La amenaza de la corrupción contiene al menos tres efectos altamente destructivos. En primera instancia carcome la funcionalidad de las instituciones públicas y traiciona el interés general.

Estamos acostumbrados a valorar la repercusión de un comportamiento corrupto en las administraciones en función del soborno recibido por el responsable político o el funcionario implicado. Más allá, sin embargo, del dinero, los trajes o los “jaguar” entregados a modo de cohecho, debe importarnos saber que la obra contratada o el servicio entregado en concesión no van a desarrollarse conforme al interés común.

Las obras y los servicios encargados bajo soborno serán ejecutados por las empresas indebidas, porque la firma que reúne las condiciones para hacer bien su trabajo no tiene que recurrir generalmente a tales comportamientos. Por lo tanto, nos costará más y el resultado será peor.

Uno de los yacimientos más magros en este mundo siniestro ha sido durante muchos años el de las recalificaciones urbanísticas. Un simple trazo sobre un plano en el Ayuntamiento más perdido ha supuesto plusvalías multimillonarias muchos “emprendedores” ventajistas. Y nuevamente, más allá de la dimensión de las dádivas entregadas y recibidas, hemos de evaluar el precio de la corrupción en términos de burbuja inmobiliaria, encarecimiento de la vivienda, ocupación intensiva de suelo…

El segundo coste a valorar es el estrictamente económico. Los inversores serios huyen de los sistemas corruptos. Donde no hay transparencia, libre concurrencia e imperio de la ley no existe un marco seguro y rentable para las grandes inversiones. Cuando predomina la corrupción, aparecen los especuladores y desaparecen las inversiones productivas.

Además, la consolidación de los comportamientos corruptos en la relación público-privada desincentiva los esfuerzos empresariales por mejorar productividad y competitividad. Si la contratación de una obra o la concesión de un servicio no dependen tanto de la capacidad de innovación o de calidad de la empresa, sino de la “cercanía” a quien la otorga, ¿para qué esforzarse? Con un buen “relaciones públicas”, al que “quiera un huevo” el responsable político de turno, es suficiente.

El precio de la corrupción es especialmente corrosivo en relación a la legitimidad y el crédito de las instituciones democráticas entre los ciudadanos. Cuando las noticias sobre estos comportamientos reprochables se reiteran en determinados territorios, como está ocurriendo en Madrid, en Valencia y en Murcia, se producen dos fenómenos a cual más preocupante.

Unos ciudadanos reaccionan engrosando la abstención, descreídos del compromiso político con el interés general, convencidos de la generalizada falta de honestidad en la “clase política”, y absolutamente escépticos con la posibilidad de que sujetos de tal calaña puedan solucionar alguno de sus problemas.

Otros recalan en la resignación, dando por hecho que “todos son iguales” y votando con los dedos en la nariz a quien parece ya hastiado de robar, a quien se muestra proclive a dedicar al menos una parte residual de su tiempo a la cuestión común o, peor aún, a quien puede hacerles partícipes del botín, aunque sea en grado ínfimo.

Preocupa, en consecuencia, que los análisis sobre la corrupción se ciñan en general a valorar comportamientos individuales o a determinar los costes políticos y electorales que habrá de enfrentar tal partido o tal líder. La corrupción es la carcoma en los cimientos de nuestro sistema de convivencia. O la enfrentamos con determinación, o nos destruirá.

La respuesta no debe ser, a mi juicio, una nueva reforma legal. Ya existe marco legal suficiente para actuar contra el cohecho. Los “endurecimientos” del código penal al calor de titulares de periódico suelen servir tan solo para proyectar imágenes políticamente correctas y para narcotizar conciencias. La contestación debe ser política, en forma de compromiso firme y enérgico por parte de todas las instituciones y partidos de prevenir, vigilar, perseguir y expulsar a quienes se corrompan. Sin más cálculos orgánicos, mediáticos o electorales.

Mientras fui responsable del Partido Socialista de Madrid tuve que requerir la expulsión de hasta cuatro alcaldes de mi organización. El coste fue grande. Aún hoy el PSOE no gobierna en ninguna de esas cuatro ciudades. Sin embargo, los ciudadanos saben que la corrupción se denunció y se atajó. Creo que mereció la pena.