En esta Comunidad, que constituye una auténtica punta de lanza del agresivo neoliberalismo del PP, no importó a la derecha generar una gran alarma social acusando a profesionales de la sanidad, como los del Severo Ochoa, de hechos inexistentes que implicarían graves delitos y procediendo a su destitución con total desprecio del principio de presunción de inocencia. Ello supuso un claro intento, utilizando la mentira y el engaño, de generar una gran desconfianza entre los usuarios y los profesionales de la medicina y de desprestigiar el Sistema Público de Salud.
Esta agresión a la Salud Pública se produce en un contexto especialmente negativo producido por las políticas de la “liberal” Sr. Aguirre: a la descapitalización progresiva, y dotación presupuestaria decreciente, -que constituye la tendencia general en las CCAA gobernadas por el PP, especialmente la de Madrid- se une el incremento de las privatizaciones y externalizaciones de servicios sanitarios, el aumento considerable del gasto farmacéutico y de los fondos dedicados a las privatizaciones, la apropiación de la información sanitaria por empresas privadas a las que les es transferida la informatización de los servicios; coincidiendo además todo ello con un incremento elevado de las cifras de población.
Esta política de privatización de la sanidad de E. Aguirre -que ya fracasó en Inglaterra en la época de M. Thatcher y en otros países y constituyó una de las peores herencias de los gobiernos conservadores recibidas por el laborismo británico- lleva consigo un ataque sistemático al sistema de salud pública con el objetivo evidente de conseguir su desmantelamiento, aun a costa de los efectos negativos consiguientes en la asistencia sanitaria, especialmente en los grupos sociales más desprotegidos y que en realidad ya está padeciendo la mayor parte de la población que ve gravemente deteriorada su asistencia sanitaria Sus nefastas consecuencias para el sistema sanitario público hace tiempo que se empezaron a manifestar: incremento de la presión asistencial en todo el sistema, masificación en hospitales y centros de salud, aumento de los atascos -especialmente en las urgencias hospitalarias-, incremento de las listas de espera y de las consultas en general, y desbordamiento en muchos centros sanitarios con la consiguiente insatisfacción de los ciudadanos y descalificación de la sanidad pública.
Por si esto fuera poco, la última “ocurrencia” –eso sí, coherente con todo lo anterior- del PP de Madrid, en relación a la formación de los futuros médicos, no puede más que aumentar nuestra preocupación. La información es alarmante: se trata de privatizar la asistencia y la formación de los médicos; el anuncio reciente de Esperanza Aguirre de abrir cuatro nuevas facultades de Medicina, tres de ellas privadas –tachado inmediatamente por los decanos de las facultades de Medicina y la Organización Médica Colegial como una “barbaridad” e “irresponsabilidad”, que afortunadamente han destacado además su imposible cumplimiento dado el número de plazas universitarias autorizadas en la actualidad- con la pretensión de que los Hospitales Públicos sean utilizados por alumnos de las Facultades privadas para realizar su formación y prácticas. Ello supondría que los recursos sanitarios públicos serían acaparados en una parte importante por intereses privados sin ninguna garantía de su aprovechamiento, y detraer además recursos a los estudiantes de mayor capacidad y mérito, deteriorando la capacidad formativa de las Facultades de Medicina de las Universidades públicas. Es decir, se trata para el PP una vez más de desprestigiar la sanidad pública y privilegiar a grupos privados en detrimento de la salud de buena parte de los ciudadanos. Esta es su política: la salud de los ciudadanos antes que nada es la oportunidad de un negocio financiado con fondos públicos, aunque sólo beneficie a unos pocos. De ello todos debemos ser conscientes, nuestra salud está en juego.
