La Ley atribuye la administración y gobierno de la Corporación RTVE a un Consejo de Administración integrado -hasta ahora- por doce miembros designados por las Cortes Generales: cuatro por el Senado y ocho por el Congreso de los Diputados entre personas de reconocida cualificación y experiencia profesional. Su elección requería una mayoría de dos tercios de la Cámara correspondiente. Asimismo, el Congreso de los Diputados, de entre los consejeros electos, designaría al Presidente de la Corporación y del Consejo de Administración. La designación del Presidente requería también una mayoría de dos tercios en el Congreso de los Diputados. La Ley establece que la duración del mandato de los miembros del Consejo de Administración es de seis años, excepto en su primera formación -que lo fue de tres-, mediante la puesta en marcha de un sistema de renovaciones parciales por mitades cada tres años.

Ahora el Gobierno aprueba mediante un nuevo decreto-ley, ya van quince, una modificación del régimen administrativo y legal establecido en RTVE así en el año 2006. Se apela, una vez más, al compromiso de lograr la máxima austeridad y eficacia en el funcionamiento del sector público en el que está encuadrado el ente y a un proceso de racionalización del mismo. Como es sabido, el actual Consejo de Administración de la Corporación RTVE fue nombrado en enero de 2007. Tras la renuncia del primer Presidente, fue designado un sustituto en noviembre de 2009 quien presentó su dimisión en julio de 2011. Posteriormente, dos consejeros han renunciado a su cargo. Como consecuencia de los citados acontecimientos, en la actualidad el Consejo de Administración de la Corporación RTVE cuenta con tres vacantes, una de ellas el puesto de Presidente y, además, ha expirado el mandato de cinco de los consejeros.

Ante la vacante provocada por la renuncia del anterior Presidente, el Consejo de Administración estableció una presidencia interina rotatoria del mismo. Según ha manifestado la Abogacía General del Estado en sendos informes sobre la Corporación RTVE, mientras se encuentre vacante el cargo de Presidente de la Corporación, el presidente interino no ostentará ninguna de las facultades de dirección ejecutiva ordinaria de la sociedad, pudiendo ejercer únicamente las funciones propias de la presidencia del órgano colegiado. Esto impide el ejercicio de funciones básicas de la entidad, como la aprobación de sus cuentas, así como la sustitución de los miembros del equipo directivo de primer nivel de la Corporación RTVE han renunciado a sus puestos, no pudiendo ser sustituidos debido a la situación de interinidad existente en el seno del Consejo de Administración.

Entre las modificaciones que se introducen afectan a la misma composición y la designación de sus miembros del Consejo de RTVE «con el fin de garantizar un funcionamiento más eficaz”, según se puede leer en la norma. Se destaca que el número actual de miembros del Consejo de Administración es demasiado elevado, siendo imprescindible su reducción para garantizar un funcionamiento eficaz y eficiente de la Corporación. Por lo que, en el Real Decreto-Ley se reduce el número de miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE de doce a nueve, eliminando tres de los miembros cuya designación correspondía al Congreso de los Diputados, y entre los que eran elegidos a propuesta de los sindicatos más representativos a nivel estatal con implantación en RTVE. Lo que se intenta paliar con la modificación de la composición del Consejo Asesor, incluyendo un consejero designado de común acuerdo por todos los sindicatos con implantación en la Corporación.

Por otro lado, la modificación más sustantiva se refiere a la designación de los miembros del Consejo de Administración y del Presidente de la Corporación RTVE tal y como se regula la Ley 17/2006, basada en un sistema de mayorías reforzadas en las Cortes Generales. La reforma del sistema de designación que se regula en el nuevo Real Decreto-Ley establece que si no se logra la mayoría de dos tercios para la elección de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE en la Cámara correspondiente, la votación se repita transcurridas veinticuatro horas. En este caso, cada Cámara elegirá, por mayoría absoluta, a los consejeros que les corresponda. Y, para designar al Presidente del Consejo de Administración y de la Corporación RTVE, se aplicará un mecanismo similar, de modo que si no se logra la mayoría de dos tercios en el Congreso de los Diputados, la designación pueda llevarse a cabo por mayoría absoluta, transcurridas veinticuatro horas. Un cambio legal que la vicepresidenta intentó justificar en el «precedente» contenido en la misma Ley de 2006, en su disposición transitoria cuarta que preveía el «derecho transitorio» para la primera designación de los Consejeros. Es decir, como es propio y característico de una norma transitoria, sólo y exclusivamente efectivo para la regulación del primer mandato. Lo que no puede trasladarse, sin evidente fraude de ley, al régimen sustantivo para un nuevo sistema de elección, como el que ahora se regula mediante un decreto-ley, sobre el que existen muchas dudas que cumpla los requisitos constitucionales de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución, para que el Ejecutivo pueda dictar para este tipo de normas legislativas.

Los medios de comunicación públicos han de ser un espejo de la sociedad a la que sirven. En este sentido, los profesionales de la Televisión Española están llevando el aserto hasta sus últimas consecuencias. No sólo informando en sus programas sobre la situación real que se vive del país sino que, al tiempo, se hunde ella misma como solidarizándose con su entorno. Los telediarios son inevitablemente la necrológica nacional, y detrás de la producción de tantas noticias adversas hay una empresa, la Corporación RTVE, que también hace aguas, y que podría terminar cortando la emisión por el impago del recibo de la luz. Nadie dirá que la televisión pública no está en sintonía con el país. RTVE se hunde, y no precisamente para conmemorar el centenario del Titánic. El Gobierno del Partido Popular está encantado, nunca le gustó esta TVE, y ha encontrado en el recorte de los doscientos millones el iceberg perfecto para acabar de hacer naufragar el barco. Sin duda que el ente público se sumergió en aguas peligrosas por un azaroso sistema de financiación, y Rajoy ahora parece que con esta norma legislativa la va a dejar aun si cabe más a merced del oleaje.