Estas nuevas medidas suponen un cambio de las reglas de juego, que puede poner en riesgo la reestructuración en marcha y las medidas relativas al empleo que están siendo acordadas en dicho proceso. De manera discrecional, el Gobierno sitúa en el sector un tratamiento asimétrico de los criterios contables recogidos en los acuerdos Basilea III, provocando en el corto y medio plazo consecuencias contrarias a las que aducen como justificación el Gobierno y el supervisor:

– En primer lugar, se provoca una distorsión de la competencia a dos niveles distintos. Por una parte entre las empresas cotizadas y las no cotizadas dentro del mercado doméstico, y por otra parte entre todas las empresas financieras españolas en relación con sus competidoras dentro del mercado europeo. La anticipación en el tiempo de las nuevas exigencias y el endurecimiento de las condiciones de capitalización van a afectar de manera negativa al desarrollo del negocio de nuestras entidades y a sus cuentas de resultados.

– Una segunda consecuencia, que afecta de manera directa a la necesaria recuperación económica de nuestro país, tiene que ver con la restricción del crédito circulante que vendrá inferida por las necesidades de capitalización sobre los activos totales medios, que además comportará una menor rentabilidad cuando se compare con otros operadores.

– Por último, el aplazamiento en el tiempo, hasta el mes de septiembre, para que el Banco de España determine las necesidades de capital para cada empresa, provoca incertidumbre sobre todo el sector independientemente de los niveles de solvencia. Afectará a la baja al valor de las empresas cotizadas, como preámbulo para valorar las empresas que se crearán, fruto del proceso de bancarización en primer término de las cajas de ahorros. Esto hará más vulnerables a todas las entidades, a las que ahora cotizan y a las que de manera forzada, masiva y precipitada lo tendrán que hacer.

El resumen es, que todo el sector financiero está viviendo un proceso de debilidad inducida de manera discrecional por el Gobierno, añadido a la situación que se deriva de la falta de reconocimiento a tiempo de la crisis por parte de este mismo Gobierno y a la dejación de responsabilidades del Banco de España en su vertiente supervisora. Esta nueva debilidad responde únicamente a decisiones de carácter administrativo sin diferenciar las distintas situaciones de solvencia que se viven dentro del sector financiero español. Todo ello para encubrir un ataque directo a la actual configuración de las Cajas de Ahorro (naturaleza jurídica y modelo social) con el objetivo de hacerlas desaparecer como agentes financieros dentro del mercado, y con ello también la función social que las caracteriza.

Las necesidades reales del sector financiero: transparencia, saneamiento y necesidades de capitalización

Conscientes de las necesidades del sector, hay que continuar con el proceso iniciado por las entidades financieras que se traduce en:

1) Trasparentar en los balances la incidencia de los activos dañados.

2) Proceder al saneamiento total de los balances.

3) Establecer las necesidades de capitalización de aquellas entidades afectadas por el deterioro actual de sus activos.

En este proceso las entidades del sector quedarán agrupadas en tres segmentos distintos, que tienen que tener tratamientos diferenciados desde la evaluación de sus necesidades de capital:

A) Empresas que cumplen con los requisitos de solvencia actuales y con las recomendaciones de los Acuerdos de Basilea III. No es necesario someter a estas entidades a las presiones derivadas de la anticipación en el tiempo de los nuevos requisitos de solvencia.

B) Para las empresas que cumplen con los requisitos actuales, pero necesitan capitalizarse de cara a cumplir con Basilea III, es necesario enfocar con racionalidad los posibles procesos de integración, solventar en su caso las deficiencias de gestión y garantizar en el tiempo el acceso a los mercados, de tal manera que tanto las emisiones de capital como una posible venta de activos no queden a merced de los especuladores a precios de saldo.

C) Para aquellas entidades que hoy ya no cumplen con los requisitos actuales de solvencia, hay que acelerar los posibles procesos de integración y/o instrumentos de capitalización, depurando las responsabilidades de gestión que sean encontradas y llegando a la intervención si fuera necesario. Este grupo es el que tiene la urgencia y sobre él hay que actuar para disipar el problema.

Nos reafirmamos, ante este escenario de cambios acelerados e inducidos, en las prioridades que nuestro sindicato ha venido defendiendo desde el comienzo de la crisis financiera:

• La defensa del empleo y las condiciones laborales de las plantillas del sector financiero, para lo que desde COMFIA-CCOO seguiremos intentando orientar el proceso para proteger a las personas, tanto en la negociación de los convenios colectivos del sector cuya negociación se inicia en 2011 como a través de los protocolos de empleo y acuerdos laborales en los procesos de reestructuración, como hemos venido haciendo durante 2010 con la firma de mas de una veintena de acuerdos laborales en otros tantos procesos.

• La viabilidad del conjunto del sistema basada en empresas solventes, eficientes y rentables

• La apuesta por empresas socialmente responsables que en estos momentos sean capaces de dotar, en primer lugar, de crédito a la economía, siendo particularmente exigible a las cajas de ahorros. Éstas deberían seguir manteniendo su modelo social, esto es, promover la inclusión financiera, distribuir parte de sus beneficios a través de la Obra Social y que la administración y el control de estas entidades, o de los bancos que creen para acceder a los mercados de capitales, lo sigan ejerciendo de manera mayoritaria sus órganos de gobierno.

Es exigible que el Gobierno modifique las medidas anunciadas ajustándolas al proceso de transparencia iniciado en el sector y adecuando su intensidad, y la urgencia de las mismas, a la situación real de cada empresa en relación con su solvencia. No es necesario poner bajo sospecha a todo el sector, no es necesario acabar con las Cajas de Ahorros ni con las Cooperativas de Crédito, y por el contrario es urgente actuar en determinados casos.

Está en juego un número indeterminado de empleos del sector financiero, que no pueden esperar hasta septiembre para empezar a despejar su futuro. Por otra parte la sociedad necesita que se active el crédito, sobre todo a PYMES y particulares, para afianzar el ritmo de crecimiento económico del que dependen: el Empleo con mayúsculas y con ello las bases que garantizan nuestro Estado del Bienestar.