Durante la Restauración, Cataluña fue consciente de su importancia y se esforzó por desarrollarse para lograr unos niveles de bienestar que otras regiones españolas ni pudieron ni supieron obtener. Bien es verdad que para ello contó con el apoyo de los gobiernos de la Monarquía que nunca dudaron en atender las peticiones fiscales y de otro orden, procedentes de Cataluña. Pero, como ocurre con frecuencia, el saberse importante o casi indispensable conduce a elevar el listón de las exigencias. Y así sucedió, cuando un segmento de la burguesía catalana abrazó los contenidos de las Bases de Manresa de 1892, que son la primera formulación nacionalista de Cataluña. A partir de ahí, una parte de las clases sociales ilustradas catalanas se introduce en el romanticismo nacionalista, creando dudas sobre el porvenir de Cataluña en España. La cuestión catalana, trufada de nacionalismo y anarquismo, se convirtió entonces en uno de los elementos de la crisis de la monarquía de Alfonso XIII, hasta el punto de situarse en el epicentro de su hundimiento.

La Segunda República española fue generosa con Cataluña: las Cortes Constituyentes aprobaron en septiembre de 1932 su primer Estatuto de Autonomía, que pretendía dar satisfacción a las aspiraciones catalanas, sin poner en riesgo la unidad española. Pero tal objetivo no se consiguió: la deslealtad del nacionalismo catalán para con la República es un hecho histórico, demostrativo además de su cortedad de miras y de la ignorancia sobre el contexto social y político en el que pretendía desarrollarse el régimen republicano.

Como la inteligencia y la capacidad innovadora no son fáciles de eliminar, Cataluña tuvo de nuevo la oportunidad de situarse a la cabeza del crecimiento económico de España, cuando se inició la liberalización de la economía en los años 60 del siglo pasado, en pleno franquismo. Fue tierra de promisión y acogida para cientos de miles de españoles de otras regiones, que buscaban salir de la penuria de sus lugares de origen. El bienestar y la laboriosidad de los catalanes eran un ejemplo a imitar.

La Constitución de 1978 permitió a Cataluña la obtención de su segundo Estatuto de Autonomía, también amplísimo de facultades. Eso ha estado unido a un apoyo inequívoco a las tesis nacionalistas por parte de los gobiernos españoles que, a lo largo de estos treinta años, han permitido que el nacionalismo parezca la única expresión legítima de Cataluña. En ese altar nacionalista se han sacrificado la pluralidad y la tolerancia propias de cualquier sistema democrático. El nacionalismo, que ha logrado incorporar a sus tesis al socialismo catalán, ha sido dueño y señor de los destinos de Cataluña, disponiendo de los presupuestos y las capacidades suficientes para procurar su desenvolvimiento y bienestar, que es lo que cabe esperar del poder público. Pero no ha sido así. Se insistió en la huída hacia delante de fabricar un nuevo Estatuto, ahora en entredicho, no solo por el fallo del Tribunal Constitucional, sino por la deprimente realidad de la economía y las finanzas españolas.

El estallido de la crisis económico-financiera hace tres años, nos ha puesto a todos ante una Cataluña gravemente dañada en su economía y en su calificación de riesgo financiero, y con déficits inquietantes en materia de cohesión social. Nada que ver con la imagen de prosperidad y apertura, que siempre tuvo entre los españoles. En mi opinión, ese es uno de los hechos más relevantes de la política española reciente, porque pone de manifiesto adonde conduce la renuncia a gobernar, pensando en el futuro y el interés general, cambiándola por prioridades de nacionalismo virtual, que ha conseguido fagocitar al socialismo catalán, a las que se ha venido dedicando tiempo, esfuerzo y dinero. Han sido largos años de inacción en los que es cierto que bastante responsabilidad incumba a los gobiernos españoles; pero la mayor de ellas corresponde a los políticos catalanes que no han estado a la altura de sus responsabilidades. Y eso que los ciudadanos catalanes vienen avisando de su insatisfacción: elección tras elección, con referéndum de por medio, los niveles de participación son cada vez más escuálidos y nadie se quiere dar por enterado.

Por eso resulta desalentador comprobar el empecinamiento de muchos de los responsables del desaguisado, que perjudica notablemente el futuro de su propio país y del conjunto de España, en achacar sus fracasos a la malquerencia de los demás o al Tribunal Constitucional. Serían las típicas excusas de mal pagador, si no fuera porque a renglón seguido se proponga insistir en atender la enfermedad con recetas rancias y poco realistas, que ya no satisfacen ni a sus menguantes clientelas electorales.

Creo que vale la pena que en Cataluña, y también en el resto de España, se reflexione sobre la triste realidad actual, como prueba de que el poder público tiene que gestionar adecuadamente los intereses de sus ciudadanos, y no dedicar el esfuerzo y el dinero de todos bien a fabricar Estados bien a construir realidades nacionales.