Para superar esta falta de sensibilidad y realismo social, el sindicalismo internacional- además de diversos organismos supranacionales- viene impulsando la celebración de jornadas anuales para recordar al mundo que millones de personas sufren injustamente las consecuencias brutales de una crisis que no han creado y mucho menos comprenden. Con este motivo se celebró en el mes de agosto el Día Internacional de la Juventud y el pasado 7 de octubre la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, donde se ha denunciado con datos la dramática situación del desempleo de los jóvenes en el mundo y las consecuencias para su futuro (“Juventud sin empleo, sociedad sin futuro”).

Tanto la OIT como el manifiesto conjunto de los sindicatos, elaborado para este fin, han denunciado que los jóvenes tienen tres veces más posibilidades de quedarse en paro que los adultos y que más de 75 millones de jóvenes en el mundo se afanan en buscar un empleo a partir de una situación insostenible muy condicionada por el paro, la precariedad y la pobreza.

En España, según la EPA del II trimestre, la situación resulta incluso más alarmante: la tasa de desempleo para los jóvenes menores de 25 años alcanza el 58% y un 44,1% para los menores de 35 años (2.580.000 desempleados). Todo ello se debe principalmente a las medidas de recorte para reducir el déficit -que están deteriorando los servicios públicos básicos- y al empeoramiento de las condiciones laborales a partir de la nefasta reforma laboral, así como al boicot de los empresarios a la negociación colectiva y al ataque que están sufriendo los sindicatos encaminado a debilitar su acción sindical.

El Gobierno no ha presentado otra alternativa al desempleo que la reforma laboral; sin embargo, su campaña mediática, junto a la derecha económica y los empresarios, ha fracasado estrepitosamente. Ya nadie confía en que sirva para crear empleo y, en cambio, todo el mundo está convencido de que está resultando un instrumento contundente y eficaz (una auténtica estafa) en manos de las Administraciones Públicas y de los empresarios para despedir fácil y barato, reducir los salarios, aumentar la precariedad -particularmente de los jóvenes con periodo de prueba de un año- y fortalecer el poder de los empresarios en los centros de trabajo (indefensión del trabajador), lo que mejora su correlación de fuerzas en relación con los sindicatos. La situación ha llegado tan lejos que, incluso, los empresarios más razonables se han asustado al recibir del Gobierno -en sentido figurado- un “arma mortífera” (reforma laboral) que no se atreven a utilizar por medio a las consecuencias negativas que pudiera tener para el funcionamiento de su propia empresa. En todo caso, lo más grave de la reforma laboral serán sus efectos a largo plazo que producirán daños irreparables en el diálogo social y en la negociación colectiva, además de generar la pérdida de derechos laborales y sociales y una mayor inestabilidad laboral y social. No menos preocupante resulta la apuesta que ello representa por un modelo productivo obsoleto basado en el empleo intensivo de la fuerza del trabajo, para ser más competitivo en un entorno globalizado, lejos de la modernidad y de la capacitación que tienen nuestros jóvenes.

Las políticas de recortes están empeorando la situación, a pesar de la insistencia del Gobierno de que terminarán por resolver el problema del paro; por el contrario, están generando más desempleo y están afectando particularmente a los jóvenes en el plano económico y social. En lo económico, los jóvenes están perdiendo poder adquisitivo por los bajos salarios y la subida del IVA, al impactar negativamente en los servicios básicos, así como en las familias con hijos en edad escolar y en los estudiantes universitarios. Por otra parte, debemos recordar que los presupuestos vigentes para este año reducen el 67,88% la partida dedicada a la modernización de los servicios públicos de empleo; el 25,99% en la formación para desempleados; un 32,99% en la formación para ocupados; un 36,73% en los programas relacionados con las escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo; y un 52% en autoempleo y creación de empresas.

En lo social, se produce un incremento de las tasas universitarias en un 66% y la matrícula de formación profesional ha pasado de ser gratuita a 250 euros; lo mismo podemos decir de la matrícula de educación infantil que se ha incrementado un 175%, lo que repercutirá muy negativamente en la escuela pública y encarecerá la educación y, por lo tanto, generará incertidumbre en el futuro de nuestros jóvenes (los PGE-2013 ahondarán en estas medidas). Todo ello, además, resultará demoledor a la hora de configurar carreras profesionales completas. Los fondos complementarios de pensiones (propuestos por el sistema financiero) no arreglarán este desaguisado, porque los jóvenes ni siquiera tienen dinero para aportar una pequeña cantidad a dichos fondos.

Por eso, no resulta extraño que los jóvenes estén teniendo serios problemas para alcanzar su autonomía e independencia económica y familiar, lo que está retrasando considerablemente su emancipación, como señala UGT: el 18,7% de los jóvenes ocupados de 30 a 34 años y el 43,9% de los de 25 a 29 años no se han independizado todavía.

La negociación colectiva -el fundamento de la acción sindical- también ha sufrido con la reforma laboral un golpe durísimo. Los empresarios, al amparo de la crisis y de la reforma, están mostrando un nulo interés en revisar los convenios y mucho menos en negociar convenios nuevos. Como consecuencia, ha caído la firma de convenios a mínimos históricos y los que se terminan firmando contemplan incrementos ridículos (con fuerte pérdida del poder adquisitivo) y sin cláusula de revisión salarial o con una cláusula más teórica que real en cuanto al mantenimiento del poder adquisitivo, como denuncian los sindicatos: 0,7% de incremento salarial en los nuevos convenios y cláusula de revisión en sólo el 27% de los convenios firmados hasta septiembre.

Esta realidad perjudica sobre todo a los jóvenes que aspiran a incorporarse al mercado de trabajo por primera vez. Está demostrado que con mayor nivel de cobertura de la negociación colectiva la desigualdad de rentas disminuye y, por el contrario, cuanto menor es la cobertura -como ocurre en estos momentos en España- mayor es la desigualdad. También está demostrado que un mayor grado de centralización de la negociación (con los sindicatos) reduce la caída de los salarios, mientras que la descentralización (negociación individual) produce una mayor desigualdad de las rentas salariales y un empeoramiento de las condiciones laborales en los centros de trabajo.

Esta circunstancia tiene relación directa con el ataque sistemático de la derecha neoliberal (por lo tanto, también del gobierno) a los sindicatos y, desde luego, al diálogo social y a la negociación colectiva. Ello sólo resulta comprensible desde una ideología que sitúa a los sindicatos como el último baluarte de la izquierda en defender activamente el Estado de Bienestar Social y en profundizar la democracia y que, como consecuencia, hay que combatirlos.

El ataque no sólo se produce reduciendo el número de liberados o recortando las ayudas a la formación. El Gobierno ha roto unilateralmente el diálogo social y, por lo tanto, todo tipo de consultas o negociación en torno a los funcionarios, trabajadores de las empresas públicas, pensionistas, SMI, políticas de empleo, legislación laboral…, bajo el paraguas de su mayoría absoluta (que no mayoría social) en el Parlamento. Ha roto un modelo de convivencia pactado en la Transición, lo que está generando pérdidas de derechos y una singular inestabilidad social a través de movimientos sociales desconocidos hasta ahora en España. Lo peor es que nadie sabe a dónde nos conduce esta aventura ideológica de la derecha política al servicio de los intereses financieros. Por eso, no nos debe extrañar el lamentable papel de colaboración con el Gobierno que está jugando la CEOE, en plena crisis económica y social, ya que los empresarios son los grandes receptores de las transferencias de renta del trabajo al capital que se está produciendo en la actualidad; sin asumir, además, su cuota de responsabilidad en la moderación de los beneficios empresariales para contener el descontrol de precios.

Por lo tanto, resulta urgente e imprescindible dar una respuesta a nuestro principal problema económico y social: el paro, sobre todo el juvenil. La única salida que se ofrece a los jóvenes es la salida al exterior (el saldo migratorio refleja actualmente más salidas que entradas en España); lo que no deja de ser un despilfarro económico y de talentos (hemos gastado mucho dinero público en formar a los jóvenes) que puede poner en entredicho nuestro futuro (se van nuestros mejores cuadros y no es seguro que vuelvan). Por eso, no podemos aceptar sin más el discurso del gobierno: “el principal objetivo es el déficit”; sobre todo cuando las recetas para combatirlo no están dando resultados y nos adentran en una recesión continuada y en un alto y duradero desempleo (no se espera recuperar los porcentajes de paro del año 2007 antes del 2022).

Rajoy debe aceptar su responsabilidad y recordar sus promesas electorales que hablaban de crear millones de puestos de trabajo y reconocer que el problema más grave y urgente es el desempleo de los jóvenes; debe asumir, también, que resolver el problema del paro resulta inevitable para reducir el déficit y la deuda e, incluso, para garantizar el equilibrio de las cuentas de la seguridad social.

En coherencia con ello, el Gobierno debe denunciar, con determinación, en la UE, que España (en los plazos establecidos) no puede pagar su deuda con la actual prima de riesgo y mucho menos con el creciente desempleo (sobre todo el de los jóvenes); tampoco con la actual política fiscal, el elevado nivel de economía sumergida y el frágil sistema financiero hipotecado por el ladrillo. En segundo lugar, debe dialogar con la oposición y con los sindicatos, interesados en contrastar y hacer valer sus alternativas para salir de la crisis con el menor costo social posible. La mayoría absoluta en las urnas nunca debe ser un inconveniente para acordar políticas de Estado y defenderlas unidos en la UE: entre éstas destaca consensuar las políticas más adecuadas para reactivar la economía, la mejor manera de que los jóvenes encuentren un puesto de trabajo. La alternativa a esta política es conocida: ineficacia económica y desigualdad social. Ello explica y justifica el creciente malestar social, las protestas y las movilizaciones.