Y frente a esto, resulta absurdo sostener que del hecho de que una ley haya sido aprobada por las Cortes Generales primero, y por los ciudadanos de Cataluña en referéndum después, haya que concluir la falta de legitimidad del Tribunal para pronunciarse sobre su constitucionalidad.

Esa tesis es contraria a las previsiones contenidas en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal, y además es profundamente antidemocrática. La razón es fácil de comprender. Un principio básico de la democracia es que lo que a todos afecta por todos debe ser decidido y, desde esta óptica, un referéndum autonómico no puede legitimar nunca una decisión que afecte al conjunto de los ciudadanos españoles. El Estatuto de Cataluña afecta al conjunto del Estado. Ése es el problema, y si por afectarlo implicase una reforma de la Constitución de 1978 el Tribunal Constitucional tiene la obligación democrática de anularlo. Porque la Constitución sólo puede ser reformada mediante el procedimiento en ella previsto y con las mayorías y garantías requeridas. Es antidemocrático reformar la Constitución mediante una Ley Orgánica. Velar para que eso no ocurra es la función del Tribunal Constitucional.

Éstas y no otras son las reglas del juego. Ahora bien, estas reglas están siendo cuestionadas de forma tan irresponsable como peligrosa. Hasta tal punto esto es así que el pasado lunes la Presidenta del Tribunal Constitucional tuvo que pedir públicamente, por primera vez en los casi treinta años de historia del Tribunal, respeto para sus Magistrados y sosiego para que estos puedan cumplir con sus funciones. Y ello porque la campaña de presiones y descalificaciones, políticas y mediáticas, contra el Alto Tribunal había alcanzado unos niveles desconocidos hasta ahora.

En este escenario, el Parlamento catalán aprobó el 29 de abril con los votos de todos los diputados salvo los del PP y el Grupo Mixto (115 de un total de 135) una resolución carente de efectos jurídicos, pero que, desde una perspectiva político-constitucional, resulta sumamente preocupante. Y ello porque implica una impugnación de las reglas de juego. En esa Resolución el Parlamento de Cataluña (con los votos del PSC) proclamó su intención de ?promover todas las acciones a su alcance para lograr que el Tribunal Constitucional se declare incompetente para enjuiciar la constitucionalidad del Estatuto?

Esta resolución nos plantea el interrogante de cuáles puedan ser esas “acciones”. Conforme al ordenamiento jurídico vigente, el Parlamento catalán no dispone de acción alguna para lograr un fin que es en si mismo inconstitucional e ilegítimo. Por esta razón, ante este órdago del Parlamento catalán sólo cabe recordar que el Tribunal Constitucional (aunque quisiera) no puede declararse incompetente. No puede renunciar al ejercicio de su función de defensa de la Constitución. Y ello porque si lo hiciera, la Constitución quedaría sin defensor, y en ese mismo momento, privada de sus garantías, sin vigencia y sin efectividad. Dicho con otras palabras lo que el Parlamento catalán solicita no es ni más ni menos que la suspensión de la Constitución española de 1978.

En este contexto, sólo cabe, por un lado, y como ha hecho la Presidenta del Tribunal Constitucional, pedir respeto a las reglas del juego. Reglas que si ahora violentan los partidos catalanes, incluido el PSC, también violentó en su día el Partido Popular abriendo la puerta a una guerra de recusaciones que enturbió el normal funcionamiento de la institución. En este sentido debemos recordar que fue en esa batalla iniciada irresponsablemente por el Partido Popular donde está el origen de la crisis actual que atraviesa el Tribunal. Y, por otro lado pedir al Tribunal Constitucional que resuelva lo antes posible los recursos planteados contra el Estatuto catalán. La sentencia que dicte nos aportará mucha luz y nos despejará muchas dudas. Además, y ahí está su capital importancia, servirá para establecer una doctrina clara sobre los límites constitucionales que las reformas estatutarias no pueden franquear.

Partiendo del sincero y leal acatamiento de la sentencia, la doctrina en ella contenida podrá y deberá ser objeto de una crítica rigurosa y fundada, basada en razones y argumentos, y nunca en descalificaciones personales hacia los Magistrados del Alto Tribunal.