Algo viene ocurriendo en el sistema financiero, que no es otra cosa, que la percepción de que los bancos carecen de capacidad para absorber las pérdidas que han contraído. Debido a ello se han bloqueado los mercados de financiación. Desde hace algunos años vivimos en un contexto de generalizada y creciente desconfianza entre las entidades financieras, que se manifiesta en el bloqueo del interbancario. El peso de la financiación doméstica se ha elevado, dando origen a una nacionalización de la operativa interbancaria que no existía tiempo atrás.

Algo parecido viene ocurriendo con la financiación mediante emisiones de deudas corporativas, en los mercados mayoristas, donde las reducciones vienen siendo crecientes. Bruscamente crecientes. Claro está que esta tendencia es más nítida allí donde la crisis soberana es más destacada.

Estrangulados el interbancario y los canales de financiación mayorista, queda poco más que recurrir masivamente a las facilidades otorgadas por el BCE, aunque depender de un único suministrador siempre resulta extraordinariamente arriesgado.

Había que aumentar el capital de los bancos; aparecieron mayores exigencias regulatorias y los propios mercados empezaron a caminar en esa dirección. Ahora bien, cómo debería hacerse esa recapitalización no era una tarea sencilla, aunque muchos la entendían como imprescindible para generar la confianza necesaria.

Los ritmos de la recapitalización

Para hacernos entender con facilidad señalaré que la resolución de las crisis bancarias puede llevarse a cabo por dos vías:

– Vía rápida, a través de la cual afloran de golpe los impactos inmobiliarios en los balances bancarios, llevándose a cabo de forma inmediata la recapitalización de las entidades financieras. Así se actuó en los EE.UU, Inglaterra e Irlanda.

– Vía lenta, ya que se reconoce poco a poco el problema que el inmobiliario crea en el balance de los bancos. Las entidades reflejarán, sin lugar a dudas, esos impactos pero tardarán años en culminar la operación. Japón y España han sido el exponente de esta segunda vía, quizás debido a las carencias de capital público para efectuar la recapitalización; quizás por la creencia de que la crisis se solventaría, con rapidez, por lo que pronto se dispondrían de los recursos privados suficientes para recapitalizar las entidades, sin tener que apelar en exceso al contribuyente.

Las prácticas utilizadas han sido varias:

– Los inmuebles no se valorarían a precio de mercado, puesto que se decidió optar porque el valor contable de los mismos decayera lentamente.

– Los créditos a los promotores inmobiliarios se renovaron con más facilidad que lo hacían en el resto de las entidades económicas solventes.

En España se recurrió a eso que se denomina créditos subestándar, que los bancos y las cajas manejan con discrecionalidad. Los subestándar no eran exclusivos del sector inmobiliario, aunque se concentraron abundantemente en él. Se trataba -y se trata- de un crédito que aparentemente está al día, pero en torno al que existe una alta posibilidad de que entre en mora.

– La financiación fue amplia porque el sector bancario realizó una apelación intensa al ahorro externo, colocando deuda bancaria española en los mercados de capitales europeos.

Si en un primer momento funcionó el sistema de acceso a los mercados mayoristas internacionales, la cosa cambió cuando la crisis produjo una pérdida de confianza. Los inversores extranjeros dejaron de prestar dinero a las instituciones bancarias españoles, quienes, como se ha señalado, se vieron obligadas a tener que buscarlo en el BCE.

En España, la resaca del boom inmobiliario ha ido dejando en poder de los bancos unos activos que cada vez valen menos, por lo que en los balances bancarios se produjo una especie de aluminosis. La gama de activos inmobiliarios problemáticos estaba integrada por bienes y servicios de muy diversa procedencia. Casi todo ellos fueron recibidos en pago de deuda no satisfecha, relacionadas con el suelo, las construcciones y las promociones, cuyo valor en libros por ser irreal resultaba necesario desinflar.

Los tres decretos leyes del PSOE y los dos decretos leyes del PP se dirigieron a hacer frente al problema de las provisiones. Hubo más celeridad e intensidad en los dos últimos, en los de febrero y mayo de 2012, donde se identifican esos activos a la vez que se aumentaron los porcentajes de provisiones que había que efectuar en ellos.

Después del endeudamiento y de las provisiones, hay un tercer factor que hay que tomarse en consideración: las fusiones que vienen produciéndose. En España hay un criterio que lleva demasiado tiempo manejándose, la creencia de que de la actual situación se sale con más facilidad si las entidades adquieren mayor dimensión. Ese criterio no tiene en cuenta sus características. Que sean más o menos complementarias y que la nueva entidad que se constituya acumule una cantidad correcta o indebida de activo tóxicos.

La opción por las fusiones se ha venido apoyando en la pretendida existencia de sinergias, que pueden alcanzarse con facilidad consiguiendo una mayor dimensión, hecho que se traduciría en una mejor estructura de costes. Es una manera de verlo, otra distinta se sitúa en el análisis de la calidad de los balances bancarios. En Japón el criterio de masa no funcionó. Lo que funcionó fue la nacionalización de los bancos peores, la recapitalización del resto junto con la obligación de provisionar los riesgos que se había contraído.

Bankia: un giro radical

Así estábamos hasta que estalló el ovillo de las cajas que dieron origen a Bankia. Fue algo extraordinariamente importante que ocasionó una profunda alteración en el proceso que se había llevado hasta ese momento. Resultó preciso el proceder a anunciar que se iban a realizar aportaciones de capital en esa entidad. Ello era debido al agravamiento de la situación de los bancos con problemas, como consecuencia de que la recesión de la economía española se acentuaba.

Por lo tanto, los hechos pusieron de relieve que las fusiones llevadas a cabo para crear una entidad mayor que absorbiera mejor las pérdidas se habían venido abajo.

Dos preguntas podían formularse:

– ¿Tiene el Gobierno el dinero suficiente o la capacidad para endeudarse precisa para inyectar recursos con los que hacer frente a las recapitalizaciones necesarias?

– ¿Los hay en otros ámbitos de la sociedad española?

El sector público no se encuentra en una situación presupuestaria desde la que poder realizar un esfuerzo de recapitalización como el que se requiere en este momento. Sobre él se vienen acumulando demandas que elevan con bastante rapidez el volumen de su endeudamiento.

En el sector privado tampoco parece que exista mucha capacidad para movilizar recursos. En los diversos episodios que, en la ordenación bancaria se han vivido, lo único que se ha puesto de relieve es su predisposición a llevarlos a término, en un contexto de operaciones de ingeniería financiera, pero en las que el dinero no aparece por ninguna parte.

Un hecho quizás anómalo había sucedido. En los últimos cuatro años los bancos españoles habían vivido sin grandes sobresaltos. Pero Bankia originó un giro radical de la situación. Perdida la placidez, nos encontramos con que el Gobierno en España reaccionó con indecisión; aunque quisiera o no quisiera, las cosas habían llegado a un punto que no tenía retorno. Estábamos obligados a afrontar el reto de sanear los activos en poder del sector bancario español.

Señalo el quiebro que acababa de producirse, porque en 2008 fueron varias las naciones europeas que decidieron dar un paso en la dirección, recapitalizar esa parte de sus instituciones afectadas por profundas caries.

En España no hicimos lo mismo, optamos por aplazar la cuestión. Eso sí, asumimos el riesgo de situarnos al borden del precipicio; decidimos encadenar reformas tras reformas, sin llevar a cabo una completa resolución bancaria. Han sido los hechos los que nos han puesto en manos de las autoridades europeas, quienes están promoviendo cambios acelerados que terminarán produciendo una nueva realidad en el sistema financiero español.

Mientras esto ocurre, o quizás porque esto ocurre, el saneamiento debe continuar de forma rápida y contundente. Su objetivo no puede ser otro que el que se consiga una mayor estabilidad del sector financiero para poder disponer de unos bancos capaces de normalizar el flujo de crédito a las actividades productivas.

¿Puede España manejar este problema por sí sola?

Esta pregunta se la formularon las autoridades europeas, quienes llegaron a la conclusión de que resultaba necesario eliminar riesgos, recapitalizar y reestructurar parte del sistema financiero español, con el fin de que se evitara un grave daño sistémico en toda Europa.

La Comisión Europea y el BCE solicitaron a las autoridades españolas que llevaran a cabo una limpieza del legado de activos, mediante la puesta en marcha de planes de liquidación.

Para ellas, algunas entidades son demasiado débiles para afrontar las pérdidas que se generarán cuando se valoren correctamente sus bienes, cuando se contabilicen las nuevas provisiones de capital, o cuando se tenga que tomar en consideración los efectos que la recesión ocasiona en la calidad de sus carteras.

Eso, junto a otras consideraciones, les llevó a sostener que España no podía hace frente sola a esta situación, por lo que les pareció más adecuado proceder a un rescate bancario con fondos europeos.

Las condiciones

A las entidades que reciban ayudas se les impondrá unas condiciones severas y exigentes, que en algunas ocasiones llegaron a extenderse al conjunto del sector bancario. Las que hasta ahora se han conocido forman parte de lo que suele denominarse recetas de manual, aplicables en los procesos de resolución de las crisis financieras (Carbó).

El elenco lo integran: el banco malo, las mayores exigencias de disciplina y exigencia, una política de retribuciones y de dividendos extraordinariamente estricta; una mayor discriminación entre entidades según sea su viabilidad y la asunción de parte de las pérdidas por los tenedores de bonos de esas entidades financieras. A esto ha de añadirse una política de desinversión en activos no esenciales, junto con una reducción expresa en la participación que estas entidades problemáticas tienen en todo tipo de empresas, incluidas sus propias filiales bancarias.

La condicionalidad alcanza, en ocasiones, a la totalidad de los bancos del sector, quienes habrán de estar obligados a tener un ratio de capital del 9% hasta 2014, cifra que solo era exigible a los bancos sistémicos (los cinco más grandes).

Una de las novedades del Memorando es la creación del “banco malo” al que se transferirán los activos problemáticos de las entidades que reciban ayudas. Se sacan del balance, yendo a parar esos activos a Sociedades Gestoras de Activos, que serán las encargadas de realizarlos en el mercado.

Los activos problemáticos o tóxicos están integrados por los créditos que esos bancos concedieron: a sus inmobiliarias, a las constructoras que han resultado incapaces de devolver, a otras empresas en el sector, a proyectos irrecuperables y, por último, a aquella parte del parque inmobiliario recibida en pago de deudas no satisfechas.

La transferencia se efectúa a valor razonable, un valor a medio plazo, sin que tenga que ser en sentido estricto el valor del mercado.

Una vez que se les libera de esa carga, los bancos quedarán mucho más limpios, por lo que sus necesidades de capital, así como las provisiones que tengan que contabilizar serán menores. Por tanto, la constitución de esas Sociedades Gestoras de Activos ayudarán a normalizar la situación.

El valor de los activos a realizar, el ritmo que se le imprime a esta operación y los precios a los que se vendan son elementos importantes, pero todas ellas aparecieron en anteriores crisis bancarias y se superan con éxito.

Por último

Durante toda mi argumentación he venido diciendo que en los balances de los bancos abunda la toxicidad, el que así sea limita su capacidad para poder suministrar crédito a la economía real.

El profesor Costas se preguntaba, en las páginas del suplemento Negocios de El País, qué es lo que ha producido semejante colapso: “Las prácticas que han llevado a cabo una buena parte de las cajas y bancos en los años de euforia cuando el crédito corría abundante y barato. Prácticas que no fueron detectadas y erradicadas por los supervisores públicos (el Banco de España, la CNMV, el Gobierno y los Gobiernos autónomos)”.

El listado que hace de esas prácticas abarca un amplio tipo de conductas: la negligencia profesional; el mal cálculo del riesgos inmobiliario; la imprudencia en la concesión de créditos; las elevadas retribuciones y, especialmente, las compensaciones en forma de indemnizaciones y pensiones millonarias, injustificadas en cualquier caso, pero especialmente cuando son el pago del fracaso, es decir, cuando se reciben por llevar a la quiebra a sus instituciones. Y todo un largo etcétera.

Esta acumulación de anomalías hizo que el resultado haya sido una pérdida de confianza en el sistema bancario español y una pérdida de credibilidad sobre el conjunto de España. Recuperar ambas señala el profesor Carbó, pasará por algo parecido a tener que:

– Modificar el entramado institucional, favoreciendo que de la forma más rápida posible, se alcance una mayor integración del sistema bancario español en la UE, para evitar shocks territoriales que nos vuelvan a poner en jaque.

– En la parte del sector que reciba ayudas públicas, debe cambiarse la estructura de propiedad y del capital, para posibilitar un control diferente al que hoy en día existe, una mayor profesionalidad y una mayor racionalización operativa.

– Admitir que el modelo negocio va a ser más restringido, más reducido, con menos beneficios y con menos vinculaciones con la industria y los negocios. Habrá que caminar hacia una banca más universal.

He dejado a un lado a los pretendidos culpables externos, me he limitado a relacionar una serie de condiciones que se sitúan en el ámbito particular de cada entidad, así como del conjunto del sector. Habrá una condicionalidad general que se conocerá cuando se firme el Memorando. Quisiera terminar señalando que la banca en España va a entrar en una fase de gran mutación, que deberá ser posible realizarla minimizando el coste para las arcas públicas.