Los presuntos responsables fueron llevados a juicio en 1988 y algunos de ellos condenados a penas de prisión, pero no hicieron frente a las indemnizaciones y otros gastos consecuencia del envenenamiento masivo. Los perjudicados, aun cuando habían sido resarcidos en parte, siguieron pleiteando, hasta que en el año 2006 se dio por terminado el proceso judicial con una nueva liquidación indemnizatoria, siendo el importe total de las indemnizaciones a cargo del Estado de 2.374 millones de €.

El fenómeno de las participaciones preferentes guarda muchas similitudes con el del síndrome tóxico, si bien los perjuicios son económicos y no sobre la salud, por el momento. Muchas personas, con ahorros escasos generados durante toda su vida compraron, no en mercadillos sino en Cajas de Ahorro en algún caso centenarias, un producto financiero tóxico, las participaciones preferentes. Estos títulos se habían creado para resolver el déficit de recursos propios de esas entidades y no eran en absoluto adecuados para los clientes que finalmente las adquirieron aconsejados por los empleados de las Cajas. Y este proceso tuvo lugar ante la mirada de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, del Banco de España y de los Gobiernos de turno, sin que nadie hiciera nada para parar este fenómeno.

Ahora resulta que las preferentes no se pueden convertir en dinero en efectivo, como los vendedores habían asegurado que se podría hacer en cualquier momento, por lo que muchos compradores están ya pasando graves apuros económicos. Pero además, según los medios de comunicación, lo mejor que les puede pasar a los inversores en preferentes es recuperar un 60 % de lo que pagaron, y además en títulos de dudosa liquidez. Y esto, se dice debido a las exigencias de la Unión Europea, que según ellos, quiere castigar a nuestros jubilados por su avaricia. La de los jubilados, claro.

Yo recomiendo a los tenedores de preferentes que cojan ahora lo que puedan y que ellos, o sus herederos, sigan pleiteando en los tribunales y luchando políticamente por recuperar el 100 % de lo que invirtieron, más los intereses correspondientes, así como una indemnización por las zozobras y disgustos que están padeciendo. Y no es excusa decir que el resto de los españoles no deben asumir los costes de estas reparaciones, porque la deficiente actuación de los Órganos políticos y administrativos ha sido lo que ha propiciado esta penosa situación.