En efecto, la jurisdicción conforma uno de los poderes del Estado democrático, el poder judicial, que como tal poder reviste una naturaleza política en su misma configuración constitucional. Resulta comúnmente admitido que ni las normas aplicables son siempre unívocas ni las decisiones judiciales son ideológicamente asépticas. Los jueces no se limitan a realizar una aplicación mecánica de la ley, sino que, a través de sus decisiones, manifiestan su concepción de los valores de la Justicia, la igualdad, la libertad y el pluralismo político sobre los que se fundamenta nuestro ordenamiento jurídico. Los jueces toman sus decisiones dentro de unas circunstancias y momento social al que deben dar una concreta respuesta. Ello no quiere decir que realicen su actividad fuera del marco de lo jurídico ni que, mucho menos, deban ser vicarios de los partidos políticos, pero sí significa que los jueces en sus actuaciones incorporan, inevitablemente, un contenido ideológico en el que plasman su concepción de la realidad; cosa que es muy distinta de los intereses de partido, de tal forma que mientras una actuación partidista atenta frontalmente a la independencia propia de la función de juzgar, el compromiso democrático objetivado en los valores constitucionales es el presupuesto de todo acto judicial de aplicación de la ley. Si una actividad de la que se postula su “tecnicidad”, como es la jurisdiccional, no puede pretender suplantar el “indirizzo político” que corresponde a los órganos políticos legitimados democráticamente de modo directo, tampoco éstos pueden, legítimamente, incidir, mermar o coaccionar a los componentes del único poder no controlado por la cúpula de los partidos políticos. No obstante, las tensiones son inevitables, como se pone de manifiesto entre nosotros con más frecuencia de la deseada, lo que, por otra parte, otorga relieve a la necesidad de profundizar en los mecanismos de colaboración que reduzcan las fricciones que ocasiona la actuación de los distintos poderes.

En las actuales democracias de partidos ha devenido inservible la interpretación decimonónica del principio de división de poderes en su versión parlamentaria. El Parlamento ha perdido su significación originaria. De ser un foro de discusión políticamente decisivo ha pasado a ser calificado de «cámara de resonancia» (Leibholz) en la que dan cita los delegados de los partidos para dejar constancia de unas decisiones que ya han sido tomadas con anterioridad en sus comités o en los congresos. La rígida disciplina impuesta a los diputados y la pérdida del monopolio de producción de normas generales contribuyen, entre otros factores, a diluir la división funcional y orgánica entre el Legislativo y el Ejecutivo. Por ello, en la actualidad la separación de poderes donde realmente se manifiesta con especial trascendencia es entre el poder político gubernamental y el poder jurisdiccional, es decir, entre el poder de dictar leyes, reglamentos y actos concretos, y el poder de aplicarlos y enjuiciarlos independientemente. Es aquí donde en nuestros días se plasma el principio tradicional de los revolucionarios franceses y americanos de dividir el poder, de encontrar, como decía Montesquieu, «una disposición de las cosas» en la que el poder detenga al poder.

En la democracia actual, los “poderes” se articulan funcionalmente sobre un poder político del partido o partidos mayoritarios del que se nutre el Ejecutivo y la mayoría parlamentaria, y que no se encuentra dividido, sino que está separado de otro poder, también “político pero no partidista”, el poder judicial. A ningún otro poder del Estado se le autoriza el ejercicio de la potestad jurisdiccional, subsistiendo así en favor de la jurisdicción un legítimo control de los actos y normas de los distintos centros políticos. En este sentido, los instrumentos de control se manifiestan, en nuestro sistema, por medio de la fiscalización de los actos del Legislativo -del que se ocupa el Tribunal Constitucional- y del control de la actividad del Ejecutivo y la Administración, cuyo control corresponde a los tribunales ordinarios. En esta función de control, la actividad judicial no es arbitraria. Los jueces actúan sujetos a la Ley -«sometidos únicamente al imperio de la Ley»-, quedando sus decisiones bajo la supervisión procesal del sistema de recursos ante las distintas instancias judiciales. Pero es que, además, los jueces están sujetos a la responsabilidad civil, penal y disciplinaria por las acciones u omisiones en el ejercicio del cargo.

Por consiguiente, el debate real sobre el papel de los jueces y la política, desenfocado por el tema «marginal» de la elección del CGPJ, ha de analizar múltiples aspectos de una compleja problemática que no es bueno abordar en un clima marcado por la maldita crisis como el que actualmente vivimos y en donde desenvuelve hoy día la tradicional idea de la división de poderes. Que se tenga que acudir al juez porque el Parlamento no controlan al Ejecutivo, que éste, a su vez, carece de cualquier otro tipo de controles externos eficaces, el resultado es siempre alarmante: el paseíllo camino del juzgado es un escándalo servido a los medios de comunicación como acaba de suceder en los juzgados de Palma en el caso Urdangarin. Y cuando el juez actúa así se le reprocha o bien que ha sido muy meticuloso en el interrogatorio del duque o bien que parece inactivo. A la jurisdicción le corresponde decir la última palabra ante las conductas delictivas hasta llegar a la sentencia definitiva. Pero el juez de hoy no pertenece a una casta de privilegiados al modo del pretor romano o los “boni vin” de la Edad Media; el juez en una democracia avanzada no es el poseedor de «una parte del Estado» como los oficiales del antiguo régimen; el juez democrático sólo puede contar con la seguridad que le proporciona su independencia y la responsabilidad por el “apoyo social” que reciban sus decisiones. Porque, como se lee en la exposición de motivos de la “Ley Provisional Orgánica del Poder Judicial de 1870”, la independencia es la «cualidad más preciosa y esencial de la Magistratura, sin la cual ésta deja de constituir un poder para transformarse en una rueda inerte de la Administración política, cuando no en un terrible instrumento de pasiones bastardas y mezquinas».