Antes incluso de conocer el proyecto de ley presupuestaria, que corresponde elaborar al Gobierno, el PP ya ha manifestado públicamente su voto negativo. ¿Cómo es posible oponerse a algo que aún no se ha conocido? Convergencia y Unión ha dado a conocer su intención de “forzar” elecciones anticipadas mediante el rechazo mayoritario en el Parlamento a una ley que, insisto, aún no está escrita. Y el nacionalismo vasco no oculta su propósito de obtener nuevos traspasos competenciales para el gobierno autónomo de Euskadi a cambio de su eventual apoyo a una ley que nada tiene que ver con tal asunto.

Pero, ¿quién está pensando en el contenido de la ley en cuestión? Porque algunas de las incógnitas más cruciales sobre las posibilidades de nuestro país para la recuperación económica y la creación de empleo deberán despejarse muy significativamente en este documento. ¿Qué ritmo se aplicará al proceso de reducción del déficit público? ¿Qué margen se reservará para las políticas de estímulo de la demanda? ¿Cómo se resolverá el debate abierto sobre la reforma de la fiscalidad? ¿Qué ocurrirá finalmente con las inversiones pendientes para las grandes infraestructuras de transporte? ¿Qué capacidad mantendrá el Estado para sostener las políticas sociales?

Estas son las grandes preguntas que los ciudadanos de este país se hacen sobre las cuentas públicas a aprobar para 2011, porque serán determinantes para el futuro de muchas empresas, de muchos puestos de trabajo, de la calidad de vida de millones de ciudadanos. No obstante, las formaciones políticas citadas parecen más atentas a la respuesta sobre el “¿qué hay de lo mío?”.

Anticipar el posicionamiento oportunista de un grupo político ante una ley importante para el interés general, antes de que tal ley haya sido formulada, resulta altamente irresponsable. La renuncia expresa a utilizar los escaños y los votos otorgados por los ciudadanos para aprobar una ley que atienda las necesidades y resuelva los problemas de esos ciudadanos supone un fraude político de primer nivel. Pero manifestar incluso la intención explícita de mercadear los apoyos a una ley presupuestaria, sin haberla leído tan siquiera, con el objeto de obtener un rendimiento político partidario merece la reprobación contundente de la ciudadanía.

La responsabilidad del Gobierno pasa por elaborar y presentar el mejor proyecto de presupuestos para maximizar las oportunidades de la sociedad española en la reactivación económica y la creación de puestos de trabajo. La responsabilidad del grupo que le apoya en las Cortes Generales consiste en negociar las aportaciones de los demás grupos para que la ley salga adelante atendiendo al interés general del país.

Ahora bien, las responsabilidades no se quedan aquí. Los demás grupos, que también representan a ciudadanos preocupados por la situación económica y el empleo, han de aportar sus ideas y propuestas, no para maximizar el rendimiento político para sus formaciones, sino para atender las demandas de una sociedad cada día más harta de políticos poco responsables.