En coherencia con ello, el gobierno, suscribiendo esta política, ha presentado un paquete de medidas en el parlamento, sin precedentes en democracia, que han sorprendido por su dureza (afectan en sentido negativo en torno a 8 millones de familias) y por resultar incoherentes, cuando no contradictorias, con las políticas y declaraciones que se venían haciendo hasta ahora, en base a la defensa de una política social favorable a los más débiles.
A pesar de ello, la ciudadanía en general ha terminado por asumir la gravedad de la situación y está dispuesta a aceptar la necesidad de hacer sacrificios, siempre que sean equitativos, para salir de la crisis. Por eso no acepta que el costo de la crisis lo paguen los más débiles y, por lo tanto, los que no son culpables de la generación de la misma: funcionarios públicos, pensionistas, personas dependientes Por el contrario, exigen que paguen más los que más tienen y sobre todo las empresas que siguen obteniendo beneficios y repartiendo dividendos escandalosos en medio de la crisis- además de los altos ejecutivos con sueldos millonarios (megasalarios)-, como se viene reflejando en los medios de comunicación en los últimos días. Entre las empresas destacan los grandes bancos que recibieron el apoyo del gobierno como respuesta a la crisis y se aprovecharon- en una etapa de fuerte crecimiento de la economía- de la especulación del ladrillo, con la permisividad del Banco de España.
Por eso, alternativamente, se viene planteando desde voces autorizadas de la izquierda una reforma de las administraciones públicas que reduzca drásticamente el gasto corriente: hay que gastar bien y no por inercia como se viene haciendo hasta ahora, fijando objetivos adecuados en un contexto de crisis, impulsando con ello una política del gasto público que sea un ejemplo de austeridad a todos los niveles. En todo caso, se puede reducir el gasto en mayor medida que lo vienen haciendo los diversos gobiernos (después de dos años de crisis no se percibe una política seria de austeridad en las administraciones públicas). Por ejemplo: en eventos y encuentros prescindibles; propaganda innecesaria de las actividades de las administraciones públicas; gastos suntuarios; reducir el número de asesores que proliferan en muchos niveles; revisar la política de subvenciones; replantearse los gastos militares; algunas televisiones autonómicas Por otra parte, hay que actuar sobre los ingresos con medidas encaminadas a un reparto más justo del costo de la crisis: recuperar el impuesto sobre el patrimonio, la persecución del fraude fiscal y de la economía sumergida, el impuesto sobre las transacciones bancarias, impuestos a los altos beneficios y dividendos empresariales, mayor tributación de las grandes fortunas refugiadas en las SICAV, y dotar de una mayor progresividad a los impuestos directos, entre otras medidas.
Otro asunto que se debate en estos momentos es la repercusión de las medidas en el crecimiento de la economía y por lo tanto en el empleo. Según todos los analistas- y el sentido común lo determina- las medidas van a penalizar sin remedio al consumo y a la inversión y por lo tanto al crecimiento de la economía y al empleo, lo que significa que con estos sacrificios no se va a reducir el paro; seguramente se va a incrementar. Debemos recordar que la recuperación del empleo resulta fundamental en términos sociales y también económicos. Sin la creación de empleo no habrá corrección del déficit y la deuda, y las cuentas de la seguridad social y la cobertura de desempleo se resentirán considerablemente. En definitiva, todo ello significará transferencias de renta del trabajo al capital y, por lo tanto, un mayor aumento de las desigualdades.
Estas medidas han sido rechazadas por los sindicatos y, lógicamente apoyadas, entre otros, por los empresarios. Los sindicatos protestan no sólo por los recortes sino por el procedimiento empleado. No se ha consultado con ellos, sino a toro pasado, y se ha incumplido el acuerdo de la función pública para tres años que contempla una fuerte moderación salarial y que fue firmado, en septiembre pasado, por la vicepresidenta primera del gobierno, lo que crea una importante inseguridad jurídica y legal, y por lo tanto desconfianza en los sindicatos sobre acuerdos posteriores. El llevar a los tribunales y al parlamento la rotura del acuerdo y la convocatoria de una huelga general en las administraciones públicas, para el 8 de junio, no es más que una respuesta moderada a la agresión que han sufrido los empleados públicos que vienen perdiendo poder adquisitivo desde hace años con el argumento de que tienen empleo fijo.
Al margen de la contestación en la función pública, los sindicatos están reflexionando sobre otras medidas contundentes y proporcionadas en la actual situación. En todo caso, la desconfianza se ha instalado en las relaciones entre el gobierno y los sindicatos y ello está marcando el desarrollo del diálogo social encaminado a una reforma laboral que, no hay que descartar, puede contemplar nuevos recortes a los derechos de los trabajadores como viene persiguiendo la CEOE (reducción de las cotizaciones a la seguridad social y facilitar y abaratar el despido, entre otras medidas), con el apoyo del Banco de España (según el Gobernador: con el recorte no vale, hace falta la reforma laboral), si son aceptados finalmente por el gobierno, ante un posible desacuerdo con los sindicatos.
El problema no ha hecho más que empezar y se puede agravar en los próximos meses, porque se esperan nuevas exigencias y recortes si nadie lo remedia: por ejemplo, la congelación del SMI y la reducción de diversas partidas de gasto social (desempleo) y de inversión en el próximo debate presupuestario para el próximo año que está llamado a ser muy importante.
A ello hay que añadir la ruptura del consenso alcanzado en el Pacto de Toledo- vigente desde hace 15 años- congelando las pensiones que tienen garantizadas por ley el mantenimiento del poder adquisitivo y que nada tienen que ver con el déficit y la deuda. El año pasado las cuentas de la seguridad social tuvieron beneficios (8.500 millones de euros) y el fondo de reserva alcanza en la actualidad la cifra de 62.000 millones de euros, que está para ser utilizado en caso de emergencia; además, en estos momentos se trabaja para culminar la separación de las fuentes de financiación con el propósito de garantizar la autosuficiencia económica del sistema. Por lo tanto, no viene a cuento la congelación de las pensiones para contentar a los mercados perjudicando a los que menos tienen, sobre todo cuando además han contribuido con su aportación a las pensiones que cobran actualmente.
Por otra parte, las medidas del gobierno han creado además desasosiego en la izquierda sociológica y particularmente en el seno del propio partido socialista. En este caso, ello se explica, sobre todo, por el procedimiento adaptado para la toma de decisiones: reunión del núcleo duro en Moncloa y traslado de las decisiones tomadas al grupo parlamentario socialista y a la estructura partidaria para su ejecución y sin posible debate, lo que sitúa, una vez más, en muy mal lugar la democracia participativa del PSOE.
Estas consideraciones ya se discuten a fondo en la calle y todo indica que las medidas tomadas van a tener importantes repercusiones en los electores socialistas que todavía recuerdan el grito unánime de los jóvenes después del triunfo electoral del PSOE: Zapatero no nos falles. Las previsibles repercusiones serán negativas para el PSOE, comenzando por las próximas elecciones en Cataluña, después por las elecciones municipales, y finalmente por las elecciones generales, a pesar del comportamiento lamentable de la oposición (PP): escándalos de corrupción, falta de alternativas, oportunismo político, nulo compromiso para salir de la crisis
La democracia, una vez más, se ha supeditado a las leyes del mercado; a los poderosos, a los que más tienen. Ha ganado el mercado al Estado- cuando hace poco tiempo el Estado salvó al mercado- y los ciudadanos se preguntan dónde están las diferencias entre izquierda y derecha, dónde está el Partido Socialista Europeo, la Internacional Socialista, y la socialdemocracia en la actualidad, que si destacan por algo es sólo por su estruendoso silencio (desarme ideológico). Salvo el tibio ejemplo de Portugal, que además contempla un acuerdo entre el gobierno y oposición, los gobiernos de la UE están llevando a la práctica las mismas medidas al margen del color del gobierno. Como consecuencia, la desilusión está aumentando, y se une así a la desconfianza y a la falta de credibilidad de la clase política. En definitiva, el problema económico se ha convertido en un problema social y, después de las medidas tomadas y de las declaraciones que se vienen haciendo, algunas contradictorias, en un problema político de primera magnitud. Como dice un refrán castizo; para ese viaje no se necesitan alforjas.
