El Juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha puesto fin a la instrucción del sumario relativo a los papeles de Bárcenas. En un extenso y bien fundamentado Auto, considera acreditado que el Partido Popular dispuso durante 18 años (de 1990 a 2008) de una caja b que utilizó para financiar campañas electorales, pagar sobresueldos a sus dirigentes y realizar obras en sus sedes. El juez afirma que “existen sólidos y fundados indicios” de que el Partido Popular se financió durante todo ese tiempo mediante “diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal”. Ahora bien, el juez limita las responsabilidades penales derivadas de esos hechos a seis personas: los extesoreros Bárcenas y Lapuerta, el exgerente Paez –a los que imputa la comisión de delitos contra la Hacienda Pública- y tres personas del estudio de arquitectura que realizó las obras en la sede central del Partido en la Calle Génova de Madrid, y cobró por ello más de un millón y medio de euros en dinero negro.

Algunos han considerado que la instrucción se ha cerrado de forma apresurada y diversas acusaciones han anunciado que recurrirán el Auto de Ruz para solicitar la imputación también de la Secretaria General del Partido Popular y de su antecesor en el cargo, habida cuenta que según los Estatutos del partido, dicho cargo tiene atribuida “la dirección de todos los servicios y la jefatura de su personal”. Ruz incluso ha archivado la imputación del exsecretario general, Ángel Acebes, por haber permitido que Bárcenas se apropiara de 150.000 euros de la caja b.

Por lo que se refiere a los posibles delitos de cohecho y prevaricación que pudieran derivarse de la concesión de la contrata de basuras a una empresa perteneciente al Grupo Sacyr-Valehermoso, quien presuntamente habría entregado 200.000 euros para sufragar la campaña del Partido Popular en las elecciones autonómicas de Castilla-La Mancha, Ruz ha decidido abrir una pieza separada y remitirla a los Juzgados de Toledo. El Juez Ruz no ha archivado la causa puesto que observa “indicios de un presunto delito de prevaricación en la fase de ejecución del contrato de basuras”.

La lectura del Auto pone de manifiesto que el Juez ha sido extremadamente prudente y que se ha ceñido exclusivamente a los hechos que ha podido acreditar. En todo caso, lo que no se puede olvidar es que el Juez Ruz no disponía de más tiempo puesto que el Consejo General del Poder Judicial decidió sacar a concurso, de forma anticipada, la plaza que ocupa en comisión de servicios, pero no porque lo pidiera el titular de la misma -que sigue como Juez de Enlace en Londres- sino para que fuera cubierta por otro juez nuevamente en comisión de servicios. Si Ruz no hubiera dictado ahora el auto de incoación, la causa hubiera sufrido una grave demora.

Por otro lado, la instrucción ha sido muy complicada y se ha demorado básicamente por una razón: la actitud obstruccionista del Partido Popular y de la Agencia Tributaria. El primero destruyó la principal prueba: los discos duros de los ordenadores de Bárcenas. Ruz ha abierto una pieza separada por este delito de destrucción de pruebas.

Con todo, lo más grave ha sido la actuación de la Agencia Tributaria. El juez, de la misma forma que el Ministerio Fiscal, considera que el Partido Popular habría debido tributar por las cuantiosas donaciones ilegales percibidas. Frente a esa tesis, la Agencia Tributaria sostiene que todas las donaciones están exentas. Tanto las legales como las ilegales. Algunos dirigentes del Partido Popular han comparado las donaciones ilegales recibidas de grandes empresas españolas con las que pueden efectuarse a favor de Caritas. Según esta asombrosa teoría, el pago de sobresueldos a algunos dirigentes del partido es una función propia del partido como entidad sin ánimo de lucro, similar a la que realiza Caritas de asistir a quienes se encuentran en situación de indigencia. Al margen de la falta de sensibilidad que subyace en esa peregrina interpretación, es preciso señalar que se trata de un criterio que contradice expresamente la ley y las resoluciones de la Dirección General de Tributos. El juez Ruz solicitó por ello a la Oficina Antifraude que calculara la cuantía de la cantidad defraudada por el PP en 2008. Esto provocó un grave enfrentamiento entre la Agencia y el juez. La directora de la oficina se negó a hacer el cálculo, reprochó al juez su falta de competencia para revisar sus criterios, y en una actitud de manifiesta rebeldía, le instó a que pidiera esos datos a órganos ajenos a la Agencia Tributaria. En ese contexto de desobediencia, Ruz recordó a la directora que España es un Estado de Derecho y que la Constitución obliga a todos a colaborar con el Poder Judicial. Ante el requerimiento, y para evitar ser imputada por desobediencia, la directora facilitó el cálculo pedido: el Partido Popular defraudó, en 2008, 220.000 euros, esto es, 100.000 más que el tope establecido como delito fiscal.

La actuación de la Agencia Tributaria resulta francamente sorprendente. En primer término, porque en lugar de velar por el interés general, defiende un criterio contrario a la jurisprudencia, a las resoluciones de la Dirección General de Tributos, a la mantenida por el Ministerio Fiscal, y al sentido común, con el único objeto de favorecer las tesis de un partido político. En segundo término, porque un órgano del Estado, ha obstaculizado una investigación judicial y desafiado abiertamente al Poder Judicial.

Este es el contexto en el que hay que valorar la instrucción realizada por Ruz. Por un lado, forzado a concluir antes de que en abril se hiciera efectivo su cese anticipado; y, por otro, teniendo que enfrentarse a la actitud obstruccionista del Partido Popular y de la Agencia Tributaria.

En este sentido, una de las principales lecciones que podemos extraer de tan lamentables episodios es la necesidad de modificar el diseño de la Agencia Tributaria. Se trata de una Institución esencial para el funcionamiento del Estado, y que no debe ser instrumentalizada por el Gobierno de forma partidista. Hechos como el que comentamos, y otros recientes, ponen de manifiesto que, sin embargo, eso es lo que ocurre. El hecho de que los nombramientos de todos los cargos directivos de la Agencia dependan del Gobierno facilita esa instrumentalización. Urge por ello modificar el diseño de la Institución para garantizar su independencia. La propuesta anticipada por el PSOE hace unos días de exigir que el nombramiento del Director de la Agencia se atribuya al Congreso de los Diputados por una mayoría de tres quintos y de otorgarle un mandato de seis años va en esa dirección. Esa reforma impediría que el Gobierno de turno pudiera instrumentalizar la Agencia –como lo ha hecho en el caso de los papeles de Bárcenas- en beneficio propio. Y evitaría espectáculos penosos como el de una directora de la Agencia Antifraude negándose a colaborar con el Poder Judicial en la investigación de un delito fiscal. De esta forma, el Estado de Derecho saldría reforzado.