potestad de indultar. En los Estados de Derecho la facultad de indultar se configura como una válvula de escape necesaria para evitar condenas injustas. Como el Código Penal no puede prever la justicia del caso concreto, en algunas ocasiones la estricta aplicación de la ley puede obligar, a juicio del tribunal sentenciador, a dictar penas desproporcionadas desde la perspectiva del valor Justicia. En esos casos, el indulto es justo y necesario.

Pero ninguna de esas circunstancias concurren en algunos de los indultos concedidos por el Gobierno a instancia del Ministro Ruiz Gallardón. El caso más llamativo ha sido el doble indulto concedido a finales del pasado año a cuatro ‘mossos d’esquadra’, condenados a cuatro años y medio de cárcel por torturar a un ciudadano detenido erróneamente. Y digo doble indulto porque a los torturadores primero se les concedió un indulto parcial y, como eso no les libraba de la cárcel, el Gobierno les otorgó un segundo indulto para permitirles eludir la prisión. Tratándose de un delito de singular gravedad y mostrándose en contra del indulto el tribunal sentenciador, se produjo un notable y comprensible escándalo que llevó -por primera vez en la historia- a que varios centenares de jueces presentaran un escrito (“Contra el indulto como fraude”) en contra de una medida que calificaron, con toda razón, de burla a la Justicia. Posteriormente, se han producido indultos a políticos condenados por delitos de corrupción y a conductores ‘kamikaces’ condenados por causar la muerte de personas inocentes. Se trata, insisto, de delitos graves y de casos en los que la pena no es ni desproporcionada ni injusta, sino absolutamente necesaria.

En mi opinión, la ley de indulto en su redacción actual tiene muy difícil encaje constitucional y debería ser urgentemente modificada. La ley de 1870 establecía en la redacción original (artículo 30) que la concesión de los indultos debía de realizarse en un “Decreto motivado y acordado en Consejo de Ministros”. En 1988 la ley fue objeto de una, a mi juicio, desafortunada modificación. Se cambió para que el indulto simplemente se concediera por “Real Decreto”. La supresión de la exigencia de motivación del indulto es contraria a la Constitución, que prohíbe terminantemente en su artículo 9 la arbitrariedad de los poderes públicos. Según la Real Academia de la Lengua, la arbitrariedad equivale a la decisión en contra de la justicia, la razón o las leyes. La prohibición constitucional de la arbitrariedad obliga directamente al Gobierno, como a todos los poderes públicos. La única manera de controlar las decisiones de los poderes públicos, para evitar que incurran en arbitrariedad, es que expliquen la razón de sus decisiones. En un Estado de Derecho no es admisible que el Gobierno pueda indultar a cualquier condenado sin argumentar las razones de su decisión. En la regulación actual del indulto, el tribunal y el fiscal tienen que informar motivadamente. No es razonable que solo el Gobierno esté exento de esta exigencia de motivación. Pero en todo caso, aunque incomprensiblemente la ley no exija que el Gobierno motive los indultos, este debe hacerlo por imperativo constitucional.

Una nueva regulación es la única forma de acabar con la injerencia legal del Gobierno en los otros poderes del Estado y de poner fin a la alarma social provocada por el indulto de prevaricadores, corruptos o torturadores. Corresponde a las Cortes Generales elaborar una ley que vincule el indulto a la opinión del tribunal sentenciador y que obligue al Gobierno a motivar la razón de que, en determinados casos, se impida el cumplimiento de sentencias firmes de los tribunales, que no otra cosa representan los indultos. Desde esta óptica, una regulación del indulto conforme con los principios constitucionales exige, por un lado, establecer la necesidad ineludible de que el indulto sea motivado. Por otro, y para que el requisito de la motivación no sea una mera formalidad, prohibir que pueda concederse el indulto en contra de la opinión del tribunal sentenciador. Finalmente, excluir del derecho de gracia determinados delitos que por su gravedad crean gran alarma social. Entre ellos deberían figurar algunos de los que en los últimos días han generado polémica (torturas, corrupción, o contra la seguridad vial con resultado de muerte). Con esta reforma el indulto seguiría siendo una facultad del Gobierno, pero una facultad limitada.

Pero no quiero dejar de apuntar que podría plantearse también como alternativa otra reforma más radical y avanzada, consistente en privar al Gobierno de la titularidad del derecho de gracia y atribuírselo, como ocurrió durante la II República, al Tribunal Supremo. Esta fórmula es la más respetuosa con el principio de división de poderes.

En un Estado Constitucional, el indulto es necesario como válvula de seguridad del sistema penal (puede servir para evitar el ingreso en prisión de un toxicómano ya rehabilitado, para evitar la aplicación de una pena desorbitada, etc.), pero no son admisibles los indultos arbitrarios concedidos a políticos corruptos, ‘mossos d’esquadra’ torturadores, o conductores ‘kamikaces’. Por esta vía, el Gobierno acaba configurándose como una cuarta instancia que corrige al Poder Judicial y deja sin efecto sus resoluciones. Esta situación es incompatible con los principios y valores de un Estado de Derecho.