Se trata, en líneas generales, de un equipo económico de derechas, con las honrosas e importantes excepciones de los comisarios Moscovici y Georgieva a cargo respectivamente de las carteras de economía (incluyendo fiscalidad) y presupuestos, lo que supone un factor equilibrador que no debe subestimarse. Máxime teniendo en cuenta que las direcciones generales se encuentran bajo la supervisión de los comisarios, mientras que a los vicepresidentes se les atribuye un papel coordinador. Además, en sus comparecencias para demostrar la idoneidad para el cargo, el vicepresidente designado Dombrovskis declaró que la fase de la consolidación fiscal ha concluido y que empieza la del crecimiento y la inversión.

En la práctica, la Comisión Europea es un Gobierno de coalición entre el Partido Popular Europeo (PPE), el Partido Socialista Europeo (PSE) y la Alianza de los Liberales y los Demócratas por Europa (ALDE), es decir, las principales fuerzas europeístas del Parlamento Europeo, a excepción de Los Verdes. Lo cierto es que no había otra mayoría posible. Para formar una coalición estrictamente de derechas el PPE, la fuerza más votada, tendría que haber sumado a los tories británicos del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (muchos de ellos euroescépticos) y a la panoplia de diputados eurófobos (Frente Nacional, etc.). Por la izquierda, la suma de grupos desde los centristas de ALDE hasta la Izquierda Unida Europea (grupo que incluye a los euroescépticos de izquierda de «Podemos»), pasando por el PSE y Los Verdes no logra alcanzar la mayoría absoluta.

Con todo, el grupo de los Socialistas y Demócratas no ha dado su apoyo a la investidura de Juncker en julio de 2014 a cambio de nada. Aparte de obtener dos carteras económicas clave y la primera vicepresidencia de la Comisión, responsable entre otras materias de desarrollo sostenible, adjudicada al socialista holandés Frans Timmermans, el PSE hizo su apoyo condicional a la puesta en marcha por el nuevo ejecutivo comunitario de un gran plan europeo de inversiones por valor de 300.000 millones de euros para impulsar el crecimiento y el empleo.

La gran incógnita es cómo se va a financiar este plan. Ni el presidente Juncker ni el vicepresidente Katainen, antaño un halcón de la política de ajuste fiscal cuando se sentaba en el Consejo Europeo como primer ministro finlandés, han aclarado de donde va a venir el dinero. Los Estados miembros ya congelaron el presupuesto comunitario, por lo que no parece que vayan a estar dispuestos a poner los recursos necesarios. La alternativa más realista es realizar una nueva ampliación de capital del Banco Europeo de Inversiones, pero es dudoso que sea suficiente para poder llegar a la cifra prevista de los 300.000 millones.

Las otras posibilidades propuestas entre otros por la plataforma del New Deal 4 Europe[1] no están siendo exploradas con seriedad. Se trata en primer lugar de sumar los recursos que se obtengan con la Tasa de las Transacciones Financieras (a cuya recaudación aspiran los Estados miembros participantes en la cooperación reforzada que la va a poner en marcha), y en segundo lugar, de recurrir a la emisión de deuda pública por parte de la Comisión Europea, lo que no prohíbe el Tratado.

Si el socialismo europeo acepta el principio del ajuste fiscal en los Estados, debe ser a cambio de que la Unión Europea realice una política económica anti-cíclica. El plan de Juncker es el elemento central de tal orientación. Pero éste no será creíble si no se dota de recursos nuevos, ni se identifican con claridad suficientes fuentes de financiación. Ésta es la gran batalla que debe dar el grupo de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, para lo cual debe tener lista su propia alternativa.

[1]Véase http://www.newdeal4europe.eu/en/