La izquierda asumió la “libertad de empresa en el marco de la economía de mercado”, junto a la garantía pública de los derechos sociales y laborales. Los socialistas encajaron “las relaciones de cooperación con la Iglesia católica”, entendiendo asegurado el carácter aconfesional del Estado. Y tanto el PSOE como el PCE, partidos tradicionalmente republicanos, aceptaron la monarquía en aras del consenso general sobre nuestra forma de Estado.

Sin embargo, la magnitud de la crisis vigente y la hegemonía política e ideológica de las fuerzas conservadoras en toda Europa, están facilitando a la derecha española la aplicación de un conjunto de reformas drásticas que rompen de facto el gran pacto asociado a la aprobación de la Carta Magna.

La agresión a los derechos de los trabajadores y a la negociación colectiva contenida en la reforma laboral. La ruptura de la universalidad en el acceso a la sanidad pública y su privatización progresiva en algunas comunidades. Los copagos y repagos sanitarios. La degradación progresiva de la enseñanza pública y la ruptura de la equidad en su acceso. La instauración, nuevamente, de la asignatura de la religión. El abandono de las personas en situación de dependencia, a pesar de la legalidad que les ampara. La precarización creciente de las personas en situación de desempleo. Las amnistías fiscales para los defraudadores. El acceso desigualitario a los tribunales de Justicia. La re-gubernamentalización de la radiotelevisión pública…

También los nacionalistas han traicionado el consenso constitucional. El Título VIII, con todas sus limitaciones, ha posibilitado el autogobierno nítido y provechoso de las llamadas nacionalidades históricas, respetando sus identidades diversas. No obstante, el pulso separatista se ha mantenido firme durante todos estos años, con una exacerbación permanente de los falsos agravios victimistas, hasta el punto de reclamar ahora la autodeterminación y la independencia, en clara vulneración de los dos primeros artículos de aquella Constitución que todos firmamos, y que tuvo un apoyo mayoritario en Cataluña, por ejemplo.

Muchos ciudadanos se sienten hoy excluidos y al margen del régimen vigente. Si el sistema no les proporciona empleo ni una cobertura social mínima, ¿por qué han de sentirse concernidos con el sistema? Las instituciones que emanan de la Constitución también están crisis. En crisis por falta de eficacia y de legitimidad. Multitud de jóvenes y no jóvenes demandan cauces de participación política permanentes, actualizados y transparentes, pero los partidos políticos, responsables de esta tarea conforme al artículo 6 del texto legal máximo, aparecen ante ellos como organizaciones lejanas, de funcionamiento ininteligible y sospechoso de adulteración.

La Constitución de 1978 merece el respaldo general, porque ha prestado muy buenos servicios a la sociedad española, pero también merece una revisión a fondo. Hemos disfrutado del periodo más largo de paz y progreso en toda nuestra historia, gracias a aquel esfuerzo, pero para consolidar esa convivencia pacífica y para asegurar un futuro de desarrollo, de equidad y de justicia resulta imprescindible acometer algunos cambios. Es preciso renovar los consensos constitucionales, hoy seriamente quebrados.

Las reformas imprescindibles en la Constitución han de responder, al menos, a tres objetivos: reforzar los derechos sociales en retroceso; cerrar un modelo territorial eficiente, garante de la igualdad de los españoles y respetuoso con las identidades nacionales; y afrontar una regeneración democrática que impulse la participación política conforme a las demandas y las posibilidades de nuestro siglo. Y todo ello desde el mayor de los consensos.

La mejor muestra de lealtad que puede ofrecerse a la Constitución Española hoy consiste en mostrar una disposición valiente para mejorarla.