Los avances tecnológicos constituyen una conquista inexorable para el desarrollo social y económico, con implicaciones muy positivas para la propia cultura. Los nuevos soportes digitales, como los iPad, los iPhone o los libros electrónicos, además del funcionamiento mágico de Internet, abren un mundo de posibilidades extraordinarias para autores, editores y lectores. Las capacidades de conectividad, de almacenamiento y de tratamiento de textos en estos soportes les proporcionan un atractivo irresistible para un número cada vez mayor de personas.

El objetivo a lograr ahora consiste en aprovechar todas estas ventajas tecnológicas sin ocasionar perjuicios graves para quienes trabajan cada día en la creación y producción de los contenidos culturales. La idea falsa del “gratis total” que ya se ha generalizado en relación a la música y el cine, podría poner en jaque una actividad, la del libro en España, de la que depende buena parte de nuestro producto interior, de nuestra industria, de nuestras exportaciones, de nuestro empleo… Amén de la panoplia de profesores, de investigadores, de periodistas, de artistas, que aspiran a seguir viviendo de su trabajo, aunque sea modestamente.

Urge un acuerdo entre los representantes de los intereses en liza, los operadores tecnológicos, los “buscadores”, los creadores de contenidos y los propios usuarios fundamentalmente. La industria tecnológica debe promover modelos de negocio en Internet que sean compatibles con el respeto a los derechos de autor. Y el mundo de la creación cultural ha de acomodar sus dinámicas y sus precios a las condiciones de la nueva era digital.

Unos y otros tendrán que hacer esfuerzos, porque a unos y a otros les va mucho en el asunto. O los “digitales” colaboran en la protección razonable de los derechos de autor o pronto no tendrán contenidos que vender en sus fantásticos canales de comunicación. O los “creadores” se adaptan a las demandas de la red o la realidad les pasará por encima como una locomotora. Por ejemplo, no es razonable que algunas editoras se empeñen en vender libros en la red a un precio similar al del papel, entre otras razones porque los costes de producción y distribución no son evidentemente los mismos.

El proyecto de Ley de Economía Sostenible que se está debatiendo en el Congreso incorpora un instrumento que puede ser útil para este propósito. Esta Ley crea una Comisión de Propiedad Intelectual con capacidad para identificar y bloquear las webs que distribuyen productos piratas con ánimo de lucho, siempre con autorización judicial. El desarrollo reglamentario de esta disposición puede ser una buena oportunidad para concretar ese esfuerzo de concertación que la sociedad española reclama a creadores y operadores tecnológicos.

El matrimonio entre el mundo digital y el mundo del libro no tiene por qué constituir una amenaza para nadie, sino una gran oportunidad para el desarrollo mutuo.