Además, el cambio de ciclo económico nos ha cogido en unos momentos en los que estaban aflorando problemas entre varios sectores de los funcionarios públicos, cuyos incrementos salariales suelen verse bastante castigados en períodos de crisis. En estos momentos, los funcionarios de varios departamentos ministeriales están planteando quejas y reivindicaciones que tienen su raíz en lo peor que puede ocurrir en la función pública: el agravio comparativo. Las diferencias en las retribuciones que los funcionarios suelen tener en una u otras Comunidades Autónomas, junto a los niveles críticos de algunas de las categorías más bajas, conforman un caldo de cultivo de malestar que puede acabar traduciéndose en reacciones y protestas, que a su vez repercutirán en el buen funcionamiento de los servicios públicos.

Lo ocurrido con los funcionarios de Justicia es un ejemplo de este malestar, al que empiezan a sumarse también funcionarios de Hacienda, de Educación y de Sanidad. En algunos casos, como en Sanidad, el malestar y las protestas tienen su origen en percepciones de un deterioro de la calidad de los servicios públicos. En la Comunidad de Madrid este sentir se refleja muy claramente en lo que ocurre en Sanidad y en Educación infantil, donde padres y educadores están coincidiendo en una dinámica de protestas que puede ir en aumento.

Especial atención habrá que prestar a lo que puede ocurrir en educación, donde algunos tenemos la impresión de que empieza a anidarse un sentimiento subyacente de malestar que no se sabe cómo acabará manifestándose. En este caso, a los agravios e insuficiencias salariales, se unen factores de confusión y desánimo conectados con los continuos cambios en las legislaciones educativas, con desacoples de competencias, con la forma en la que se están haciendo las adaptaciones al modelo Bolonia en educación superior, con lo que algunos entienden que es un cambio regresivo en el paradigma educativo de la Universidad, con la opacidad –e incluso regresión– en los mecanismos de selección del profesorado y con la insuficiencia de los medios económicos destinados a educación (recuérdese que España está en la cola de gasto educativo en porcentaje del PIB entre los países de la OCDE, sólo con Turquía y Grecia por debajo).

Todas estas tendencias configuran un panorama delicado, de forma que si prende la mecha de la protesta se pueden acabar dando movimientos de efectos imprevisibles, especialmente en una coyuntura económica delicada. El problema es que las cosas vienen dadas en una determinada forma por razones complejas y diversas que, eventualmente, no será fácil abordar de manera rápida y simultánea, como podría ser necesario. ¿Se trata de exageraciones improbables? ¿Se están detectando estos movimientos desde las esferas de gobierno? ¿Se están haciendo previsiones? ¿Qué harían los sindicatos ante dinámicas sociales simultáneas del tenor de la ocurrida en Justicia? ¿Qué grado de coordinación y de intencionalidad política podrían tener –o adquirir– un conjunto de protestas de esta naturaleza?