El Gobierno de España puso en marcha una serie de medidas económicas, Plan-E, de inversiones en infraestructuras y de apoyos a la investigación y el desarrollo que comienzan a dar sus frutos.
Algunos agoreros de la derecha siguen empeñados en negar las posibilidades de la inversión pública, que lejos de constituir un gasto, es una inversión a largo plazo de la que se benefician la mayoría de los ciudadanos, contribuyendo así al fomento de mayores cotas de equidad. Son políticas de doble acción, porque crean empleo y contribuyen a mejorar infraestructuras y servicios de uso, que son hacia las que hay que ir.
Se emprendió el camino de la inversión pública, dotando a los municipios de un fondo para el fomento del empleo que comienza a fructificar. De los 24.741 nuevos empelados, casi 16.000 fueron de la construcción -un sector muy azotado por la crisis y que se puede recuperar con inversiones en infraestructuras necesarias- el resto se reparten entre los servicios (13.329), la industria (2.6819) y la agricultura (2.452). El paro descendió en 14 Comunidades Autónomas, encabezadas por Andalucía. Sin embargo, subió en tres, Canarias, Madrid y la Comunidad Valenciana, que casualmente son las que más trabas ponen a las directrices políticas y económicas marcadas por el Gobierno de España, llegando incluso a torpedear la puesta en marcha de políticas sociales como la Ley de dependencia, aplicación que no sólo aliviaría las necesidades de muchas familias, sino que también contribuiría a la creación de empleo.
La Vicepresidenta económica Salgado ya anunció el pasado mes de abril que comenzaban a verse algunos “brotes verdes” en la economía española, basándose en tres datos: la recuperación de la Bolsa, el menor incremento de la morosidad bancaria y una ralentización de la destrucción de empleo durante el mes de abril. No se si son brotes “verdes” o pueden considerarse brotes “rojos”, porque este camino de recuperación de la confianza y de la economía se debe al tímido inicio de aplicación de políticas de corte keynesiano que emprendió el Gobierno de España fomentando la inversión pública.
