Una vez difundido que el órgano judicial colegiado -y no Valldecabres- consideró que los hechos no podían ser constitutivos de delito, enseguida se puso el grito en el cielo contra la resolución judicial desde los medios más próximos al Partido Popular. Y, sin solución de continuidad, se emprendió el linchamiento de la jueza: que si fue asesora de ministros socialistas, que si participa en seminarios y cursos del PSOE, que si, en fin, es una radical pro-abortista. El caso ha sido descalificar a esta magistrada no tanto -que también- por el criterio jurídico sostenido en la resolución, como por su trayectoria anterior. Y en este despropósito mediático se llega a confundirlo todo y a mal informar tendenciosamente a los ciudadanos. Algunos así reclaman que un integrante de la carrera judicial que haya ocupado puestos políticos no pueda regresar al ejercicio de la jurisdicción. Una teoría que incluso podría llegar a compartir, pero que sencillamente no se cumple ni es cierta en el caso de Isabel Valldecabres. Porque, en primer lugar, ella no pertenece a la carrera, es una experta penalista, que ha sido designada magistrada suplente en razón a las necesidades del servicio, por medio de un nombramiento legal y de duración temporal. Y, por otro lado, Valldecabres no ha ocupado jamás ningún alto cargo político: sólo ha sido asesora ministerial de la misma manera que lo han sido cientos, y que lo son ahora otros tantos. Lo que no supone ni implica una insoportable contaminación partidista, tal como se pretende hacer llegar a los ciudadanos.
Pero la cuestión es más grave cuando se pone en la palestra ante la opinión pública la credibilidad misma de la Justicia, con barbaridades tales como que los jueces “legitiman la violencia”. Además, muchos que hablan y escriben de tribunales en los medios deberían saber que cualquier proceso está condenado a no llegar jamás a la verdad. A lo sumo puede aproximarse. Y rara vez los mismos hechos, cuando su luz es demasiado intensa, ciegan al tribunal, como fue este caso. Pero, por más que se insista no van a entender que los jueces no valoramos verdades predeterminadas desde las redacciones de los periódicos o los platós televisivos, sino comportamientos antijurídicos. No respetan a la justicia cuando anteponen los legítimos criterios de cada cuál para poder reclamar en cada momento toda severidad y firmeza de la ley. Pero, juzgar no es únicamente castigar, ni siquiera prevenir. Juzgar en una democracia avanzada es también comprender. En una palabra: tolerar; y tolerar más a quien menos nos parecemos.
