Ni se me ocurriría opinar a mi sobre si una cadena perpetua debe, o no, ser perpetua o solo un poco perpetua, ni si debe regularse su perpetuidad mediante revisiones periódicas. Para eso hace falta tener estudios y yo no los tengo.
Lo que me preocupa es que iniciativas como la del Partido Popular, plenas de oportunidad, se pierdan en la maraña normativa de las Cortes Generales. Porque tal iniciativa, si se produjera, debería pasar por un rosario de trámites contando con la presentación en Registro, su traslado a los Grupos, los informes, toma en consideración, comisión, pleno, etc. Y luego el Senado. Para cuando se cumplieran todos esos trámites, el Rafita ya sería Don Rafael y, seguramente, nadie se acordaría de él.
Sin embargo, si existiera un órgano ad hoc, cuyo nombre ya lo pondría la Dirección General de Poner Nombres pero que, de momento, podría llamarse el Legislador de Guardia, este problema de responder a una iniciativa express con una tramitación cansina, no existiría.
Un Legislador de Guardia, con servicio de 24 horas, podría responder con inmediatez a iniciativas de gente con reflejos como los que ha demostrado el Partido Popular. Y, además, debe ser posible hacerlo porque, si los diputados van a obligar a los jueces a resolver en cuatro días los conflictos en materia de propiedad intelectual en Internet, no van a poder negarse a, ellos mismos, trabajar con la celeridad que piden a los demás.
Tampoco debe pensarse que este Legislador de Guardia tendría poco trabajo: si ya son frecuentes los casos en que, hasta ahora, se han propuesto normas al hilo de la más rabiosa actualidad, la creación de un órgano de este tipo incentivaría la iniciativa de los grupos políticos hasta, muy posiblemente, cosas absolutamente peregrinas.
Por último, y desde el punto de vista de las garantías administrativas, nadie debería preocuparse ya que, combinando la inmediatez legislativa con los plazos del Tribunal Constitucional, a donde muy posiblemente llegarían todas esas iniciativas express, estarían asegurados unos plazos muy razonables de entrada en vigor de las mismas.
