El pasado lunes 20 de abril de 2015 las Comisiones de Presupuestos y de Economía del Parlamento Europeo aprobaron el reglamento del Fondo Europeo para las Inversiones Estratégicas (FEIE), lo que ha dado paso casi inmediatamente a la negociación con el Consejo.

La cámara representativa de la ciudadanía europea ha introducido varias modificaciones de importancia a la propuesta elaborada por la Comisión Europea. En concreto, se han aprobado, con un amplio consenso de las principales familias políticas europeístas, cambios en el modelo de gobernanza del FEIE, así como en lo relativo a la formación del fondo de garantía.

Respecto del primer asunto, el Parlamento Europeo pretende que los tecnócratas no capturen las prioridades políticas de inversión, así como que los gestores del FEIE rindan cuentas ante Estrasburgo. Respecto del segundo, se intenta preservar las partidas presupuestarias Connecting Europe Facility y «Horizonte 2020», parte de las cuáles la Comisión propone utilizar para dotar al fondo de garantía del FEIE con ocho mil millones de euros con los que, sumados a los cinco mil que aporta el Banco Europeo de Inversiones (BEI), respaldar la emisión de deuda con la que financiar los préstamos del Plan de Inversiones para Europa, también conocido como Plan Juncker.

Comoquiera que la Comisión Europea no puede, en principio, emitir deuda pública (lo prohíbe el artículo 17.2 del Reglamento 966/2012), ni los Estados miembros han querido hacer aportaciones al FEIE, ni en su día aumentar el tamaño del presupuesto comunitario o crear nuevos recursos propios de la Unión, el Plan Juncker se tiene por fuerza que basar en un esquema de ingeniería financiera, basado en garantías (lo que es, en cualquier caso, deuda contingente, sin quedar claro si esto viola el reglamento citado) y en una aportación de capital por parte del BEI.

Al Parlamento Europeo no le acaba de gustar el planteamiento, porque parece que se desviste un santo para vestir a otro, al retirar financiación de partidas del presupuesto de inversión en redes, transportes e investigación para dotar al fondo de garantía con los ocho mil millones de euros citados. La alternativa que se propone es hacer aportaciones graduales, año a año, provenientes de la parte del presupuesto no ejecutada, en lugar de un desembolso de una sola vez, máxime teniendo en cuenta que el presupuesto responde en todo caso hasta ocho mil millones, lo que tendrá que hacer efectivo si es necesario aunque las contribuciones anuales propuestas no cubran las necesidades del FEIE. La Comisión, por su parte, entiende que el Plan Juncker financiará proyectos de Connecting Europe Facility y «Horizonte 2020», compensando la merma de estas partidas, al tiempo que el esquema gradual que propone el Parlamento Europeo resta credibilidad al fondo de garantía frente a los inversores privados, de quienes se espera una participación sustantiva para alcanzar una inversión global de 315.000 millones de euros.

Quizás lo que el Parlamento pierde de vista es que al centrar su capital político en la preservación de las partidas presupuestarias citadas, por legítimo que sea, se desvanece la oportunidad de tratar de derogar el artículo 17.2 del Reglamento 966/2012, lo que daría al FEIE una sólida base legal al tiempo que se elimina un injustificado obstáculo para la emisión de deuda pública europea, o de fijar contribuciones nacionales obligatorias al FEIE, elementos todos ellos que habrían reforzado su posición negociadora respecto del Consejo. En cambio, es difícil creer que la defensa de estas dos partidas de inversión, por importantes que sean, suponga una verdadera línea roja, es decir, que el Parlamento esté dispuesto a tumbar el Plan Juncker si no se altera el esquema de financiación más arriba descrito.