Pero, posiblemente, lo que más preocupa a muchos españoles, cuando parece que existen pocas probabilidades de que uno de los dos grandes partidos obtenga mayoría suficiente como para poder gobernar por sí sólo, sin grandes hipotecas ni condicionantes, es la posibilidad de que partidos de ámbito territorial que apenas tienen un 2% ó 3% de los votos totales se acaben convirtiendo en árbitros absolutos de la gobernabilidad de España. ¿Cómo puede ser –se preguntan– que el peso político de un 2% ó 3% de los votantes sea tan decisivo y cuente casi tanto –o más– que el del 35% o el 40%?

El problema se complica más aún cuando el precio impuesto por el 2% ó 3% produce orientaciones, y abre eventuales problemas, que no concuerdan con un sentir muy amplio de la opinión pública. Cuando esto sucede es evidente que la democracia se encuentra al borde de entrar por una senda de corrupción política intrínseca. Una senda que exige plantear rectificaciones urgentes.

La actual legislación electoral española ha dado buenos resultados durante las primeras etapas de la andadura democrática que se inició con las elecciones de 1977 y con las que siguieron a la aprobación de la actual Constitución. Pero ahora nos está emplazando ante una encrucijada muy compleja y que suscita riesgos no desdeñables. Por ello, si en las elecciones del 9 de marzo los propios electores no introducen una corrección equilibradora y funcional que posibilite la formación de una mayoría natural capaz de conformar un gobierno estable, es evidente que habrá que abrir con urgencia el debate sobre la reforma de la legislación electoral.