La crisis se llevó consigo, en una primera etapa, básicamente a trabajadores de baja cualificación y precarios, involucrando con especial dureza a los jóvenes, a los inmigrantes y a los empleados con contratos temporales y con pocos estudios, en una segunda fase, repercutió, en mayor medida, sobre los trabajadores de la industria y, en estos momentos, aqueja especialmente a los empleados del sector servicios. De hecho, desde comienzos del año 2007 a finales de 2012 se han perdido más de 700.000 puestos de trabajo en este sector ocupacional. Un fenómeno que marca una diferencia respecto a lo que aconteció en nuestro país en las crisis de los setenta y los noventa del siglo XX.

Estos datos ponen sobre la mesa que el paro ha llegado a sectores sociales y generacionales que quedaron preservados en las fases iniciales de la crisis, nos referimos al abanico de trabajadores cuyas edades oscilan entre los 35 y los 65 años, a los que disponen de estudios superiores y a los autóctonos con contratos indefinidos.

La consecuencia más directa de lo anterior, según el indicador, propuesto por la Unión Europea, ‘At Risk Of Poverty and/or Exclusion’ (AROPE), hecho público el pasado 2 de diciembre por Eurostat, es que 12,4 millones de personas (27% de la población) están en riesgo de exclusión o vulnerabilidad, cuatro puntos más que a comienzos del año 2007.

Más si a los efectos de la crisis, que ha sido muy rápida y devastadora, se añade la pobreza estructural, que ni en momentos de bonanza económica se ha reducido, no es de extrañar que el 21,8% de los residentes en nuestra geografía nacional vivan bajo el umbral de la pobreza (16,9% de media en los países de la Unión Europea). Principalmente concernidos por estas circunstancias se encuentran los jóvenes y la población extranjera.

El paro recae sobre el 55,13% (930.200 personas) de los menores de 25 años activos (al 23% en la Unión Europea). El presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz declaró el lunes pasado, durante su intervención en la conferencia celebrada en Madrid por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), que “es una vergüenza que varios países tengan una tasa de paro juvenil superior al 50%”. De forma que desde Bruselas se ha propuesto que los Estados estén obligados a ofrecer un trabajo, prácticas o algún tipo de formación complementaria a los jóvenes que finalicen el subsidio de desempleo o terminen sus estudios, con el objetivo prioritario de que no entren en el desempleo de larga duración. La Comisión se ha propuesto dedicar una parte sustancial del fondo social europeo a este fin. Una vez los Estados miembros den el visto bueno a los presupuestos para los años 2014-2020, que recordemos superó para el periodo 2007-2013 los 70.0000 millones de euros, se pondría en marcha esta iniciativa centrada en fomentar el empleo juvenil y el crecimiento económico. A pesar de que Bruselas no pueda imponer estas políticas de empleo, supervisará la adopción de estas medidas a partir del control presupuestario que ejerce sobre los Estados, primordialmente sobre los que han requerido de ayudas económicas, como es el caso español.

Respecto a la población extranjera (con una edad media de 34,6 años frente a 42,5 años de los españoles) destaca que su tasa de paro es del 36,53%, 12,3 puntos superior a la de las personas de nacionalidad española (24,23%). Esta diferencia se debe, básicamente, a que la mayoría estaban empleados en la construcción, el sector ocupacional más dañado por la crisis. Así las cosas, según se infiere de un reciente informe de la OCDE, presentado el tres de diciembre, los extranjeros están siendo muy golpeados por la actual situación económica. De hecho mientras en 2010 el 35% de los extranjeros residentes en el conjunto de los Estados miembros se encontraban parados, el desempleo afectaba al 43% de los extranjeros en España. En estrecha conexión con lo anterior, según este estudio, el 6% de esta población residía en viviendas bajo condiciones de hacinamiento y precarias (el 3% entre los españoles), resultando las más directas víctimas de esta realidad los hijos de los inmigrantes, que representan buena parte de la pobreza infantil de nuestro país (26,4%).

De forma que, a tenor de los datos anteriores, en un contexto vivencial de carencias cada vez más amplias para el conjunto de la población, cabe interpretar que ser joven e inmigrante constituyen un cóctel demoledor, que exige de una atención prioritaria por parte de las instituciones públicas y requiere apostar por un modelo de sociedad realmente integrador, amparado en mimbres de ciudadanía.