Los jueces y el funcionamiento en general de la administración judicial no cabe duda que nunca han recibido un buen trato por los medios de comunicación. No hay mañana sin que los ciudadanos se desayunen con algún «escándalo» judicial, con la noticia de algún que otro juzgado «empantanado» o de cierta resolución judicial «descabellada». Y, sin embargo, así son y tienen que ser las cosas: la noticia no puede ser jamás que nuestros juzgados y tribunales resuelven cada año millones de asuntos de los ciudadanos y que del servicio que presta nuestra denostada administración de justicia vivan miles de profesionales. ¿Hasta dónde se puede llegar con ese escrutinio diario al trabajo judicial? No se puede negar que existan muy graves deficiencias, que llevemos décadas de retraso en la introducción de las tecnologías en las oficinas judiciales y que el vigente sistema para el acceso a la judicatura esté absolutamente desfasado. Un sistema que, en efecto, sigue estando basado exclusivamente en las pruebas consistentes en exposición memorística, durante un estricto tiempo tasado, de unas lecciones de Derecho. Un sistema que, por tanto, necesita urgentemente ser erradicado. Y no solo porque no se puede seguir tolerando por más tiempo que de esta forma se determine uno de los poderes del Estado, sino, sobre todo, para que la función judicial pueda ser atractiva a todos los ciudadanos en condiciones de igualdad, mérito y capacidad.

De ahí que sin desconocer la lamentable realidad de nuestra modelo judicial no se pueden confundir las cosas para caer en la tentación de poner en cuestión la legitimidad misma de los jueces en el Estado democrático. El principio informador sobre el que se asienta el poder judicial es el sometimiento exclusivo de los jueces a la Ley: “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”, dice literalmente el artículo 117 de la Constitución. Por consiguiente, en esta sujeción al imperio de la ley, de la ley elaborada por las Cortes generales en donde está representado el pueblo espalo, es lo que asegura la legitimidad democrática del poder judicial en nuestro ordenamiento constitucional. De tal manera que los jueces quedan siempre sometidos a esa decisión de la voluntad general que se expresa en forma de ley y sobre la que los jueces no pueden actuar con el mismo criterio de oportunidad que lo hacen los diputados y senadores que la aprueban, puesto que los jueces actúan en cambio sólo a partir del criterio de legalidad. Cuando el juez, en particular por el anacronismo de la figura del instructor, se aparta de esa estrecha vinculación a la legalidad para adentrarse en el terreno de la especulación bien por impericia o por venalidad, no sólo puede incurrir en una conducta prevaricadora, o al menos gravemente equivocada, sino que también el juez pierde su legitimidad democrática.

En definitiva, entre las muchas cosas que están todavía pendientes en la puesta en marcha de una nueva organización judicial del siglo XXI en España, sin duda una la más urgentes son las oportunas medidas legislativas, ejecutivas y presupuestarias destinadas a reformar de raíz el acceso a la función judicial. Entre la apelación al corporativismo o al descrédito, hay que encontrar entre todos los responsables políticos y judiciales el espacio donde ofrecer a los ciudadanos la solución a este problema judicial tan español y que nos sigue «diferenciando» tanto en Europa y en el resto del mundo.