Cuando todavía España no había llegado a los niveles de PIB de los países más desarrollados en inversión pública educativa, y cuando con una crisis tan grave como la que sufrimos todos los expertos hablan que una de las salidas es el capital humano y la inversión en I+D+I, el gobierno del PP, en lugar de invertir, asfixia la educación. No por la crisis, sino por una concepción ideológica que les lleva a considerar la educación un bien de consumo y no un derecho de los ciudadanos.

Así, España ha pasado de un gasto público en educación del 5,07 por ciento del PIB en el año 2009, a un 4,58 por ciento en 2013, según los datos provisionales del Gobierno de la Nación, y con una tendencia a la baja mientras permanezca el mismo gobierno. Es decir, más de 6.000 millones de euros cada año se han venido perdiendo en los últimos presupuestos. La consecuencia: el mayor ataque a la educación en democracia traerá más desigualdad, menos movilidad social y empobrecimiento a los ciudadanos.

Parece una obviedad, pero para que una sociedad, en este caso la española, pueda contar con una educación universal y de calidad para todos los ciudadanos es una condición necesaria, aunque no suficiente, contar con los recursos económicos adecuados para poder llevar a cabo dicha labor. España, durante los últimos treinta años, realizó un esfuerzo presupuestario importante para extender y mejorar la calidad de la educación, y también para aumentar la equidad en el sistema. El resultado es que nuestro sistema educativo es uno de los más equitativos de los países de la OCDE, próximo a los de Noruega o Finlandia y más equitativo que los de Corea del Sur, Japón, Suiza o Países Bajos. Desgraciadamente ahora va retrocediendo la igualdad ante la equivocada política de recortes que realiza el PP desde que gobierna.

Frente al discurso de la supuesta libertad del PP, los ciudadanos deben conocer que el nivel de estudios de los padres incide significativamente en el rendimiento de los alumnos en las tres áreas de PISA, tanto en España, como en el conjunto de los países de la OCDE y de la UE. Y, aquí, nuestra sociedad todavía tiene una singularidad respecto al conjunto de países de la OCDE, fruto de una historia donde el acceso a la educación no era universal. España duplica el porcentaje de alumnos de 15 años cuyos padres tienen nivel educativo bajo. En cuanto al nivel educativo alto, la proporción de alumnos de España (49%) queda próxima a la de la OCDE (52%) y de la UE (51%).

¿Qué significa esto? Pues, por poner un ejemplo, que el rendimiento medio de los alumnos cuyos padres tienen nivel educativo bajo es de 450 puntos en matemáticas, 32 puntos menos que aquellos estudiantes cuyos padres tienen nivel educativo medio y 57 menos que los de nivel educativo alto.

No existe neutralidad alguna en la discusión sobre la educación y en la existencia de determinados indicadores que se sacralizan en virtud de una supuesta calidad. Pero, ¿de qué calidad hablamos en una sociedad tan compleja y cambiante como la actual?

Hay una calidad neoliberal, que parte de una concepción individual y tradicional de la calidad, que equiparan con la evaluación de los conocimientos que han adquirido los alumnos, sin considerar la desigual situación de partida, sus necesidades formativas, el derecho de todos a una educación de calidad o la sociedad en la que viven. Esa concepción excluyente está superada y fracasada, pero tiene muchos seguidores entre los que quieren mantener privilegios y la educación como una mercancía.

En las sociedades complejas del siglo XXI, el enfoque de la calidad educativa tiene que dar importancia a estudiar para adquirir conocimientos, pero, al mismo tiempo, también consiste en aprender y proporcionar a los alumnos una cultura básica y común que les permita desarrollar al máximo sus facultades y aptitudes intelectuales, comprender la sociedad en la que viven, adquirir unos valores éticos y cívicos, y realizar un aprendizaje democrático que forme a ciudadanos activos y responsables. Deliberadamente estos factores, que son determinantes para el desarrollo individual y colectivo de una sociedad, no aparecen en los informes.

Por último, la publicación del Informe PISA está sirviendo al gobierno de PP para decir que la educación en nuestro país es un fracaso y hay que cambiarla. Ante estas afirmaciones, dos ejemplos:

· El primero: durante los años de gobierno socialista se consideró necesario el tratamiento precoz de las dificultades de aprendizaje para reducir el fracaso en los niveles más avanzados de la educación obligatoria, que es donde se concentra el grueso de los repetidores. Esta política se hizo realidad con programas como el llamado PROA (Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo) que, con un presupuesto de 60 millones de euros, proporcionaba clases de refuerzo a los alumnos más rezagados de primaria y secundaria; o programas para combatir el abandono escolar dotados con 40 millones de euros. El resultado fue la disminución del fracaso escolar en los últimos años, aunque todavía existía un porcentaje superior a los de la media de la OCDE. ¿Qué hizo el nuevo Gobierno del PP? Hablar de fracaso escolar, pero eliminar los programas que lo combatían. En los Presupuestos Generales del Estado del año 2013, tanto el Programa PROA como el programa de abandono escolar, no tienen dotación presupuestaria, es decir, de cien millones de euros se pasó a cero euros.

· Segundo ejemplo: el apoyo a la educación y el refuerzo a los que tienen dificultades da sus frutos. Según el informe PISA, en España el número de alumnos que ha obtenido un título de segunda etapa de Educación Secundaria en 2011 fue del 88 por ciento sobre la población en la edad típica de graduación. Dicho porcentaje se vio incrementado de forma notable durante los diez años anteriores a 2011 en 22 puntos porcentuales, y además ha pasado de estar por debajo del promedio de la OCDE y de la UE21 en 2001 a superar este promedio en 2011 en 5 puntos porcentuales. Especialmente, el mayor avance de este porcentaje de graduados en la segunda etapa de Educación Secundaria ha tenido lugar en el período de 2005 a 2011, con un incremento de 16 puntos porcentuales.

Sobran palabras ante hechos tan evidentes.