El capitalismo ha cumplido una etapa. Ha conseguido subir a la cumbre del liberalismo -despojándose poco a poco de las ataduras de la política y dejando a los Estados bajo mínimos- y una vez que ha llegado a la cima, se ha desplomado. El sistema no se sustentaba sobre la sólida base de una economía productiva, sino sobre un castillo de naipes construido encima del tapete verde de un gran casino -el juego de la Bolsa: de Wall Street a Tokio pasando por la City-. Mucho papel para poco producto. Los “creativos” de la economía de mercado se han hartado de vender humo, hasta que las subidas exageradas de los precios han provocado que explote la burbuja.

Todo comenzó hace un año en Estados Unidos con la crisis de la hipotecas basura. La incapaz Administración Bush -un Gobierno ultraliberal penetrado por variopintos intereses económicos de grandes empresas transnacionales- lleva un año intentando hacer frente a una crisis provocada por la voracidad sin límites de los especuladores, sus especuladores. El penúltimo capítulo ha sido dramático: mientras los Congresistas estadounidenses se peleaban en el Capitolio con un ojo puesto en los votantes y el otro en la cartera, los planes de Bush para “salvar” el sistema hacían agua, porque su receta principal no era otra que la de socializar las pérdidas. Se pretendió tapar el agujero sin ofrecer contrapartidas a cambio. Aunque parece que el Senado, finalmente aprobó el Plan con algunas modificaciones -relativas a los tributos- que ya se irán conociendo. Y aquí, en este punto, es en el que está la mayor fricción. Es el lugar exacto en el que entra en juego la política, necesaria para poner orden a tanto desatino.

Hay que reivindicar el poder de la política. La de verdad, la que se hace pensando en el interés de la gran mayoría de los ciudadanos. Y quiero hablar de ciudadanos, no de votantes, contribuyentes o clientes, porque el término ciudadano hace referencia a sujetos plenos de derechos y deberes, a los que no se puede despachar de cualquier manera porque están amparados por una legislación, que al menos sobre el papel, es la misma para todos. No parece lógico que los accionistas de las empresas cobren sus “paracaídas de oro” -además de haberse embolsado millonadas con sus juegos especulativos, porque el dinero debe estar en alguna parte y estos especuladores no pueden quedar impunes- con el dinero de todos y los ciudadanos que tienen una hipoteca sobre un inmueble sobrevalorado, que no pueden pagar, se queden en la calle, sin dinero, sin casa y algunos incluso sin empleo.

Para que la economía vuelva a funcionar serían necesarias medidas de inversión pública y tomar decisiones políticas de regularizaciones de los mercados, con normativas de control público, estableciendo tasas a los movimientos de los capitales y terminando con los paraísos fiscales. Si embargo, se habla, por ejemplo, del valor real de las viviendas con hipotecas basuras -origen de la crisis hace un año-, de si se estabilizará su precio o no, de cuándo el mercado volverá a regular las cosas de nuevo… y cabe preguntarse: ¿No se ha aprendido nada? ¿Desde cuando el mercado se autorregula? ¿Por qué no se han fijado ya nuevos precios ajustados para estas viviendas desde alguna instancia pública? ¿Por qué no se garantiza con fondos públicos a todos esos ciudadanos que no van a perder sus casas, en lugar de reflotar empresas sin poner antes los medios para evitar que se pueda volver a repetir el juego del “mercado”?

Mientras esto sucede en Estados Unidos, la crisis se contagia a Europa. Estamos a tiempo de comprobar si en el viejo Continente se ama la política. Muchos ciudadanos europeos pensamos que el sistema público no se ha desmantelado del todo y se puede recuperar lo desandado con voluntad política, y que, a pesar de lo que ha llovido, la Vieja Europa todavía recuerda que la socialdemocracia puso en marcha un modelo de convivencia mucho más democrático que el del otro lado del atlántico. Un modelo basado en fuerte inversión pública, con servicios de salud, educación, pensiones, servicios sociales, seguro de desempleo, regulación de las jornadas laborales, control público de los mercados, con una organización tributaria redistributiva, un sistema en fin, en el que los intereses de los ciudadanos estaban por encima de los del mercado, porque se llegó a un pacto entre el capital y el trabajo. Sería necesario que el poder de la política forzara al capital a retomar el pacto, porque como se puede apreciar, por lo que está sucediendo, la ausencia de normas, de regulaciones y controles y de excesiva libertad del capital llevan a un caos sin precedentes y de difícil salida.

Estos treinta años de liberalismo globalizado han alumbrado un mundo con más pobreza, más desigualdades, más contaminado y con valores éticos de supremacía del individuo que se tornan antisociales cuando cada ciudadano se encuentra en la tesitura de defender su bocado.

Pero me pregunto dónde se encuentra la izquierda europea, por qué no reclama el poder de la voluntad política, por qué no elabora alternativas al liberalismo globalizado, por qué no defiende de forma contundente los principios y los logros de tantos años de experiencia democrática. ¿Acaso ha sucumbido también a la anestesia de la sociedad de consumo? ¿Permitirá la izquierda europea que los nuevos bonapartistas nos marquen el camino? O, por el contrario, ¿será capaz de volver a trazar un horizonte social en el que la solidaridad, la justicia, la democracia y la redistribución de la riqueza continúen siendo esos principios que conduzcan a un mundo mejor?