En junio de 2015, coincidiendo con la reunión del Consejo Europeo, se conocerá el llamado informe de los cinco presidentes de las principales instituciones europeas sobre la profundización del proceso de integración en la Eurozona, como continuación de una primera nota aparecida en 2012 y cuyo programa no ha sido implementado salvo en lo que respecta a la Unión Bancaria.

Así, se han venido proponiendo como complemento necesario de la Unión Monetaria la unión fiscal, la unión financiera e incluso la unión política, aunque no siempre haya quedado claro cómo se concretan estas ideas. El debate sobre la integración reforzada en la zona del Euro es el resultado directo de la crisis financiera que se inicia en el verano de 2007, la cual puso de relieve que los Estados miembros que han adoptado la moneda única no disponen de un mecanismo colectivo de tipo fiscal o presupuestario para hacer frente a los llamados choques macroeconómicos asimétricos. Es decir, en una misma zona monetaria se puede producir una crisis económica que afecta algunos países pero no al conjunto. En tal supuesto, y careciéndose del mecanismo de la devaluación monetaria, así como de una política federal de gasto público que suavice el ciclo económico en los Estados que sufren la recesión, solo queda, en principio, la salida del ajuste de los costes laborales para recuperar competitividad.

Digo en principio porque también cabe una política coordinada de expansión de la demanda si se cuenta con el apoyo del Banco Central Europeo (no fue el caso hasta el verano de 2012) y si se libera a los Estados miembros en la cuestión de la camisa de fuerza del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el cual limita estrictamente la deuda y los déficits públicos (estas normas se han flexibilizado en parte solamente en enero de 2015, y tras varios ajustes de tuerca como el Tratado de Estabilidad, Gobernanza y Coordinación que limita el déficit público estructural, y varios reglamentos y directivas específicamente dirigidos a reforzar la supervisión fiscal de los Estados miembros de la Eurozona).

En cualquier caso la mayoría de los economistas y expertos coinciden en que la unión monetaria debe dotarse de un instrumento fiscal contra-cíclico, ya sea un fondo de inversión o un seguro de desempleo, o ambos. Comoquiera que no todos los Estados Miembros han adoptado la moneda única, surge el problema de legitimidad democrática, es decir, quien decide cómo se recauda y cómo se gasta el presupuesto de la Eurozona, ya que no existe un parlamento ni un gobierno del euro. Varias son las soluciones que se proponen, desde excluir a los parlamentarios europeos de los países que no forman parte de la Unión Monetaria de las decisiones sobre la unión fiscal, lo que es complejo y en cualquier caso requiere una reforma de los Tratados, a crear un parlamento de la Eurozona compuesto por parlamentarios nacionales (al ser los parlamentos nacionales los que tienen la mayoría de las competencias sobre fiscalidad), lo que también requiere o una reforma de los Tratados o bien la firma de uno nuevo entre los Estados del euro.

Sin embargo, existe un camino alternativo que no requiere la azarosa creación de nuevas instituciones propias de los diecinueve, habida cuenta de que el Parlamento Europeo es ya en su gran mayoría el parlamento del euro, y de que no se prevén nuevas ampliaciones de la Unión Europea en la legislatura 2014-2019. La tercera vía consiste en acelerar la adhesión al euro de aquellos Estados miembros que tienen la obligación legal de adoptar la moneda única, de modo que se resuelve o al menos se reduce la asimetría que genera el problema de la legitimidad política de la unión fiscal. La mayoría de los países que han retrasado su entrada en el euro, aun cumpliendo o estando muy cerca de cumplir los criterios de convergencia, lo han hecho como consecuencia de la incertidumbre generada por la crisis de confianza en algunas emisiones de deuda pública denominadas en la moneda única entre 2010 y 2012, hoy superada por la acertada política del Banco Central Europeo. Por tanto, es el momento adecuado para que el Consejo Europeo lance una iniciativa política de calado para que los siete Estados miembros restantes (Dinamarca y el Reino Unido no tienen obligación legal de sumarse) se adhieran antes del 2020.