El hecho de que el texto en cuestión no contenga ningún tipo de condena a ETA hace prever que Ibarretxe contará no sólo con los votos de los tres partidos que sostienen a su Gobierno (PNV-EA-IU) sino también con los del PCTV, formación actualmente sometida a un procedimiento judicial de ilegalización por su vinculación con ETA.

En un comentario de urgencia sobre este último órdago del Presidente del Gobierno Vasco cabe hacer las siguientes observaciones:

A) Desde un punto de vista estrictamente jurídico, aunque el Pleno del Parlamento Vasco del 27 de junio vote mayoritariamente a favor del proyecto, la ley en cuestión nunca podrá ser aplicada. Y ello por la sencilla razón de que será recurrida de inmediato por el Presidente

del Gobierno de España (entre otros sujetos legitimados para ello) lo que conlleva la suspensión de la ley, y, posteriormente será anulada por el Tribunal Constitucional por su manifiesta inconstitucionalidad formal y material. El Parlamento Vasco carece de competencias para convocar un referéndum de esa naturaleza y el objetivo que se persigue

(el derecho de autodeterminación eufemísticamente denominado derecho a

decidir) no tiene encaje posible en nuestro ordenamiento constitucional.

B) Desde una perspectiva política, el acto de ayer es la más clara expresión de la debilidad política de Ibarretxe. El éxito de su propuesta depende de una formación política (PCTV) que no condena a ETA. Con ello Ibarretxe, ignorando que por esa senda perdió en las últimas eleccioneas 117.00 votos, pretende jugar, una vez más, el papel de víctima, «víctima de los tribunales españoles». Serán los tribunales, y no el Parlamento Vasco,los que pongan fin a su aventura. Ocurre, sin embargo, que el papel de víctima no resulta ya creíble, porque las verdaderas víctimas están en el otro lado.

C) Y con ello enlazamos con la dimensión ética de la propuesta. Porque efectivamente Ibarretxe se refiere expresamente a ella. Desde esta

óptica sólo cabe subrayar que el Presidente vasco con el inconsistente argumento de no permitir que ETA determine la agenda política, ha incumplido su promesa de que requisito esencial para la celebración de

una tal consulta era la ausencia de violencia terrorista. De esta manera, y como ha hecho siempre, el PNV vuelve a jugar con ventaja. Es este el aspecto más repugnante de la cuestión, porque en el

planteamiento de Ibarrtexe, de una u otra suerte subyace la idea de un chantaje. Para acabar con ETA y con sus criminales medios es preciso reconocer la legitimidad de sus fines: la autodeterminación.

En definitiva, la remisión al Parlamento Vasco de este proyecto de ley supone un paso más en la tarea suicida de desligitimación que desde hace años practica el Presidente vasco. Actuando manifiestamente en contra de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, pretende destruir los fundamentos de su propia legitimidad. Ante una tal conducta, el Gobierno y los tribunales deben actuar con contundencia y rotundidad.